Tarifazo culposo: en medio de unas paritarias calientes, el Gobierno blanqueó que "la caja está agotada"

Tenía razón ayer el ministro Julio de Vido en mostrarse preocupado por el hecho de que los medios de comunicación eligieran mostrar al aumento de los servicios públicos en términos de porcentajes y no de pesos.

Es que, si se elige la primera modalidad, se llega a la conclusión de que los incrementos de las facturas pueden llegar hasta un 284% en el caso del gas y al 400% para el agua.

Lo que se dice un argumento "servido en bandeja" para quienes quieran acusar al Gobierno de estar realizando un ajuste al estilo del célebre "Rodrigazo".

A fin de cuentas, en aquella crisis que inauguró la serie histórica de mega-ajustes, las tarifas no subieron más de 100%, un número que empalidece al lado de lo que ocurrirá en los bolsillos de los argentinos en los próximos meses.

Pero ello no quita que De Vido tenga razón en el punto que plantea: se ha abaratado tanto el costo de los servicios públicos en la Argentina -o, mejor dicho, en algunas zonas de Capital y el Conurbano-, que el aumento parece alto, porque hoy se pagan precios ridículos.

Las comparaciones, a esta altura, son bien conocidas. La factura promedio de electricidad puede significar la quinta parte de lo que cuesta el servicio de TV por cable. Un hogar de clase media puede abonar hoy en Buenos Aires un décimo de lo que debe afrontar una familia en Uruguay para el mismo nivel de consumo de gas.

Lo que quedó en evidencia tras la conferencia en la que De Vido y Axel Kicillof anunciaran el recorte de subsidios, es que la magnitud del atraso tarifario llegó a niveles históricos.

El cuadro explicativo difundido en la rueda de prensa era algo confuso, sobre todo porque faltaba la columna que a todo el mundo le interesaba: cuánto sería el aumento respecto de lo que se paga hoy.

En gas natural, la siguiente infografía muesta cómo afectará el incremento a los diversos usuarios:

Y en el caso del agua, las tarifas se incrementarían de la siguiente forma:

Cuando se hacen los números es cuando se llega al dato que impacta: una eliminación del 20% en el subsidio -una medida considerada "suave"- implica que se dé un incremento real del 142% en la factura.

En otras palabras, el monto del beneficio ha crecido de tal forma que ya se torna imposible eliminarlo en su totalidad sin que ello derive en una explosión social. Quitarle un 100% del beneficio al segmento tomado por De Vido como referente, llevaría a un incremento del 700% en las boletas de gas.

Tras el anuncio, llegaron las previsibles "chicanas" políticas por parte de los críticos del "modelo".

"Es curioso, para definir la baja del subsidio se basan en la ley de la oferta y la demanda. Cuando les conviene, los K recurren al mercado", ironizó el economista Roberto Cachanosky.

"Se está pasando de un paradigma ilusorio de energía abundante y barata a otro de energía escasa y cara", comentó Emilio Apud, ex secretario de Energía.

Mientras que la diputada Laura Alonso, del PRO, escribió en twitter: "Ahora al ajuste le llaman ‘reasignación'. Tu bolsillo se achica porque la inflación te consume el salario y le suman una 'reasignación'".

Más filoso aun, el analista Pablo Marchetti disparó: "Lo bueno es que si le ponen ‘Redistribución democrática y popular de subsidios Rodolfo Walsh' no parece ajuste ni tarifazo".

Más vale tarde que nunca
Pero más allá de las ironías, lo cierto es que el gremio de los economistas en su gran mayoría saludó la medida.

Por supuesto, con la aclaración de que el mantenimiento del subsidio era de una injusticia escandalosa. Porque beneficiaba al segmento más rico de la población y, además, con la crítica de que se dejó crecer el tema hasta hacerlo infinanciable.

"Ahora el Gobierno tiene que arreglar un problema que él mismo creó", señaló Carlos Melconian, uno de los consultores de mayor prédica en el ámbito empresarial.

"Era una medida necesaria, por el problema fiscal que estaba generando. Se demoró en tomarla, pero más vale tarde que nunca. Con esto se había armado una bola de dinero que era negativa para la economía, porque en definitiva lo estamos financiando con inflación", remarcó Daniel Artana, economista jefe de la fundación FIEL.

"Aunque esto no va a resolver el problema del déficit, es un paso muy demorado que era necesario", expresó el economista Eduardo Levy Yeyati.

En ese marco, los funcionarios K, siempre cuidadosos del "relato", se apuraron a contestar las críticas antes de que llegaran.

Primero fueron De Vido y Kicillof, destacando que no puede equipararse esta situación con un ajuste tradicional, porque el ahorro fiscal será destinado a reforzar los planes de asistencia social.

Y luego la propia Cristina dio su versión: los subsidios habían sido creados por Néstor Kirchner en una situación de emergencia social, y cuando era necesario incentivar el nivel de consumo. Hoy, según la Presidenta, el crecimiento económico y la ostensible mejora en los indicadores, ya hacen innecesario ese esfuerzo por parte del Estado.

El peor "timing" para aumentar servicios
Para todos los analistas políticos, el riesgo de lo que estaba haciendo Cristina era más que evidente.

Anunciar subas de tarifas cuando se acaba de convocar a un paro general (y hacerlo justo en un momento en el que tres millones y medio de alumnos no han podido empezar las clases porque no se puede satisfacer la demanda salarial de maestros que ganan $3.600 por mes) parece contradecir todos los manuales del político cauto.

Tanto es así que se daba como un hecho que los aumentos tarifarios recién llegarían en el segundo semestre del año, cuando hubiesen concluido las paritarias, que se presentan mucho más complicadas de lo que el Gobierno había imaginado.

Una suba de tarifas no hace más que reforzar la postura de los sindicatos que piden mejoras por encima del 30%, mientras el Ejecutivo intenta persuadir con el argumento de que en los próximos meses la inflación se atenuará gracias al programa "Precios Cuidados".

¿Por qué el Gobierno no esperó un mejor momento para anunciar una medida antipática? La respuesta que surge entrelíneas del anuncio es que la Presidenta se convenció de que la decisión ya no se podía postergar.

En otras palabras, que el costo fiscal del subsidio ya resulta infinanciable. Y que el recorte dejó de ser la amenaza para "castigar" a quienes compran dólares para ahorrar, sino que se transformó en una medida imprescindible.

Esa determinación de Cristina contrasta con las dudas que había tenido en otros momentos, en los cuales había decidido dar "marcha atrás" por miedo a la reacción de la opinión pública.

La primera vez fue en 2008, cuando se produjo un fuerte descontento en sectores de la clase media por el impacto de más de 200% de aumento en las tarifas de gas y electricidad.

En aquel momento, De Vido explicó que la iniciativa sólo afectaría a una minoría de altos ingresos. Pero el malestar social y las acciones legales de los consumidores obligaron a dar marcha atrás.

Tres años después, a fines de 2011, con el enorme respaldo político del recién logrado triunfo electoral, se anunció una quita para todos aquellos que no pudieran demostrar una necesidad real de contar con ayuda estatal para pagar los servicios públicos.

Pero, una vez más, la Presidenta temió por las consecuencias políticas. Lo que en un comienzo iba a ser una aplicación "casi universal" terminó siendo un plan delimitado a los habitantes de los countries. La explicación: el accidente ferroviario de Once había cambiado súbitamente el clima social.

Hoy, el monto destinado a los subsidios de servicios públicos representa un 20% del presupuesto estatal y casi un 5% del PBI nacional. Los economistas estiman que -como el "rojo" fiscal está en torno de 3 puntos- entonces la reducción de 20% podría achicar en un tercio el déficit.

En un giro irónico de la política argentina, el propio Kicillof se aferra a ese argumento para defender la tesis de que el recorte no será inflacionario sino que ayudará a contener los precios.

Extraño para un economista que siempre despreció a los "ortodoxos" que afirmaban que el origen de la inflación era la emisión de dinero que debía hacer el Banco Central para financiar el gasto público.

Todo sea por los dólares
El hecho de que se haya anunciado un recorte del 20% no significa que automáticamente se de un ahorro fiscal de esa magnitud, porque habrá que contemplar todas las excepciones detalladas por De Vido.

Y tampoco se sabe el criterio por el cual se determinará cuánto se "redireccionará" a los planes de asistencia social.

De todas formas, el anuncio deja entrever que las preocupaciones del Gobierno no se limitan al tema fiscal ni a la necesidad de mejorar el funcionamiento de los servicios.

Porque lo que resulta evidente es que, sobre todo, lo que se busca es bajar la demanda de gas para no tener que importar tanto desde Bolivia. En buen romance, se intenta reducir el costo del sistema energético sobre los dólares del Banco Central.

El año pasado hubo que destinar u$s13.000 millones a la compra de combustibles. Si se le restan las exportaciones, el déficit energético en términos netos rondó los u$s7.000 millones.

El Gobierno quiere achicar esos números para fortalecer la posición del Banco Central y, además, para estar en mejor situación a la hora de querer endeudarse en el exterior.

Sólo así se explica el insólito "incentivo al consumo racional" que remarcó Kicillof. Primero, porque el Gobierno siempre ha dicho que no hay problemas de oferta. Con lo cual no se entiende por qué habría que achicar la demanda.

Pero, además, el esquema anunciado, por el cual sigue gozando del subsidio quien reduzca un 20% su consumo, es un verdadero "premio al derrochón".

Solamente puede bajar en esa magnitud quien haya incurrido en gastos superfluos, mientras que le resultará mucho más difícil hacerlo al usuario austero.

La consecución de este objetivo es tan importante para el Gobierno que está incluso dispuesto a sacrificar el consumo, hasta ahora una "vaca sagrada" en el modelo económico.

A fin de cuentas, como siempre le gusta recordar a Kicillof, los subsidios deben considerarse como un salario indirecto, porque la porción del presupuesto familiar que no se destina a pagar los servicios queda liberada para el consumo.

Según De Vido, el impacto de las tarifas en el ingreso familiar ha llegado a reducirse un 90% en una década.

El Gobierno no tuvo el mejor "timing" para tomar esta medida justo en un año en el que los economistas están previendo una caída de hasta 3% en el consumo.

No será fácil para los cultores del "relato" explicar esta decisión. Después de la devaluación, de la suba de tasas de interés, de las propuestas de baja salarial y del coqueteo con el mercado de deuda, sólo faltaba el tarifazo para completar el cuadro del ajuste tradicional.

Ahora, ya están todos los ingredientes.