Retenciones: el Gobierno exige a exportadores más de u$s1.700 M

Las principales compañí­as exportadoras de granos del paí­s están bajo la lupa. Si bien en un principio el Gobierno informó que estaban obligadas a pagar al fisco unos 650 millones de dólares en impuestos por liquidaciones mal realizadas por ventas externas de cereales en el 2007, esta cifra se habrí­a triplicado en los últimos dí­as.

La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) adujo que los exportadores registraron las ventas externas de cereales y oleaginosas antes de que en noviembre último se aplicara un alza impositiva, lo que les posibilitó vender sin pagar la diferencia en la tasa.

Los productores rurales desde hace meses se quejan de la maniobra especulativa, que permitió a 57 empresas comprar la mercaderí­a en el mercado local a un bajo precio porque ya estaba vigente el nuevo impuesto, que se descuenta del valor que reciben los chacareros por los granos.

El Poder Ejecutivo comenzará esta semana procedimientos administrativos tendientes a recuperar 1763 millones de dólares en concepto de derecho de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de los productos cuando registraron las ventas externas.

Algunas de las empresas involucradas son las filiales locales de Toepfer, Noble, Cargill, Bunge, Archer Daniels Midland y Nidera.

El procedimiento administrativo podrí­a ser también el inicio de denuncias penales por evasión y apropiación indebida de tributos, como el que la AFIP ya impulsó contra uno de los dirigentes de la Sociedad Rural que encabezaron los cortes en la provincia de Buenos Aires, René Ducret, según informa Página/12.

Cómo fueron las maniobras
La controversia se dio luego de el Gobierno, subiera en noviembre último la tasa de la soja al 35 por ciento desde el 27,5 por ciento previo.

Esa alí­cuota fue modificada en marzo de este año por el esquema móvil del ex ministro de Economí­a, Martí­n Lousteau, que en la práctica subió aún más la alí­cuota que paga la soja, el principal cultivo del paí­s, y que finalmente fue derogada el viernes pasado.

La ley de granos permití­a congelar el precio y la alí­cuota al dí­a del registro y una resolución de la Secretarí­a de Agricultura otorgaba un plazo de 365 dí­as al exportador para concretar la operación con aquellos valores.

En abril, al asumir como presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), a la que se asignó el control de las declaraciones juradas, Ricardo Echegaray redujo ese plazo de 365 a 45 dí­as y dio comienzo una investigación sobre los hechos anteriores, que culminó esta semana, según el matutino.

Desde el 1º de noviembre de 2007 comenzaron los rumores de que las retenciones pasarí­an del 27 al 35% y, sin embargo, Agricultura dejó abierto el registro. El incremento se formalizó el 9 de noviembre. En la semana previa se registraron 26,5 millones de toneladas, con la alí­cuota anterior.

A raí­z de ello el diputado Rafael Martí­nez Raymonda presentó un proyecto de ley que su Cámara aprobó, estableciendo que además de la declaración jurada serí­a necesario acreditar la tenencia o adquisición de los granos y que quienes no pudieran hacerlo deberí­an pagar en forma retroactiva, "el mayor nivel de derechos de exportación", es decir con la alí­cuota y al precio vigente al momento de la exportación y no a los del registro, según Página/12.

La investigación de la ONCCA cerrada el 14 de julio analizó la actividad de 57 empresas, que en 1.316 declaraciones juradas registraron ventas futuras por 24,5 millones de toneladas.

El organismo detectó que el 89 por ciento de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior no estaba respaldado por la tenencia o adquisición de granos. Esto equivale a un 85 por ciento de las exportaciones de soja, girasol, maí­z y trigo, o sea 22,5 millones de toneladas.

Además, las declaraciones juradas decí­an que las operaciones anotadas correspondí­an a granos de la cosecha 2007-2008, que todaví­a no se habí­a levantado. La elusión continuó después del 11 de marzo.

Quiénes son
Según el matutino, algunas de las grandes exportadoras que deberán enfrentar el reclamo son:

• Cargill declaró sin tenerlas ni haberlas adquirido 4 millones de toneladas de soja y 22.500 de girasol, 25.000 toneladas de maí­z, 120.000 de aceite de girasol y 436.000 de aceite de soja.
  
  
• Aceitera General Deheza, la empresa de Urquí­a, 54.500 toneladas de girasol, 11.000 de aceite de girasol, 381.000 de aceite de soja y 1.325.000 de harina de soja.
  
  
• Bunge, 2.400.000 toneladas de soja y 625.000 de aceite de soja.
  
  
• Nidera, 985.000 toneladas de soja, 105.000 de girasol y 116.000 de aceite de girasol.
  
  
• Vicentí­n, 370.000 toneladas de soja, 92.000 de girasol, 125.000 de aceite de girasol, 160.000 de aceite de soja y 602.000 de harina de soja.

Tras el naufragio de la resolución 125 en el Congreso, ahora el Gobierno estudia una reforma de la ley de granos. La propuesta consiste en congelar tanto el precio como la alí­cuota el dí­a del registro, con la condición de que el exportador pague la retención correspondiente en el momento de anotar la operación.