Duracell, Energizer y Rayovac: alertan por riesgos ambientales por menos controles en pilas importadas
El Gobierno nacional desreguló el mercado de pilas en Argentina mediante una resolución que elimina controles y certificaciones locales previas. La medida impacta en un sector que mueve unas 200 millones de unidades al año.
La Resolución Conjunta 1/2026 fue publicada este viernes 5 de junio en el Boletín Oficial. Lleva las firmas de Daniel Scioli y Pablo Agustín Lavigne, titulares de las Secretarías de Turismo y Ambiente e Industria.
La norma reglamenta los cambios introducidos por el Decreto 431/2025. Ese decreto desreguló la importación, fabricación y ensamblado de pilas y baterías primarias con el objetivo de agilizar el comercio internacional y reducir costos burocráticos, indica el periodista Andrés Sanguinetti, en un artículo publicado en el sitio EconomiaSustentable.com.
Hasta ahora, las pilas debían atravesar un proceso de certificación y autorización previo para ingresar al mercado argentino. Esos ensayos técnicos debían ser realizados exclusivamente por entidades locales como el INTI.
El nuevo esquema traslada gran parte de la responsabilidad a fabricantes e importadores. Lo hace mediante declaraciones juradas y certificaciones emitidas en el exterior.
Qué cambió con el nuevo régimen de pilas
La resolución reconoce certificaciones técnicas emitidas en el exterior y elimina controles previos que hasta ahora exigían validaciones locales obligatorias, remarca la nota publicada en el sitio EconomiaSustentable.com
Los fabricantes, ensambladores e importadores ya no necesitarán repetir ensayos en organismos locales. Esto aplica cuando cuenten con certificaciones técnicas internacionales reconocidas por las autoridades argentinas.
Muchos productos debían pasar por procedimientos adicionales que generaban costos y demoras. Esto ocurría incluso cuando ya habían sido certificados en mercados como Estados Unidos, Europa o Asia.
Con el nuevo esquema, las empresas podrán respaldar el cumplimiento mediante declaraciones juradas. También mediante documentación técnica emitida por organismos extranjeros acreditados.
Para multinacionales como Duracell, Energizer o Panasonic, esto implica una reducción de tiempos y costos regulatorios, añade el artículo de EconomiaSustentable.com.
La norma también abarca aparatos o artículos que contengan pilas y baterías primarias en su interior o exterior. Esto incluye casos en los que no sean fácilmente extraíbles.
Cómo funciona el nuevo sistema de certificación
La medida modifica el sistema de certificaciones para estos productos. El eje está puesto en simplificar trámites para importadores y fabricantes.
"Corresponde a las autoridades de aplicación dictar una resolución conjunta que precise los estándares de calidad y seguridad, los del procedimiento de evaluación y los mecanismos de control que se aplicarán a las pilas y baterías primarias en la Argentina", establece la resolución en sus considerandos.
La Dirección General de Aduanas dejará de intervenir en el control de estos productos, ya que la comercialización no requerirá autorizaciones previas específicas, salvo excepciones determinadas por las autoridades competentes.
En la práctica, esto acelera el ingreso de mercadería. También reduce la carga burocrática para importadores y distribuidores.
Qué requisitos técnicos siguen vigentes
En el anexo de la medida se establecen requisitos y características esenciales de calidad y seguridad. Se aplicarán a los productos alcanzados por los cambios.
El cuerpo de cada pila debe figurar la fecha de vencimiento con indicación de mes y año. Otra opción es la fecha de fabricación indicando la cantidad de meses durante los cuales la pila puede ser útil.
Las pilas deben estar protegidas por una carcasa, o blindaje, que asegure la hermeticidad a los líquidos que contengan.
También deben cumplir con los requisitos de duración mínima promedio. Se establezcan en los ensayos de descarga dispuestos en las normas técnicas.
Las empresas deberán colocar en el cuerpo del producto la marca, modelo, origen y fecha de vencimiento. Para el caso de la pila botón, si el tamaño no permite la indicación de la fecha de vencimiento, podrá estar consignada en el blister.
La norma obliga a colocar la leyenda "Marcado de Conformidad" en los productos. Será obligatoria independientemente del procedimiento de evaluación de la conformidad al que hayan sido sometidos.
En cuanto a aparatos, artículos o productos que contengan pilas o baterías, el marcado de conformidad será opcional.
Quiénes dominan el negocio de las pilas en Argentina
El nuevo escenario normativo plantea cambios para la comercialización de un producto cotidiano y de bajo valor unitario. Pero que mueve un negocio millonario y de escala significativa.
Según datos utilizados históricamente por organismos ambientales y programas de gestión de residuos, el país importa aproximadamente 200 millones de pilas por año.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se consumen cerca de 19 millones de unidades anuales. Equivalentes a unas 500 toneladas de residuos potencialmente contaminantes.
A diferencia de otros sectores industriales, prácticamente no existe producción local relevante de pilas alcalinas. El abastecimiento depende casi exclusivamente de las importaciones.
Esta situación fue uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para avanzar con la flexibilización de los procedimientos de certificación.
El mercado está altamente concentrado. Los principales jugadores son las marcas Duracell, Energizer y Rayovac, que controlan cerca del 90% del segmento de pilas alcalinas.
Estas son las más utilizadas por los consumidores para controles remotos, juguetes, linternas, relojes y pequeños dispositivos electrónicos.
Hay también otras empresas con presencia en nichos específicos. Entre ellas Panasonic, Sony, Philips, Maxell y diversas marcas blancas comercializadas por supermercados y cadenas de retail.
En el caso de Duracell, la distribución en Argentina está asociada a Newsan. Mientras que Energizer y Rayovac lideran buena parte del negocio de importación y comercialización de pilas alcalinas.
Qué límites ambientales se mantienen vigentes
Pese a la flexibilización administrativa, el Gobierno mantuvo intactos los límites máximos de sustancias peligrosas establecidos por la Ley 26.184.
Siguen prohibidas las pilas y baterías que superen 0,0005% de mercurio; 0,015% de cadmio, y 0,200% de plomo.
Estos metales pesados son considerados altamente contaminantes debido a sus efectos sobre la salud humana y los ecosistemas.
Pero más allá de estos cambios, la norma incorpora además una advertencia contundente. Las pilas y baterías que incumplan los parámetros técnicos podrán ser consideradas residuos peligrosos bajo los términos de la Ley 24.051.
Esa ley regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. El objetivo es proteger la salud pública y el medio ambiente aplicando un control estricto "de la cuna a la tumba".
Esto implica que fabricantes, importadores y comercializadores podrían enfrentar sanciones económicas, decomisos, clausuras e incluso responsabilidades civiles o penales en caso de infracciones graves.
Qué riesgos ambientales advierten los especialistas
La simplificación de los procedimientos podría favorecer el ingreso de nuevos proveedores internacionales. Especialmente fabricantes asiáticos que ya cuentan con certificaciones reconocidas globalmente.
La mayor competencia podría traducirse en una ampliación de la oferta. Y eventualmente en menores precios para los consumidores, especialmente en categorías de alta rotación como las pilas AA y AAA.
Sin embargo, organizaciones ambientales advierten que el desafío será garantizar que la reducción de controles previos no derive en el ingreso de productos de menor calidad.
Una de las principales críticas es que la eliminación de los controles previos en Aduana implica pasar de un sistema de prevención a uno de fiscalización posterior.
"El problema es que el daño ambiental se detecta después. Si una pila contaminante ya ingresó al mercado, el control llega tarde", sostienen especialistas en gestión de residuos peligrosos.
También cuestionan la menor participación del Estado en productos potencialmente tóxicos. Esto al eliminarse la intervención previa de organismos locales y reconocerse certificaciones extranjeras.
Los críticos plantean que las pilas contienen metales pesados como mercurio, plomo y cadmio. Y que justamente por eso deberían mantener controles específicos antes de su comercialización.
Entienden que, más allá de las modificaciones regulatorias, el problema de fondo permanece sin solución. Argentina continúa sin contar con un sistema nacional de recuperación y reciclado masivo de pilas usadas.
Argumentan que, si bien se simplifica el ingreso de pilas al mercado, no se resuelve qué hacer con los millones de pilas agotadas que terminan en la basura.
Cada año millones de unidades terminan mezcladas con residuos domiciliarios comunes. Pese a contener materiales potencialmente peligrosos para el ambiente.
Mientras la nueva resolución apunta a facilitar el comercio y reducir costos para empresas como Duracell, Energizer, Rayovac y Panasonic, el verdadero desafío ambiental continúa siendo qué hacer con las 200 millones de pilas que ingresan al mercado argentino cada año una vez que se agota su vida útil.
En ese contexto, los sectores críticos a la norma sostienen que flexibilizar los controles previos puede favorecer el comercio. Pero también aumentar los riesgos de que productos potencialmente contaminantes lleguen a los consumidores antes de que el Estado detecte eventuales incumplimientos.