La Justicia de EE.UU. desestimó la demanda colectiva contra Hayden Davis por el caso Libra

Una jueza federal de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva contra Hayden Davis por el lanzamiento y posterior colapso de Libra. También ordenó el cierre del expediente. La memecoin había sido difundida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025.

La decisión la tomó Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York. La magistrada aceptó los pedidos de desestimación de todas las defensas. La resolución alcanza a Hayden Davis, a su hermano Gideon, a su padre Charles Thomas Davis, a la firma Kelsier Ventures, a Benjamin Chow (ex CEO de la plataforma Meteora) y a Dynamic Labs.

Rochon rechazó además que los demandantes, Omar Hurlock y Anuj Mehta, presentaran una segunda demanda enmendada. Según el fallo, esa nueva presentación era "improcedente" porque sus cambios no "subsanan las deficiencias" de la anterior, lo que implica que los inversores no podrán volver a intentar probar sus acusaciones ante este tribunal.

Los demandantes buscaban recuperar los fondos que quedaron en manos de Davis tras el derrumbe del token. El propio empresario dijo tener unos u$s110 millones en criptoactivos. En un primer momento, Rochon había congelado esas billeteras virtuales. Pero levantó la medida en agosto de 2025.

Por qué la jueza consideró que no hubo fraude continuado

La magistrada concluyó que los inversores no habían probado sus acusaciones de fraude, conspiración para defraudar, enriquecimiento injustificado y violación de la ley federal RICO. Esta ley se aplica a organizaciones con un patrón continuado de actividades ilícitas.

El punto central fue la duración del supuesto esquema: según la propia demanda, operó desde octubre de 2024 hasta el 17 de marzo de 2025. Para la jueza, esos seis meses aproximados no son un "período sustancial" que permita hablar de una actividad delictiva continuada bajo la ley RICO.

Los demandantes, representados por el estudio Burwick, habían intentado sumar al expediente otros tokens como u$sMELANIA, u$sENRON y u$sTRUST. Querían mostrar que Davis y Chow tenían un modelo que se repetía para lanzar criptoactivos.

La jueza consideró que eso no alcanzaba para configurar el patrón que exige la ley. Calificó de insuficientes las referencias generales a otros proyectos y a futuros lanzamientos. También advirtió que la demanda no aportaba hechos concretos sobre las supuestas empresas pantalla. Tampoco detallaba "qué demandados habrían realizado qué declaraciones".

Una vez descartado el planteo bajo la ley RICO, Rochon resolvió otro punto clave. Los tribunales de Nueva York no tenían jurisdicción sobre Davis y Kelsier para tratar el resto de las acusaciones. Esas acusaciones estaban basadas en leyes estaduales.

La empresa tiene sede en Texas. Para la jueza, el uso de redes sociales, exchanges e infraestructura blockchain con presencia en Estados Unidos no probaba que la actividad estuviera dirigida específicamente a Nueva York.

En el caso de Chow, el único demandado con residencia en esa ciudad, desestimó todos los cargos. No encontró elementos suficientes de que hubiera actuado con intención de defraudar.

La resolución menciona el rol de Milei. También recoge mensajes incorporados a la demanda en los que Davis afirmaba tener "control" sobre el Presidente. En esos mensajes, ofrecía reuniones con él a cambio de dinero.

El fallo, sin embargo, no se pronuncia sobre si los hechos denunciados ocurrieron. La jueza solo evaluó si las acusaciones cumplían los requisitos legales para que el litigio avanzara. Y si el tribunal tenía jurisdicción.

El Presidente, su hermana Karina Milei y los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy no estaban acusados en el expediente estadounidense.

Qué pasa ahora con la demanda en Argentina

En la Argentina, la Cámara Federal porteña declaró inadmisible esta semana el recurso de cuatro inversores. Son Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega.

Los cuatro buscaban llegar a la Cámara Federal de Casación Penal. Habían sido apartados como querellantes por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido de Novelli.

Firmaron la decisión los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Los inversores adelantaron que irán en queja ante Casación, lo que significa que intentarán una última instancia para ser admitidos como querellantes en la causa penal que avanza en Argentina.

Mientras tanto, la investigación avanza bajo la dirección del fiscal Eduardo Taiano. Ahora los demandantes estadounidenses deberán decidir si apelan ante la Cámara de Apelaciones.