A fines de mayo cerraba mi columna de opinión en este medio con el siguiente párrafo: "En síntesis, pese a que el escenario de tres dígitos de inflación no es el más probable, el riesgo existe y tiende a acrecentarse en la medida que la coalición gobernante no logre un mínimo de cohesión en la toma de decisiones económica y/o el contexto internacional profundice su deterioro".

Tras los críticos sucesos de mediados de año, la inflación subió otro escalón, promediando una tasa mensual del 7,2% en el bimestre julio-agosto. Es posible que la suba de precios se modere un poco, pero pareciera tener un piso del 6% mensual, por lo que la inflación alcanzaría 100% interanual a fin de 2022 o a principios del año que viene.

La pregunta del millón es si se puede convivir con una tasa de inflación mensual del 6% (mensual)/100% (anualizada). En primer lugar, hay que destacar que un ritmo de suba de precios tan elevado es un escenario inestable, pues podría generar una reacción de los principales actores económicos, políticos y sociales para modificar la política anti-inflacionaria.

En segundo lugar, incluso si la economía pudiese transitar un período extenso de tiempo con una inflación en los actuales niveles, este escenario no sería favorable para el oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2023, pues la literatura económica ha aportado evidencia significativa de que a partir de ciertos umbrales de inflación -que ya hemos superado- el crecimiento se frena.

Esto puede no aplicar siempre -el crecimiento desestacionalizado de la actividad junto a la aceleración inflacionaria observada en el primer semestre de 2022 es un claro ejemplo- pero la inflación elevada termina afectando el correcto funcionamiento de la economía en el mediano plazo. La tabla a continuación resume la performance económica de los últimos mandatos presidenciales en términos de inflación y crecimiento, reflejando que al cabo de 4 años, una mayor suba de precios efectivamente se tradujo en una menor expansión del PBI.

La inflación en los últimos mandatos presidenciales.

Inflación: ¿hay margen para aplicar un plan de estabilización?

La gravedad del fenómeno inflacionario y la cercanía de las elecciones presidenciales podrían modificar el enfoque de la lucha contra la inflación hacia una terapia de shock. Un plan de estabilización consiste en reducir/cortar la inercia del proceso inflacionario anclando una (o más) variable nominal relevante, que en nuestro país y en la región suele ser el tipo de cambio oficial.

Pero, para que el ancla nominal logre frenar la inflación, es condición necesaria -además de tener poder político para coordinar la puja distributiva y credibilidad-, contar con un set de precios relativos alineados y cuentas externas y fiscales equilibradas. En particular, utilizar el dólar oficial como ancla exige arrancar el plan con un tipo de cambio real competitivo y contar con elevadas reservas o abultado financiamiento externo, que permitan sostener la apreciación del tipo de cambio real que ocurre durante el proceso -no lineal- de desaceleración de la inflación.

En la actualidad, el tipo de cambio real es poco competitivo -el dólar soja destrabó las liquidaciones del complejo sojero gracias a un tipo de cambio 40% mayor al oficial-, el stock de reservas netas del BCRA es magro -pese a los abultados desembolsos de organismos financieros internacionales-, el acceso al mercado financiero internacional es prácticamente nulo, producto de un riesgo país supera los 2.300 puntos básicos y existe una elevada brecha cambiaria.

"La gravedad del fenómeno inflacionario y la cercanía de las elecciones presidenciales podrían modificar el enfoque de la lucha contra la inflación hacia una terapia de shock"

¿Estará dispuesto el Ejecutivo a pagar los costos iniciales de alinear los precios relativos y cerrar el bache externo y fiscal, para luego implementar un plan de estabilización que tendría elevadas chances de éxito pero que no lo garantiza? ¿O intentará aplicar una política económica contractiva hasta la cosecha gruesa que garantice los abultados desembolsos del FMI de junio de 2023 (3.000 millones en DEGs) para luego aplicar en dosis homeopáticas la típica receta pre-electoral de tres ingredientes?:

1. Pisar el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos para moderar la inflación y permitir que los bolsillos del electorado ganen poder de compra.
2. Reapertura de paritarias y expansión del gasto para estimular el gasto de las familias.
3. Controlar el mercado cambiario.

No hay respuesta sencilla a este dilema: mantener la política antiinflacionaria implica, en el mejor de los casos, convivir con una inflación del 6% mensual/100% anual, que es nociva para las perspectivas de la economía (la actividad se contraría en el segundo semestre de 2022) y las chances del oficialismo en las presidenciales (que tiene que remontar la derrota de las elecciones de mitad de término).

Modificar el enfoque para implementar un plan de estabilización consistente, exige pagar elevados costos iniciales que no está claro puedan capitalizarse en los escasos meses que quedan para el inicio del proceso electoral. Veremos.

Por Lorenzo Sigaut Gravina, Director de Análisis Macroeconómico de Equilibra