Como he mencionado anteriormente, el contexto económico y financiero internacional no luce favorable para el país, producto de fuertes subas de tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo para bajar la inflación, que empieza a mostrar señales de moderación tras alcanzar máximos en décadas en los países desarrollados.

A modo de síntesis, el Banco Mundial prevé que 2023 sea el tercer peor registro de crecimiento global de los últimos 30 años, después de 2020 (COVID-19) y de 2009 (crisis financiera global). Y pese a que los precios de nuestras principales commodities de exportación resistieron la empinada suba de tasas de la Reserva Federal (probablemente, por la persistencia de la guerra en Ucrania), se encuentran levemente por debajo del promedio de 2022.

Pese a que sería deseable que soplase viento de cola externo, la economía argentina podría superar este escollo. Sin embargo, al combinarse con una sequía cada vez más intensa -si no llueve en forma abundante en los próximos meses, las pérdidas serían similar a la campaña agrícola 2008/09- jaquea la disponibilidad de divisas para el normal funcionamiento de la economía, justo en un año de elecciones en el que los agentes suelen dolarizar activos a la espera del recambio presidencial.

La intensa sequía que afecta, principalmente, a la zona agrícola núcleo, produjo una merma significativa de la cosecha fina (la producción de trigo cayó más de 40% y la de cebada más de 10%) y está jaqueando la cosecha gruesa (principalmente soja y maíz). La falta de humedad fue tan significativa que hubo muchas hectáreas productivas que, finalmente, no se sembraron: según las bolsas de cereales -Buenos Aires y Rosario- la intención de siembra a comienzos de la campaña agrícola rondaba 17 millones de hectáreas (ha.) para la soja y casi 8 millones para el maíz, pero se redujo a poco más de 16 y 7 millones, respectivamente. Además, el estado malo y regular de dichos cultivos ronda el 60%. Se estima que la producción de soja caerá en torno de 10% contra la campaña pasada -25% menos contra el promedio de los últimos 10 años- y el retroceso del maíz rozaría 20% respecto al año pasado. Estas pérdidas generarán una caída del PBI agropecuario que rozaría 5% en 2023, y quebrantos en los productores que reducirán la inversión (bienes durables) y el consumo.

Las pérdidas en términos de exportaciones y retenciones serán cuantiosas. Pese a que los precios de las commodities agrícolas son elevados en términos históricos, los valores futuros del maíz, la soja y sus derivados se ubican levemente por debajo del promedio de exportación 2022, y no habría una suba significativa por la menor oferta local, pues la campaña agrícola en el resto de Sudamérica es buena (especialmente la de soja en Brasil).

Es por ello que las exportaciones de toda la agroindustria -productos primarios y manufacturas de origen agropecuario- rondarían u$s49.000 millones en 2023, cayendo poco más de u$s8.000 millones respecto del año pasado. Las retenciones asociadas a dichas ventas externas alcanzarían u$s8.600 millones si no hay modificaciones de alícuotas, lo que implica una contracción significativa respecto de 2022 (u$s12.500 millones gracias a las dos rondas de dólar soja que elevaron los volúmenes exportados y la alícuota efectiva cobrada al complejo sojero). 

Menos divisas en 2023: el Gobierno se prepara para el impacto de la sequía.

La caída de la liquidación de divisas de la agroindustria en 2023 rozaría u$s13.000 millones, superando la mencionada contracción de las exportaciones producto del "dólar soja 2", que adelantó la liquidación de divisas del complejo sojero de los primeros meses del año a diciembre de 2022 (se liquidaron más de u$s3.000 millones a fines del año pasado, cuando se esperaba menos de u$s1.000 millones). A lo anterior se suma la probable de retención de stock por parte de productores/exportadores a la espera de definiciones en materia cambiaria y de retenciones del próximo presidente electo.

Dólar y sequía: cómo afecta la estrategia económica de 2023

El impacto macroeconómico de este shock productivo en un contexto internacional poco favorable condiciona la estrategia económica del Ejecutivo para las elecciones presidenciales ya que afectará negativamente al nivel de actividad, la política antiinflacionaria, y el cumplimiento de las principales tres metas del acuerdo con el FMI: acumulación de reservas netas, déficit fiscal y asistencia del BCRA al fisco. Vayamos por partes.

Pese a que las autoridades económicas van a tratar de conseguir todo el financiamiento posible, es muy difícil compensar una pérdida de casi u$s13.000 millones de liquidaciones de la agroindustria, en un año en que -a diferencia de 2022- hay programados pagos netos a organismos internacionales y se espera una mayor dolarización de activos en la previa de las elecciones presidenciales. Ergo, no habría dólares suficientes para pagar las importaciones necesarias para que la producción local pueda expandirse. Además, las pérdidas productivas harían caer 5% el PBI agropecuario en 2023. 

"El impacto macroeconómico del shock productivo en un contexto internacional poco favorable condiciona la estrategia económica del Ejecutivo para las elecciones presidenciales"

La escasez de divisas no afectaría el compromiso de abastecimiento de importaciones al dólar oficial para las firmas adherentes a Precios Justos, pero sí lo haría para el resto de las empresas. A mayores restricciones al acceso al tipo de cambio oficial para importar, mayor es el tipo de cambio efectivo al que se realizan las compras externas, y más relevante se vuelve la brecha cambiaria en la formación de precios. Justamente, la escasez de divisas acota la posibilidad de contener -vía recompra de títulos- la brecha entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras. Además, las pérdidas productivas del sector agropecuario por la sequía producirían en los próximos meses una suba significativa en los precios de los alimentos frescos (carne, lácteos, verduras, etc.). 

La meta del acuerdo con el FMI más complicada de cumplir en 2023 será la de acumulación de reservas netas por más de u$s4.000 millones. El Ejecutivo va a tratar de modificarla argumentando -correctamente- que la sequía arrojó cuantiosas pérdidas de exportación y que el stock de reservas sirve para cubrir faltantes transitorios de divisas. Si no lo logra, es probable que en el segundo semestre la ignore pues la última revisión del acuerdo con el FMI de esta administración es en septiembre, cuando se evaluará el cumplimiento del acuerdo en el segundo trimestre.

La meta de acumulación de reservas es desafiante y el Gobierno podría tratar de modificarla.

La meta fiscal también se complicaría porque el nivel de actividad difícilmente pueda expandirse sin suficientes divisas para incrementar los volúmenes importados, por lo que es difícil pensar que el resto de los ingresos tributarios puedan compensar la merma de las retenciones. Los derechos de exportación caerían significativamente en 2023, salvo que se reedite un tipo de cambio diferenciado para todo el sector agropecuario, lo cual difícilmente suceda en un año electoral, pues apuntalaría los ingresos de los productores y del fisco a costa de precios internos de los alimentos más elevados.

En un contexto de caída de ingresos fiscales, necesidades políticas de expandir el gasto público (léase "push electoral") y creciente escasez de divisas, el incumplimiento de la meta fiscal y de reservas probablemente lleve al BCRA a superar el techo de financiamiento al Tesoro acordado.

En síntesis, la sequía produjo un shock negativo de envergadura que, junto a un contexto internacional desfavorable, reduce significativamente las chances de que la economía argentina crezca y modere su inflación en un año de elecciones presidenciales. Una vez más, la prioridad de la política económica será conseguir financiamiento en moneda dura, tratar de sustituir importaciones (turismo y energía) y asignar lo mejor posible las escasas divisas disponibles.