Otro frente de tormenta: nuevo "paro" por crisis entre Gobierno, campo y cerealeras

El nervioso "no" de Julio Cobos en la frí­a madrugada del jueves 17 de julio funcionó en la opinión pública como el cierre a casi 130 dí­as de conflicto.

Descartada la polémica resolución 125, la agenda polí­tica intentó "normalizarse".

El debate por el salario mí­nimo y la credibilidad del Instituto Nacional de Estadí­stica y Censos (INDEC) fueron un indicador de que el Gobierno comenzaba a enfocarse en temas clave de la coyuntura argentina pero que habí­an sido dejado de lado por el conflicto con los ruralistas.

Sin embargo, a poco más de una semana del inesperado giro en el Senado, los expertos anticipan un nuevo frente de tormenta en el preciso lugar donde ya muchos apostaban que llegarí­a la calma.

La causa de esta nueva marejada descansa en una iniciativa del Gobierno por recuperar una cifra que podrí­a superar los u$s1.800 M en manos de las cerealeras y exportadores de granos en concepto de retenciones mal liquidadas.

En este sentido, el jueves pasado, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) hizo pública la resolución donde informa que alrededor de 50 empresas presentaron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior –entre el 10 de noviembre de 2007 y el 11 de marzo de este año- por un total de 24 millones de toneladas y que no contaban con el respaldo de los granos.

Es decir, ante el rumor de suba de retenciones y al no tener cerrados los registros de exportación, hubo una catarata de declaraciones para asegurarse el pago a futuro de una menor alí­cuota.

En la lista de exportadores fiscalizadas están la mayorí­a de los grandes de empresas granos del paí­s, como Cargill, Nidera, Vicentí­n, Cargill, Bunge, Multigranos y Aceitera General Deheza, entre otras.

Ahora, en base a la Ley 26.351 –más famosa como la ley Martí­nez Raymonda- que exige el pago de los nuevos derechos de exportación cuando el exportador no tenga la mercaderí­a en su poder en el mercado interno, el Gobierno sale a exigir, de manera retroactiva, una multimillonaria cifra que hizo temblar a los mercados.

El escenario se volvió más complejo cuando Silvina Tirabassi , directora de la Aduana, firmó la Nota Externa 47/2008 que establece un mecanismo para definir la alí­cuota de retención que se cobrará a los embarques de granos que la ONCCA informó no cumplen con lo estipulado por la Ley 26.351. La normativa establece que una vez comprobada la fecha de embarque, se aplicará la alí­cuota de retenciones de dicho dí­a.

Además, otro punto que genera alerta entre las cerealeras es que, "cuando el exportador no pueda demostrar la fecha en que se perfeccionó el Contrato de Compraventa, la base imponible aplicable será el Precio FOB Oficial vigente a la fecha" en que se concretó el embarque.

Ahora, ¿cuáles fueron los efectos concretos de todas estas normativas? En primer lugar una paralización de los mercados.

Las consecuencias ya son palpables: la soja argentina cerró con pérdidas el viernes, ya que los exportadores ofrecieron un bajo precio por los granos. En este sentido, en Rosario, la soja se comercializó a $920 por tonelada, muy por debajo de los $941 del jueves.

Esto llevó a que el volumen negociado haya sido prácticamente nulo, mientras que en la rueda del jueves habí­a sido muy exiguo, con apenas 5.000 toneladas.

"Los exportadores se retiraron del mercado, no salen a buscar granos. Todo esto en lo que va a redundar es que va a haber menos exportación y menos liquidación de divisas", aseguró Gustavo López, director de la consultora Agritrend y uno de los referentes del mercado agrí­cola argentino.

Por su parte, desde la Bolsa de Comercio de Rosario, aseguraron que el anuncio del Gobierno "generó un retiro de los compradores del mercado, los que posiblemente ya tengan, desde hace varios meses, a sus cuerpos legales trabajando sobre el tema. ¿Por qué? Porque muy posiblemente implique el pago de tributos diferentes a los calculados en el momento de anotarse los negocios. Porque muy posiblemente también se quiera ver cuál es la metodologí­a seguida por la ONCCA para ver qué se considera como tenencia de la mercaderí­a".

En diálogo con infobaeprofesional.com, Beatriz Allan, economista de la Bolsa de Cereales de Bahí­a Blanca confirmó que "los exportadores están a la expectativa. Desde el jueves se percibe un menor movimiento y es muy probable que esto empiece a repercutir en toda la cadena de comercialización".

El nuevo conflicto
En este contexto, todos los especialistas consultados aseguraron que los grandes exportadores –más allá de posibles acciones legales- a partir de ahora van a apelar a la polí­tica de deprimir los precios para "compartir" las pérdidas con el productor. Y esto puede generar un nuevo parate del mercado.

Al respecto, Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina, explicó a este medio que "es muy probable que parte de esos casi u$s1.800 M que exige el Gobierno los pague el productor".

"Normalmente, cuando hay una actividad cartelizada como esta, el productor tiene poco poder", agregó.

Sobre este punto, Ambrosetti sostuvo que "existen 100.000 empresas agropecuarias que toman la decisión de manera independiente y, como contrapartida, hay 15 firmas importantes que son las compradoras, con lo cual es muy difí­cil que los productores puedan influir en el precio".

Aún queda mucho por comercializar
Según datos de la ONCCA, en la actualidad hay registradas 17 M de toneladas de granos en los acopios a la espera de un clima de mayor certidumbre.

En el caso de la soja, hay 9 M de toneladas. A esto se suman unas 4 M de toneladas de maí­z, 3 M de trigo y más de un millón de girasol. La cifra serí­a bastante mayor porque hay que agregar la cosecha aún no registrada por los ruralistas.

En este contexto, Allan confirmó el temor que hay en la SRA: "Los exportadores, ante la posibilidad de que le cobren retroactivos, lo que van a hacer es aplicar descuentos como para ahorrar y poder hacer frente a esa situación impositiva. Trasladan al resto de la cadena una situación que les es propia. Nadie les prohí­be que lo hagan y así­ van a avanzar".

López fue tajante: "Sin dudas esto lo va a terminar pagando el productor. Son muy pocas empresas y ante una maniobra de estas caracterí­sticas les queda poco espacio de movimiento al campo, que no podrá hacer casi nada frente a una avanzada común por parte de la exportadoras".

El experto recordó que "esto mismo sucedió con el trigo. Cuando se rumoreaba que iban a aumentar las retenciones, que en su momento eran del 20%, las empresas empezaron a descontarles en el precio FAS pero no solamente el 30%, sino hasta el 40%, cuando al fin y al cabo las retenciones quedaron en el 28%".

En la misma lí­nea, otro de los referentes del mercado, Pablo Adreani, director de Agripac, explicó que "los exportadores trasladarán la potencial pérdida al productor. En el mercado de ventas externas, cualquier medida oficial que implique una pérdida de dinero a los exportadores, estos van a trasladar esa merma en sus ingresos a los productores pagándole menos".

¿Se paraliza el mercado?
López no descartó una paralización del mercado, aunque aseguró que va a ser una jugada complicada, dado que "el productor ya viene cuatro meses dilatando la venta de su cosecha".

Por su parte, Ambrosetti sostuvo que "el productor retrae sus ventas porque mira los precios internacionales. Como no le gusta regalar su producción vamos a tener un perí­odo con muy poca actividad".

Por último, Adreani explicó que "la no comercialización de productos es una acción común de los productores. Venden o no según las necesidades financieras que tengan. Pero si a esto se le agrega un escenario de incertidumbre y de confrontación, se decide por no vender".

"Va a haber una fuerte caí­da en las ventas del productor y del ingreso de divisas. Sólo va a continuar la comercialización de aquellos productores que tengan necesidad de efectivo", agregó el especialista.

Juan Diego Wasilevsky
Nicolás Giani

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