El Gobierno pidió declarar "ilegítimas" las protestas en el Sarmiento
En el quinto día de trabajo a reglamento, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, presentó el recurso a la cartera laboral
En el quinto día consecutivo del trabajo a reglamento en el ferrocarril Sarmiento, el ministerio del Interior y Transporte, que conduce Florencio Randazzo, pidió a la cartera laboral que "se declaren ilegítimas e irregulares las medidas de acción directa adoptadas por el cuerpo de delegados".
"El trabajo a reglamento o quite de colaboración son medidas que disminuyen el ritmo normal de la prestación laboral bajo la apariencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato de trabajo", sostiene el escrito, y subraya que "la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideran estas acciones como un ejercicio abusivo del derecho de huelga".
Según el ministerio, "estas medidas constituyen una violación al deber genérico de conducta (art. 62 Ley de Contrato de Trabajo) y de buena fe que debe primar en las relaciones laborales (art. 63 LCT)", e incluso "se ha entendido que constituyen una violación lisa y llana de expresas garantías constitucionales consagradas en los arts. 14 y 17 de la ley suprema".
"El quite y retracción de colaboración no configuran huelga, sino una medida de acción directa no prevista, ni garantizada por nuestro ordenamiento positivo, y que por lo tanto, resulta ilegítima" según la jurisprudencia que se cita en la carta, precisa la nota.
En declaraciones a la agencia Télam, Randazzo sostuvo que la protesta es "un paro encubierto, disparatado y demencial". Y volvió a apuntar contra el delegado Rubén "Pollo" Sobrero, impulsor de la medida.
El ministro desestimó una vez más el reclamo de una indemnización de 300 millones de pesos que realiza este grupo de empleados por haber pasado de la empresa TBA a la actual gestión estatal de la línea ferroviaria. "Sinceramente reclaman una indemnización por despidos cuando no hubo ningún despido. De hecho, no han perdido ninguno de los derechos laborales adquiridos: ni la antigüedad, ni la categoría, ni las vacaciones", dijo.
Por último, insistió que el Gobierno "descontará" los días no trabajados y realizará "todas las medidas necesarias para restablecer el servicio y hacer cesar una medida pensada para joder a la gente".