Se complica aún más la relación con España, que redobla su apoyo a Repsol

El gobierno español acompañará la estrategia de Repsol de redoblar su ofensiva judicial contra YPF y Chevron por considerar que están haciendo negocios con activos que el Estado argentino le expropió sin pagarle un centavo.

Al convalidar el acuerdo YPF-Chevron, la presidenta Cristina Kirchner firmó también la renuncia a normalizar en el futuro cercano su relación con España.

Por esperada, la jugada no perdió su capacidad de asombrar a los europeos, no tanto por el acuerdo, sino por los beneficios fiscales para las petroleras extranjeras que decretó el Gobierno horas antes de anunciar la alianza con la multinacional norteamericana para explotar un sector del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, indicó el diario La Nación.

"Es una señal de que la nacionalización fracasó", evaluaba ayer un secretario de Estado. "¡Qué dirá ahora Axel Kicillof!", se reía otro funcionario que lidió con el viceministro de Economía en los días difíciles de la expropiación, en los que profetizaba el fin de la colonización petrolera.

De acuerdo a las fuentes españolas consultadas por el citado matutino, no habrá gestos hostiles sino que se prolongará la indiferencia en que cayeron las relaciones bilaterales desde que pasaron las primeras tensiones públicas por la estatización.

Repsol también se sorprendió con el giro oficial que concede a Chevron muchas más ventajas impositivas y de disposición de dividendos de las que pedían los españoles antes de ser despojados de sus acciones.

Los delegados de la compañía en YPF -de la que todavía tiene el 12%- transmitieron a la sede madrileña las instancias de la reunión de directorio que se convocó en Buenos Aires para tratar el acuerdo con Chevron, agregó el matutino.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, tenía los detalles del convenio antes de partir hacia la Moncloa, donde participó de una audiencia de Rajoy con los 15 principales ejecutivos de España, a los que convocó en medio de la crisis que atraviesa su gestión por un escándalo de corrupción en el Partido Popular (PP).

El texto oficial que se conoció confirma las sospechas previas de Repsol. La alianza se ejecutará en un área de Loma de La Lata y Loma Campana que forma parte de los campos por los que los españoles exigen una compensación del Estado argentino.

Por eso se descuenta que reforzará su estrategia judicial contra Chevron e YPF, a los que acusa de "competencia desleal": tiene juicios abiertos en Nueva York, en Buenos Aires y en Madrid, indicó el diario La Nación.

A esos procesos se suma la denuncia contra la Argentina ante la corte arbitral del Banco Mundial (Ciadi), donde reclama un pago de u$s10.500 millones por el 51% de las acciones de YPF que se quedó el Estado en abril de 2012.