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ALERTA

AFIP saca de la "lista negra" a despachantes pero siguen las demoras en el puerto

Luego de la polémica decisión de frenar cargas a empresas que tengan un reclamo ante la Aduana, comenzaron las presiones para poner fin a la medida
23/03/2010 - 18:20hs
AFIP saca de la "lista negra" a despachantes pero siguen las demoras en el puerto

Las empresas argentinas que dependen de insumos importados o tienen negocios en el exterior continúan en alerta desde que el martes de la semana pasada la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso que todas las cargas de las compañí­as que tengan un reclamo ante la Aduana sufran fuertes medidas de control.

El objetivo es claro: el fisco quiere que 1.000 empresas paguen los u$s1.000 millones que adeudan por diferencias de valor en operaciones de comercio exterior. Pero como la gran mayorí­a optó por la ví­a judicial e impugnaron, casi todas las causas están demoradas a la espera de una resolución.

Para evitar que se dilate esta situación, la Aduana mandó las cargas de todas estas compañí­as a "canal rojo".

Se trata de la medida de control más alta que impone la DGA a cualquier producto que entra o sale del paí­s. Así­, mientras que una importación que recibe canal verde en menos de 24 horas puede ser liberada, el canal rojo usualmente demora el doble de tiempo.

Sin embargo, expertos alertan que, al ampliarse enormemente el universo de operadores que deben pasar por este control, los tiempos se dilataron de manera considerable.

Desde el estudio de abogados Alais & De Palacios –especialistas en derecho aduanero y comercio exterior- explicaron que desde la semana pasada a esta parte "los contenedores están demorando unos 4 dí­as en promedio para salir".

Incluso, se detectaron casos de cargas que recién el lunes pudieron dejar el puerto, tras cinco dí­as de haber permanecido en canal rojo. Esto también genera sobrecostos: desde un estudio de despachantes con 20 años en el negocio explicaron que, con estas demoras, una empresa puede pagar hasta u$s400 extra por contenedor.

El presidente de una cámara empresaria de primera lí­nea confirmó a iProfesional.com que los dí­as más "calientes" se vivieron a partir del jueves, cuando "un freight forwarder traí­a un barco con 300 contenedores y como éste registraba una deuda con la AFIP, también cayeron todas las empresas dueñas de la carga, a pesar de que éstas no tení­an ninguna impugnación".

En este contexto, José Luis Lopetegui, director de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), destacó que "es una medida muy injusta porque los únicos que se benefician son las terminales, que te cobran tranquilamente u$s250 más por usarles las instalaciones un par de dí­as".

Una decisión polémica
El problema se inició tras una orden no escrita de la AFIP que busca que, cuando una empresa tiene un conflicto con la Aduana, se evite el canal judicial y directamente pague la presunta deuda.

Esto ocurre, por ejemplo, en casos donde hay diferencia de valores. Sucede que, cuando hay una operación de importación o exportación, el empresario declara un valor por la misma. Sin embargo, es común que la Aduana, que constantemente actualiza los valores criterio para importaciones y de referencia para exportaciones, objete dichos valores.

Así­, el empresario tiene dos caminos: pagar la diferencia o impugnar en sede administrativa o judicial, con lo cual se inicia un litigio que puede llegar a durar más de un año. El tema no es menor: por un contenedor la Aduana puede reclamar varios miles de dólares, que pueden terminar haciendo inviable el negocio.

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que hay más de 1.000 empresas en estas condiciones y que, en su conjunto, tienen impugnaciones en curso por un valor superior a los u$s1.000 millones.

En este contexto, la visión del Gobierno es que "estas empresas están tratando por todos los medios de demorar el pago. Impugnan, los procesos se tornan largos y no terminan pagando nunca. Judicializan todos los reclamos, tiran la pelota y no se hacen cargo. Que afronten lo que deben y ahí­ van a recibir otro tratamiento".

Esto despertó una gran polémica: sucede que el canal rojo se utiliza como recurso de control en base a perfiles de riesgo. Es decir, el objetivo es facilitar la detección de potenciales problemas en cualquier punto de la frontera y revisar a fondo un contenedor cuando se lo considera riesgoso, ya sea por presunciones de subfacturación, fraude marcario o por tratarse de productos que pongan en peligro la salud.

Sin embargo, con esta medida, la Aduana pasó a utilizar una medida de control como una herramienta para acelerar el pago de potenciales deudas y evitar que crezca el número de reclamos por diferencias en los valores de las operaciones.

Desde Alais & De Palacios agregaron que "la AFIP necesita recaudar y el centro de esta presunta deuda está enfocada en dos grandes rubros: automotrices y cerealeras. Estas últimas, tienen causas por posibles operaciones trianguladas con soja que están lejos de ser resueltas y, por lo tanto, todaví­a no pagaron al fisco".

De este modo, se quejaron de que "por estos dos grandes sectores, centenares de empresas que no tienen nada que ver con esta disputa y que impugnaron por cifras muy chicas de golpe tienen dificultades para operar".

Lopetegui coincidió: "Es discrecional. Uno puede entender que si hay una deuda uno la tenga que pagar, pero no cuando una empresa impugna porque considera que hay diferencias con lo que se reclama".

Automotrices, complicadas
Justamente, las empresas automotrices están en el ojo de la tormenta: como entre un 70 y un 80% de las piezas que se utilizan para fabricar un vehí­culo son importadas, esta situación puso en alerta a todas las terminales.

El responsable de operaciones aduaneras de una automotriz alertó que "antes de esta medida tení­amos el 20% de canales rojos. Con esta medida pasamos a tener el 80%. El tema de las autopartes se está haciendo inmanejable. Por ahora aguantamos, pero no por mucho tiempo más".

Fuentes del sector, que pidieron mantener su identidad en reserva, confirmaron que Toyota, Volkswagen, Peugeot-Citrí¶en y Mercedes Benz sufrieron algunas demoras en los últimos dí­as, pero que no debieron frenar lí­neas de producción. Ahora estarí­an bien abastecidas.

Sin embargo, compañí­as como Ford, Fiat, General Motors y Renault "están bastante complicadas. No tienen insumos y no se sabe por cuánto tiempo más podrán resistir sin frenar sus operaciones".

Además, destacaron que "el 60% de los autos va al exterior. Estas demoras están provocando serios problemas en las finanzas de las empresas".

Pelearon y ganaron
En este contexto, comenzó a generarse un frente empresario para que esta medida vuelva atrás.

Por un lado, entidades como la Cámara de Exportadores (CERA), la Cámara de Importadores (CIRA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) pidieron a la Aduana que convoque con urgencia al Consejo Consultivo Aduanero, un foro donde el sector privado tiene lí­nea directa con la entidad y donde tienen la oportunidad de plantear todos los problemas que surgen en las operatorias.

Sin embargo, hasta el momento, según confirmó Enrique Mantilla, presidente de la CERA, la Aduana no dio ningún tipo de respuestas.

Como contrapartida, los que sí­ salieron victoriosos fueron los despachantes, que serán eliminados de la "lista negra" de la AFIP, al menos por 30 dí­as.

En diálogo con iProfesional.com, Rubén Pérez, presidente del Centro Despachantes de Aduana (CDA), confirmó que "todos los profesionales que tengan deudas por infracciones de algún tipo o que van en forma solidaria con el importador o exportador que impugna ante la Aduana, desde ahora no van a sufrir el canal rojo. Era una medida que me parecí­a exagerada".

Pérez sostuvo que "la gestión la inicié con la titular de la DGA, Silvina Tirabassi" y que "estamos coordinando una nueva reunión para intentar que este impasse de 30 dí­as encuentre una ratificación definitiva".

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A pesar de esto, reconoció que la operatoria en el puerto de Buenos Aires aún es complicada: "Hay que tener turnos de los verificadores, luego el de las terminales y puede suceder que no tengan lugar y te vayan pasando para el dí­a siguiente. A esto hay que sumarle que el personal tiene cada vez más trabajo. Esto puede provocar que demores varios dí­as en poder sacar la carga".

El directivo afirmó que "tengo colegas que toda la vida importaron determinados productos y siempre tuvieron canal verde y que, por algún tema de la empresa con la AFIP, de golpe, comenzaron a caer en canal rojo".

¿Una medida inconstitucional?
Desde otro estudio jurí­dico especializado en comercio exterior explicaron off the record que "esto es novedoso y es totalmente inviable. Por un módulo que están haciendo funcionar en el Sistema MARIA, todas aquellas impugnaciones que presentan las empresas, son consideradas deuda, aún cuando todaví­a nadie se expidió sobre el tema".

En definitiva, "esto no es más que presionar a aquél que hace ejercicio de sus derechos".

"Esto es inconstitucional y hace agua por donde se lo mire. Claramente están amedrentando a las empresas y las hacen desistir de presentar una impugnación, por más que consideren tener razón, porque saben que después van a tener muchos problemas para entrar o sacar un producto del paí­s", agregaron.

"Es una práctica que busca desincentivar que una firma haga uso de su derecho de recurrir a la Justicia. No tiene sentido. Lo único que van a lograr es que se genera una oleada de medidas cautelares, como sucedió con las firmas que padecieron las demoras con las licencias no automáticas", explicaron desde el estudio.

"En la medida en que la Aduana no aporte elementos concretos que hagan presumir por qué determinadas empresas que antes gozaban del régimen de preferencia, por su trayectoria y por cumplir con todos los requisitos, ahora las castigan, esto se va a tornar cada vez menos sostenible. El umbral de riesgo no puede ser tener una impugnación con la Aduana", destacaron.

De este modo, adelantaron que "presionar desde lo operativo no es jugar limpio. Lo que se busca es que nadie se queje y se pague. Se van a saturar los tribunales como sucedió con las licencias y el Gobierno va a terminar perdiendo".

En la misma lí­nea, desde la CAME destacaron que "esta medida en definitiva es meter miedo y generar gastos a las empresas. Si quieren que paguen, hay otras medidas para aplicar. No creemos que este camino sea el adecuado".

Juan Diego Wasilevsky
(c) iProfesional.com