La "Gran Sequía" no sólo complica al extremo el frente externo, sino también el compromiso fiscal con el FMI. Para este año, el acuerdo prevé una meta -no revisada en la reciente auditoría- del 1.9% del PIB para el déficit primario, por encima del 2.4% (alcanzado) de 2022. Todo indica que será de muy complejo cumplimiento. Veamos por qué.

Hasta febrero, el déficit primario ya había sido el más elevado desde 2016, ubicándose a escasos $9.000 millones del objetivo del primer trimestre. El déficit primario de marzo tendría así que ubicarse por debajo del de marzo de 2019 (mínimo de la serie iniciada en 2016), cuando el Gobierno de entonces estaba aplicando un duro recorte sobre la obra pública y otras partidas.

¿Es factible? No, si se observan los ingresos fiscales del mes pasado. La recaudación tributaria cayó 7,3% i.a. real, en gran parte, como consecuencia del desplome de los derechos de exportación (-83% interanual). La pésima cosecha y la demora en la liquidación de algunos productores agrícolas, que especularon con mejores precios de venta ante la inminencia del "dólar soja", terminaron por picarle el boleto a un fisco exhausto.

Una meta de déficit fiscal que se aleja

Algunos datos relevantes. Los gastos primarios del primer bimestre resultaron muy elevados, similares a los de la pre-crisis de 2018, impulsados por partidas discrecionales, y la dinámica de ajuste que se observaba en la "era Massa" parece estar concluyendo.

Según nuestro Monitor de Ajuste del Gasto semanal (MAGs), en marzo el devengado habría caído apenas 6 puntos en términos reales respecto de marzo 2022 (y sólo 3,5% sin computar energía). Habría un muy leve margen a partir de que el Fondo autorizó el año pasado un incremento en la meta de deuda flotante (la diferencia entre el gasto base caja y el devengado), pero nada que logre cambiar la dinámica fiscal del resto del año.

Por su parte, la moratoria previsional implicará un gasto no previsto cercano al 0,2% del PIB (que el Fondo busca reducir con criterios restrictivos de acceso).

Massa, ante un panorama complicado para complir con la meta fiscal del FMI.

Qué puede pasar con la recaudación

En cuanto a la recaudación, hay medidas en marcha y "shocks" que tendrán impacto. A saber:

1. Los efectos directos e indirectos de la sequía -vinculados a los encadenamientos del agro y a los ajustes necesarios para contener la pérdida de reservas- llevan a proyectar una caída de 3,1% en el PIB de 2023. Algo parecido cabe esperar para los ingresos fiscales en la primera mitad del año, aun considerando el inusual comportamiento de los impuestos sobre el mercado interno en el primer trimestre, como el IVA-DGI, que creció 20,4% i.a. real.

2. La AFIP emitió la resolución 5339, por la que suspendió la exención para empresas importadoras sobre las retenciones de IVA y Ganancias hasta diciembre de 2023, y que en la práctica implicará una suba de 20% de la recaudación por IVA-DGA y del 6% por Ganancias-DGA. En pesos corrientes, se proyecta una recaudación adicional de $979.000 millones.

3. Respecto de las retenciones, hay dos efectos contrapuestos:  

• a) La "Gran Sequía" implica una caída en la recaudación, especialmente de los derechos vinculados a la soja, del 40% en términos reales.
• b) Sin embargo, con el nuevo "dólar agro" habrá recursos adicionales por $200.000 millones, dejando una reducción neta del 22% en la recaudación por derechos de exportación.

Para cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo, el gasto real de marzo debería contraerse nada menos que 24% y, en el segundo trimestre, el ajuste debería ser de 7,2%. Poco probable.

La incertidumbre política, las demandas de recursos en tiempos electorales y la asistencia social para paliar los efectos de una inflación que viaja a una velocidad bien superior al 100% anual., ponen en duda para este semestre la viabilidad de un recorte de gasto similar al del segundo de 2022, cercano al 10% real.

Por Ricardo Delgado, economista y presidente de Analytica Consultora