Fue una simple frase, pero que bastó para generar extrema cautela en el mundo diplomático. El canciller Felipe Solá, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció de manera oficial que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea está supeditado al impacto que este tratado de libre comercio tenga sobre la industria argentina y a la opinión de los empresarios y trabajadores (entiéndase gremios).

Es, ni más ni menos, que el acuerdo más ambicioso que se negoció en toda la historia del bloque sudamericano, que crearía un acceso prácticamente sin barreras arancelarias a un mercado de bienes y servicios de 800 millones de consumidores y que representan casi una cuarte del PBI mundial.

Además, es uno de los máximos objetivos que persigue la gestión de Jair Bolsonaro. De hecho, en la comunicación que días atrás Solá mantuvo con su par brasileño, Ernesto Araújo, éste último le ratificó que la intención de su país es avanzar en la aprobación del acuerdo.

El pacto firmado por ambos bloques durante la gestión de Macri actualmente está en la etapa de traducción (en total son cerca de 25 idiomas) y luego vendrá la revisión final, antes de que el texto definitivo llegue al Congreso. Este período, estiman los expertos, podrá extenderse por un año más antes de que se vote y, de tener vía libre parlamentaria, luego deba ser ratificado por los jefes de Estado del Mercosur.

Sin embargo, la postura del Gobierno de Alberto Fernández, más preocupado hoy por garantizar los dólares que necesita la economía, reactivar la producción nacional, cuidar el empleo y proteger a los sectores más golpeados de la competencia importada (de manera "inteligente", aclaran cerca del ministro Kulfas), marca un norte que no coincide con la celeridad que busca imprimirle Brasil a la firma del TLC.

Es más, en muchas de sus intervenciones cuando todavía era candidato a ocupar la oficina principal del edificio emplazado entre Esmeralda y Arenales, Solá ya anticipaba que no se sentía cómodo con lo acordado por el macrismo.

Ya consumadas las elecciones y en un encuentro académico, Solá se ocupó de remarcar que iba a cuidar la relación con Brasil, "al margen de las miradas ideológicas". Pero cuando se lo consultó por el TLC entre ambos bloques, ahí las cosas se pusieron más ásperas: "Fue un acuerdo político y a las apuradas". "No se le consultó a nadie". "Nos están apurando. Más respecto con la economía argentina". "No queremos pelear con Europa, pero no nos pueden obligar a aprobarlo así".

No fue el único funcionario que, antes de ser Gobierno, criticó la naturaleza del acuerdo. Y, vale decirlo, tampoco fue el más duro con el resultado de la negociación.

Para los expertos, la grieta ideológica no es un argumento que, por sí solo, traiga como resultado un veto al pacto entre ambos bloques. Sin embargo, los analistas ven como un verdadero desafío para Alberto Fernández avanzar finalmente con el TLC Mercosur-UE y tener que salir a venderlo a las bases, cuando él mismo y otros referentes del kirchnerismo lo rechazaron en su momento.

El Presidente, cuando era candidato, aseguró vía Twitter: "No queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país. Pero sí queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino. Un acuerdo así no genera nada para festejar sino muchos motivos para preocuparnos".

Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue mucho más tajante: en su momento, tildó al TLC como una "tragedia".

Incluso, Máximo Kirchner, líder de la Cámpora, se encargó de aportar una visión algo cruda sobre la postura que esa fuerza tiene sobre lo recientemente firmado en Bruselas con la UE: "Es una avivada de los europeos, porque Argentina y Brasil tienen presidentes que ponen de rodillas a su pueblo".

Tras esta "resistencia" del ahora Gobierno, pocos ven posible avanzar con esta negociación sin antes realizarle profundos cambios.

Primero, la competitividad

"Lo hablamos con funcionarios y están muy preocupados", señaló una fuente empresaria que estuvo en varias reuniones con el equipo de Kulfas y con quien ocuparía la Secretaría de Industria, Ariel Schale.

Tan solo hace unos meses, cuando era director ejecutivo de Fundación ProTejer, quien hoy es el interlocutor entre industriales y el Gobierno, tenía una visión muy precisa sobre las diferencias de fuerzas entre la Argentina y Europa, básicamente por los problemas de competitividad sistémica con los que deben operar las compañías nacionales.

"Las empresas ya son competitivas. Podemos competirle a cualquier compañía de Europa. Tenemos niveles de eficiencia de clase mundial", aseguraba Schale, en diálogo con iProfesional, cuando estaba en el sector privado.

Sin embargo, el problema, advertía el experto, "surge cruzando la puerta de las industrias. Ahí aparece el costo argentino; las tarifas; las altas tasas de interés, de las más altas del mundo, y la presión fiscal".

En diálogo con iProfesional, Raúl Ochoa, consultor y analista internacional, coincidió con esta mirada: "La Argentina tiene un problema de competitividad sistémica muy difícil de solucionar. Es un problema nuestro que lógicamente demandaría más de un año en solucionar".

El experto agregó que temas como la libertad de acción que hoy tienen las provincias para aplicar Ingresos Brutos, en función de sus necesidades fiscales; o la existencia de un cepo por los próximos años, que evita que salgan dólares de la economía pero que también desalienta la entrada de inversiones, son algunas de las muchas medidas que ponen a las empresas argentinas en desigualdad de condiciones frente a las potencias europeas.

Ochoa sumó otra advertencia al referirse a las gestiones que está encarando el Gobierno para reactivar el sistema de Licencias No Automáticas, un instrumento que es aceptado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) pero únicamente por un tiempo determinado.

"Este organismo permite las LNA pero como una herramienta de control excepcional para que un sector industrial tenga cierto plazo para adecuarse y competir. No se pueden mantener por cinco o diez años y para múltiples sectores. Esto iría en contra de lo firmado con la Unión Europea", advierte.

Controversia por el Arancel Externo Común

Desde Cancillería informaron que Solá mantuvo una "extensa charla" con Ernesto Araújo, y se acordó "una línea directa entre ambos ministerios para políticas comunes en torno a las relaciones comerciales de los dos países".

Durante la charla, de una hora y media de duración, los cancilleres hablaron de un tema clave: las rebajas al Arancel Externo Común del Mercosur (AEC) que está impulsando Brasil y que es uno de los principales motivos de controversia.

Cabe destacar que Bolsonaro había intentado, a comienzos de diciembre y antes de que Macri dejara la Presidencia, avanzar con esta medida en una cumbre improvisada contrarreloj.

Si bien no pudo prosperar, las intenciones siguen firmes: Bolsonaro pretende reducir el Arancel Externo Común de un 35% al 12% para el caso de los autos y bajarlo de un 12% a un 4% para productos e insumos estratégicos, como acero o bienes de capital.

Este tema, junto con el futuro del acuerdo Mercosur-UE, va estar al tope de la agenda bilateral cuando Solá viaje a Brasil el 31 de enero. Allí, se discutirán las posibles rebajas al AEC "sector por sector" y en "consulta con los posibles afectados", advirtieron desde Cancillería. Es decir, que la negociación tendrá sus asperezas.

Un detalle no menor: quien también participó de la videoconferencia entre ambos cancilleres fue el futuro embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien desde hace días se viene empapando de los detalles de la relación bilateral.

Y, según advirtieron a iProfesional fuentes que tienen llegada al ex gobernador, Scioli "está preocupado por el tema aranceles".

"Daniel tiene una visión que está en línea con la de los industriales argentinos y que es diametralmente opuesta a la que tienen en Brasil. Y en esto también está incluido el acuerdo Mercosur-Unión Europea", agregaron, bajo estricto off the record.

De modo que la relación bilateral, que en los últimos días tuvo señales de distención, enfrentará un test ácido en un mes cuando, cara a cara, los funcionarios se sienten a negociar con intereses que, a priori, lucen contrapuestos.