Solicitan indagar al empresario encargado del control de la tarjeta SUBE

El fiscal federal Luis Comparatore pidió este miércoles la declaración indagatoria del empresario británico Stephen Chandler, titular de la empresa que obtuvo el contrato para controlar el funcionamiento de la tarjeta SUBE, y de dos presuntos empleados "fantasmas".

El pedido fue hecho al juez federal Sergio Torres, en el marco de una de las dos causas en las que se investigan irregularidades en la concesión a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se quedó con el contrato, y en la que esta semana fue imputado el exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.

Chandler es el titular de la Global Infraestructure (GI), una de las empresas que integra la UTE, y cuya filial argentina firmó el contrato de concesión con el Estado argentino, lo que el británico dijo en una entrevista con el diario La Nación que hicieron sus socios locales sin su consentimiento.

También el fiscal solicitó las indagatorias de Marcela Ashley y Steve Beer, quienes aparecen como empleados contratados por la Secretaría de Transporte con sueldos de 24 y 60 mil dólares mensuales, pero que negaron haber trabajado en el control de la SUBE, publicó la agencia DyN.

"No podemos dejar de reparar que Chandler afirma que el contrato fue suscripto por su representante argentino, que los empleados Marcela Ashley y Steve Beer no figuraban en el proyecto y que no se encontraban dadas las condiciones para participar del mismo en forma regular", sostuvo Comparatore, para quien "ello resulta suficiente para considerar reunido el estado de sospecha" para convocar las indagatorias.

En la segunda causa que se tramita, el fiscal Ramiro González imputó esta semana a Schiavi y a otras 11 personas y le pidió al juez Julián Ercolini que le solicite al Ministerio de Interior y Transporte y a la AFIP una serie de documentos sobre la concesión de la SUBE e informes sobre si se realizaron pagos a la UTE y a qué cuentas bancarias.

La UTE se conformó durante el proceso de licitación y obtuvo el contrato por 65 millones de pesos, 10 millones más que la compañía que quedó en segundo lugar, por lo que se sospecha que esa unión fue creada específicamente para este contrato y a sabiendas que se le iba a ser adjudicado.

Tras la publicidad de las supuestas irregularidades, el ministro Florencio Randazzo canceló el contrato de concesión con la UTE. Al existir dos causas abiertas en las que se investiga el mismo hecho se espera que en los próximos días ambos expedientes queden unificados en un único juzgado.