Conflicto automotor: Gestamp retomó sus tareas pero, con aval de SMATA, los despedidos quedaron afuera de la planta

Finalmente, la empresa autopartista Gestamp retomó este martes sus tareas y las terminales volverán a producir, luego de que la planta fuera tomada en un conflicto por despidos que sacudió a la industria automotriz y desató una pelea entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, no todos los empleados pudieron ingresar. La autopartista le negó el ingreso a los despedidos y los mandó a hacerse unos exámenes médicos. Según las normas, los operarios hoy podrían volver a sus tareas avalados por la conciliación obligatoria que dictó el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango.

"Queremos denunciar a la empresa que, una vez más, no acata la conciliación", se quejó uno de los empleados, quien contó que a las 8 tiene que dirigirse a la calle Carlos Pellegrini al 100 para hacerse un chequeo y, cuando estén los resultados, recién ahí podría entrar a la fábrica.

Por su parte, un delegado manifestó que se trata de "actitudes para dilatar y seguir estirando el ingreso de los trabajadores a planta", ubicada en Escobar.

"Nos vamos a hacer la revisación médica, volveremos y montaremos el campamento, aunque también haremos la denuncia en el Ministerio de Trabajo", ahondó.

En tanto, algunas de las cinco terminales que permanecen paralizadas desde la semana pasada debido a falta de piezas volverán este martes a la actividad luego de que la autopartista les prometiera aprovisionarlas nuevamente, según informaron fuentes empresarias.

Entre las compañías que retornarán al trabajo están Volkswagen, Fiat y Ford, mientras que la francesa PSA Peugeot-Citröen informó que seguirá con la producción detenida durante toda la semana.

Fuentes de la industria explicaron que Gestamp le informó a las terminales que podrá comenzar a entregar piezas que tenía en stock, pero que no se podían distribuir debido al conflicto gremial.

Ante las críticas de la presidenta Cristina Kirchner, el gobierno bonaerense decretó el sábado una conciliación obligatoria por la cual los trabajadores levantaron la toma que llevaba casi una semana por el despido de 67 operarios, y la empresa de capitales fue intimada a reincorporarlos.

Este lunes, el ministro de Producción bonaerense, Cristian Breitenstein, inspeccionó la planta y mantuvo reuniones con la gerencia de la multinacional autopartista, que permitió el acceso a supervisores y altos mandos, según pudo averiguar este medio.

Sin embargo, cuando los trabajadores se presentaron para ingresar a la fábrica ubicada en Escobar, se encontraron con las puertas cerradas, lo que reavivó el conflicto que hasta este lunes tenía paralizadas a varias terminales.

La empresa argumenta que licenció a todo su personal para poner a punto la fábrica, pero los trabajadores creen que "la empresa está maniobrando para no cumplir la conciliación obligatoria, como anticipó en todos los medios durante el fin de semana".

Pelea por los despidos
En este escenario, la dirigencia del gremio metalmecánico SMATA también confirmó que los trabajadores regresaron este martes a la planta con la intención de retomar sus tareas y dio a entender que sus militantes se harán presentes para garantizarlo.

En diálogo con iProfesional el diputado kirchnerista y subsecretario de leyes y convenios de SMATA, Oscar Romero, se mostró en desacuerdo con el eventual reingreso de los operarios desvinculados por una presunta "medida disciplinaria" y aseguró que el sindicato "no tiene nada que ver con la conciliación".

"Los despedidos están despedidos, no es problema del sindicato, es un conflicto político", dijo Romero.

El gremio realizó el lunes por la tarde un plenario de delegados de la capital y el gran buenos aires en su sede de Avenida Belgrano y Perú, donde analizaron el conflicto en Gestamp, tras decretar el domingo el estado de alerta y movilización, ante la resolución dictada por Provincia.

La conducción de los metalmecánicos está enfrentada con los trabajadores de la autopartista, que el martes pasado decidieron subirse a un puente grúa de 20 metros de altura, en reclamo de la reincorporación de 67 operarios despedidos por la empresa. El titular del sindicato, Ricardo Pignanelli, volvió a criticar este lunes a los obreros de la autopartista y los acusó de "bordear la anarquía" por haber ocupado la planta el martes pasado.

En respuesta, el abogado de los obreros de Gestamp, Agustín Comas, denunció que "SMATA, según nos informan trabajadores, está preparando patotas para actuar tanto afuera como adentro de la planta para generar hechos violentos que justifiquen la violación alevosa de la conciliación obligatoria".

"Las declaraciones de una violencia verbal inusitada, tanto de Pignanelli como del diputado y dirigente del SMATA Romero, que llegaron a negar el carácter de trabajadores de los compañeros despedidos y reincorporados, es la preparación del terreno para esas provocaciones", agregó.

Y advirtió que el gremio "tiene antecedentes de haber apoyado a los militares que hicieron desaparecer a los delegados de la Ford en el '76 y nada tienen que envidiarle a la Unión Ferroviaria de Pedraza que asesinó a Mariano Ferreyra".

Así, quedó reflejada la batalla que se desarrolla en estos momentos al interior de varias fábricas de zona norte, donde nuevos sectores gremiales desafían a las conducciones tradicionales el monopolio de la representación y la resolución de los conflictos, ante las medidas de ajuste que toman las empresas en medio del bajón económico.

Grietas en el poder político
El vicepresidente de la UIA, José Urtubey, reiteró este lunes por la noche la preocupación "porque la multiplicidad de representaciones gremiales lleva a una atomización que debilita la representación gremial y eso lleva a un trabajo más complejo para realizar acuerdos".

El conflicto de Gestamp provocó que organizaciones de base se pusieran al frente del conflicto, originando un parate productivo en importantes automotrices.

Pero la protesta superó los límites del plano sindical y, en cuestión de semanas, se convirtió en un asunto de Estado que provocó fisuras entre las autoridades públicas, preocupadas por no cargar con los costos políticos de un reclamo que terminó afectando la ya deteriorada actividad automotriz.

El gobierno nacional salió este lunes a despegarse de la administración bonaerense y evidenció su descontento con la conciliación dictada por Scioli para descomprimir la situación en la autopartista, por considerarla una "solución facilista".

"Si vas a dictar la conciliación obligatoria dictámela hace 55 días y no 55 días donde tuve que esperar a tener prácticamente 5 terminales paradas poniendo en una situación no merecidas a 80.000 familias de la cadena automotriz", disparó la ministra de Industria, Débora Giorgi.

Por otra parte, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no se quedó atrás y reclamó una "solución inmediata" en el conflicto de la empresa ubicada en Escobar, ante la decisión de la empresa de continuar con su actividad suspendida.

Capitanich señaló que el viernes se convocó al gobierno bonaerense ya que se trata de una "responsabilidad y competencia de la provincia de Buenos Aires, tanto en el ámbito judicial como el ejecutivo".

Pero desde la gestión sciolista defendieron las negociaciones llevadas adelante, en lugar de una salida por la fuerza. "Si desalojaban, la gente del cuerpo bomberos dijo que iba a haber muertos", señaló una fuente de la administración bonaerense.

Asimismo, el gobierno bonaerense apuntó los dardos contra la política macroecómica del Ejecutivo, a la que responsabilizó por las cerca de 15.000 suspensiones que aplicaron terminales y autopartistas.

"Nosotros tenemos el 60% de la industria nacional automotriz en la provincia, las seis principales terminales, y estamos advirtiendo desde hace mucho tiempo un ciclo de suspensiones que queremos y deseamos que se corrija", dijo el ministro de Producción de Scioli.

No obstante, desde la cartera laboral bonaerense reconocieron que "la conciliación puede quedar sin efecto" para conformar a la empresa, una vez que la misma retome a su personal.

La medida dictada por el ministerio despertó malestar en la autopartista y el gremio porque "obliga a reincorporar a todos", incluidos aquellos operarios que, según la firma, fueron cesanteados en forma justificada. En cambio, los trabajadores reclaman su cumplimiento ya que sostienen que las cesantías no fueron con causa, sino que se trató de una jugada de la empresa para deshacerse de los delegados y activistas rebeldes.