El Gobierno quiere cobrar retenciones retroactivas por u$s1.700 M
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La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) hizo pública la resolución que obliga pagar a unas 60 empresas unos u$s1.700 millones en concepto de derechos de exportación mal liquidados, una vez que la Aduana concrete las verificaciones correspondientes.
Se trata de declaraciones por ventas al exterior de 17,7 millones de toneladas que se habrían presentado sin tener todavía como respaldo los cargamentos en cuestión.
La ONCCA publicó un listado de empresas exportadoras que no acreditaron la tenencia o adquisición de granos y subproductos registrada en las declaraciones juradas de ventas al exterior, en el período comprendido entre el 10 de noviembre de 2007 y el 11 de marzo de 2008.
A través de la resolución 1898, el organismo encabezado por Ricardo Echegaray enumeró las 17,7 millones de toneladas puestas en la mira, que se suman a otros 6,2 millones de toneladas que ya se había puesto en tela de juicio hace una semana, a través de la resolución 1487, casi "calcada" de la 1898, pero con números más impactantes.
En la lista de exportadores fiscalizadas están la mayoría de los grandes de empresas granos del país, como Cargill, Nidera, Vicentín, Cargill, Bunge, Multigranos y Aceitera General Deheza, entre otras.
En su resolución 1898/08, la ONCCA notificó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que "del total de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior analizadas, no han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada" operaciones por 17.780.772 toneladas.
La entidad oficial aclara que esas operaciones deberán "tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación".
Asimismo, el organismo hizo saber a la AFIP que sí lo habían hecho otras 4.289.320 toneladas declaradas antes de los aumentos de retenciones implementados en noviembre de 2007, que en el caso del poroto de soja a granel pasó de 27,5 a 35 por ciento.
La Ley 26.351 -también conocida como Martínez Raymonda- buscó "evitar que ante un inminente cambio normativo que aumente los derechos de exportación, se registren operaciones con la finalidad de tributar con la alícuota menor, lo que produciría alteraciones en el normal desenvolvimiento del mercado exportador, importando asimismo un perjuicio para el Fisco Nacional", según sostiene la resolución de la ONCCA en sus considerandos.
Cerca de 60 empresas están siendo investigadas por elusión impositiva, tras registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior sin poseer granos.
La ONCCA adujo que los exportadores registraron las ventas externas de cereales y oleaginosas antes de que en noviembre último se aplicara un alza impositiva, lo que les posibilitó vender sin pagar la diferencia en la tasa, y algo similar habría ocurrido luego del 11 de marzo, cuando comenzaron a regir las retenciones móviles, que también subieron las alícuotas.
Los productores rurales desde hace meses se quejan de la maniobra especulativa, que permitió a 57 empresas comprar la mercadería en el mercado local a un bajo precio porque ya estaba vigente el nuevo impuesto, que se descuenta del valor que reciben los chacareros por los granos.
El procedimiento administrativo podría ser también el inicio de denuncias penales por evasión y apropiación indebida de tributos.
La controversia se dio luego de el Gobierno, subiera en noviembre último la tasa de la soja al 35 por ciento desde el 27,5% previo, según la agencia NA.
Esa alícuota fue modificada en marzo de este año por el esquema móvil del ex ministro de Economía, Martín Lousteau, que en la práctica subió aún más la alícuota que paga la soja, el principal cultivo del país, y que finalmente fue derogada.
La ley de granos permitía congelar el precio y la alícuota al día del registro y una resolución de la Secretaría de Agricultura otorgaba un plazo de 365 días al exportador para concretar la operación con aquellos valores.
En abril, al asumir como presidente de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), a la que se asignó el control de las declaraciones juradas, Echegaray redujo ese plazo de 365 a 45 días y dio comienzo una investigación sobre los hechos anteriores, que culminó esta semana.
Desde el primero de noviembre de 2007 comenzaron los rumores de que las retenciones pasarían del 27 al 35% y, sin embargo, Agricultura dejó abierto el registro, y el incremento se formalizó el 9 de noviembre.
En la semana previa se registraron 26,5 millones de toneladas, con la alícuota anterior.
A raíz de ello el diputado Martínez Raymonda presentó un proyecto de ley que su C mara aprobó, estableciendo que adem s de la declaración jurada sería necesario acreditar la tenencia o adquisición de los granos y que quienes no pudieran hacerlo deberían pagar en forma retroactiva, "el mayor nivel de derechos de exportación", es decir con la alícuota y al precio vigente al momento de la exportación y no a los del registro.
La investigación de la ONCCA cerrada el 14 de julio analizó la actividad de 57 empresas, que en 1.316 declaraciones juradas registraron ventas futuras por 24,5 millones de toneladas.
Además, las declaraciones juradas decían que las operaciones anotadas correspondían a granos de la cosecha 2007-2008, que todavía no se había levantado, y la elusión continuó después del 11 de marzo.