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iProfesional | Economía

La gran "privatización" del modelo K: Estado no achica el gasto y transfiere el ajuste a los privados

El Gobierno minimiza su responsabilidad en los despidos y acusa a los empresarios argentinos por su falta de vocación inversora

23/06/2014
Actualizado 10:03hs

El "relato" no se rinde: ante cada evidencia de problemas derivados de la política económica, siempre aparece la posibilidad de hallar un nuevo culpable. 

Sobre todo ahora, que ya no hay forma de desmentir el duro ajuste de la economía. Los despidos y suspensiones en las industrias más emblemáticas del "modelo", como la automotriz, ya son el pan de cada día.Y, en el plano del consumo, en mayo, incluso cuando la gran mayoría de los asalariados ya había percibido su aumento, hubo un desplome real de 8,3%, mayor aun que el de los meses anteriores.

Pero en el discurso oficial siempre hay una explicación: cuando el ajuste vino por la vía de la devaluación, se dijo que era una conspiración de los bancos que intentaban un "golpe de mercado".

Luego, por la aceleración inflacionaria, se argumentó que era por causa de los "grupos concentrados" y las grandes cadenas, que aprovechaban el contexto de nerviosismo para aumentar su tasa de ganancia. Y ahora, cuando ya es inocultable el fantasma de la recesión -la tasa de empleo, en 41,8%, es la más baja de los últimos ocho años-, llega el nuevo argumento: la culpa es de las empresas, que son desagradecidas porque antes ganaron mucho dinero y ahora se niegan a incrementar sus niveles de inversión.Esta idea ha sido expresada por varios referentes del kirchnerismo, como el grupo de intelectuales Carta Abierta, liderado por Ricardo Forster, flamante coordinador estratégico del pensamiento nacional.

Forster describe la actual coyuntura económica como un episodio más del enfrentamiento entre el Gobierno -que incrementa el gasto público para defender los intereses populares- y el sector privado, que achica su propio negocio en una mezquina defensa de sus intereses particulares.Y afirma que, si bien se resistió la presión para recurrir a "una política ortodoxa de ajuste", no se han disipado los peligros de una crisis económica."El control del aparato productivo por empresarios con limitada disposición a invertir, nos enfrenta al dilema de las opciones que permitan impulsar las tareas que una burguesía transnacionalizada está lejos de asegurar", señalan Forster y compañía.Y la conclusión es que, ante la escasa vocación de los empresarios privados por impulsar un proceso de desarrollo nacional, el remedio es una mayor presencia estatal. Con menos sofisticación argumentativa que Carta Abierta, pero acaso con mayor elocuencia, el líder de la "CGT Balcarce", Antonio Caló, dio su visión sobre quién tiene la responsabilidad por el colapso de la industria automotriz."Las empresas dicen que no tienen trabajo y que la solución para ellas es despedir o suspender gente. Entendemos que en estos diez años han ganado plata, por lo que en estos momentos tienen que tratar de considerar al plantel que está trabajando", diagnosticó Caló.Y planteó la nueva consigna a defender por los cultores del "relato" en esta etapa de economía estancada: "El Gobierno nada tiene que ver cuando las empresas suspenden a los trabajadores".Todo al consumo, nada al ahorroPocos expresan este lamento oficialista con más claridad que Roberto Feletti, uno de los referentes de los economistas K. El ex viceministro de Amado Boudou lo planteó así en un reciente encuentro con ejecutivos de finanzas: "La Argentina adolece de un problema de inversión, y esto detiene el crecimiento".En su visión, el origen de los males no es una menor disposición de los argentinos a consumir ni las distorsiones impositivas, sino la escasez de divisas provocada por un contexto internacional desfavorable y por la necesidad de orientar los dólares a la compra de combustible importado.Feletti reconoce que en la Argentina hay un alto componente de autofinanciamiento mediante la reinversión de utilidades. Lo cual permite leer entrelíneas dos autocríticas: la primera, como conclusión de lo anterior, es que las ganancias de las empresas han caído.

La segunda es la falta de mecanismos convenientes de créditos: "Es cierto que el Gobierno nunca planteó un financiamiento a tasa baja y largo plazo".No deja de ser curiosa esta visión, porque hasta hace poco tiempo, el propio Feletti veía este tema como uno de los aciertos de la administración K.Tiempo atrás, en un intento por justificar el "cepo cambiario", defendió la idea de que era positivo relegar la inversión.

"El Gobierno, entre ajustar el consumo o priorizar el ahorro, decidió priorizar el consumo. Por eso decidió restringir la tasa de ahorro en dólares. Dijimos: 'vuelquen el ahorro a pesos o a consumir'", decía.Más tarde, en 2013, cuando las consecuencias negativas de esa política eran evidentes, el economista K reconocía la situación negativa en la inversión privada, pero culpaba a los empresarios."Se combatió la inflación en base a la apropiación de la tasa de ganancia, como en el congelamiento de precios, que es intervenir en la renta de la venta de productos o el control de importaciones. Perfecto, pero los tipos te responden desplomándote la inversión", explicaba Feletti en un medio oficialista.Y, claro, su conclusión era que "el proceso de inversión no hay que dejarlo librado a las fuerzas del mercado".

El "lado B" del modeloHay, al menos, dos curiosidades en esta queja desde las usinas de pensamiento K hacia la escasa disposición empresarial a invertir y generar más empleo.La primera es que contradice uno de los pilares discursivos que ha sostenido la propia Presidenta durante los últimos años. Cristina Kirchner defiende, como uno de los logros de la "década ganada", la ampliación de la capacidad instalada para la producción, en especial en la industria.Ahora se admite que los números no eran tan buenos como parecían. El sinceramiento estadístico que se produjo al cambiar la metodología de cálculo del PBI dejó en evidencia que la tasa de inversión no se ubicó en un 23%, como decían los funcionarios K. Más bien, ronda el 20% y con tendencia a la baja.Por cierto, número bastante anémico para justificar un crecimiento a "tasas chinas". De hecho, las naciones con alto crecimiento tienen niveles de inversión superiores al 30% del PBI.La segunda curiosidad de la queja K es el propio hecho de que alguien se asombre de la caída en la inversión y del empleo en el sector privado. A fin de cuentas, tal cual lo había explicado con elocuencia Feletti, la política económica había elegido que los recursos se orientaran al consumo.En otras palabras, lo que observan los analistas críticos a la gestión económica es que el achique privado no es más que una consecuencia lógica de una estrategia basada en la caída del ahorro y la expansión fiscal.Desde ese punto de vista, lo que ocurre es claro: el agotamiento del modelo -con elevado nivel de gastos por parte del Estado, que no quiere bajar, cuentas fiscales en rojo, reservas del Central en niveles críticos, emergencia energética y escasez de divisas- lleva a que se haga necesario un ajuste. Pero como hacerlo desde la órbita estatal implica un alto costo político, se está viviendo una etapa de "ajuste privatizado".Ayudas que matanEl argumento K hace aparecer a los ejecutivos de empresas casi como una rareza a nivel mundial, un caso digno de estudio psicológico: prefieren achicar su propio negocio, aun teniendo un Estado que les "hace el favor" de incentivar la demanda.Para los analistas, en cambio, la reacción de estos empresarios no es más que una consecuencia inevitable de todas las medidas de política económica.La primera de estas iniciativas es haber "pisado" las importaciones para cuidar los dólares del Banco Central que pone un "cepo al crecimiento".

Según una estimación del Estudio Bein, por cada punto de incremento del PBI, se necesita que las importaciones crezcan tres puntos, dado que la industria utiliza una gran cantidad de maquinarias e insumos producidos fuera del país.En consecuencia, se exacerba la necesidad del crédito externo. Para el economista Nicolás Dujovne, por cada u$s3.000 millones que se consigan, se "salvará" un punto de crecimiento.Como si esto fuese poco, está la "aspiradora" del Banco Central con su política de tasas de interés, en combinación con un fisco que sigue gastando."Estamos frente a un laberinto monetario, con estímulos cruzados que inducen a una contracción del sector privado y a una expansión en el público. Exactamente al revés de lo que se necesita", es el contundente análisis de Jorge Todesca, titular de la consultora Finsoport.Por su parte, Aldo Pignanelli advierte sobre el efecto boomerang que surge de regular las tasas que cobran los bancos por el crédito."Se da la paradoja de que el Gobierno se queja, pero le saca plata a los privados para prestársela al Estado. Lo que absorbe el Banco Central al subir los tipos de interés se lo da al Tesoro, porque el déficit público es muy alto", argumenta el influyente ex titular del BCRA. Hay, además, un efecto colateral en la política monetaria del Gobierno: contradiciendo su propio discurso, hace que las colocaciones financieras puedan restarle atractivo a la economía real."Si un inversor compra un bono argentino, por ejemplo el Bonar 2024, recibe una tasa de interés en dólares del 12% anual y no paga impuestos, ¿alguien podría decir qué actividad productiva logra una rentabilidad en Argentina del 12% en dólares neta de impuestos?", se pregunta el economista Tomás Bulat.Y, "last but not least", está la cuestión impositiva, ya que al aumentar su presión lleva a una retracción de las inversiones.Como señala un trabajo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, mientras el impuesto a las ganancias corporativas bajó en los países de la región -desde un promedio de 38% en los años '90, hasta un 24% actual-, el peso tributario en la Argentina pasó del 35% al 41,5%.

Más aun. Si se considera el efecto de la falta de un ajuste de los balances por inflación, entonces la alícuota efectiva supera el 50 por ciento.Enrique Szewach sostiene que esta situación, sumada a los problemas de infraestructura, llevan a que los privados deban ajustar por los inconvenientes del sector estatal."Para que una empresa que opera en la Argentina gane, después de impuestos, lo mismo que obtendría en otros países de la región haciendo la misma actividad -dado que todo lo demás es más caro, más burocrático o no se consigue-, su única variable de ajuste es el trabajo", afirma.Pero como esto implicaría una situación conflictiva con los sindicatos, esa baja se produce de una manera indirecta, por la vía de una caída en la inversión. En definitiva, la visión de los economistas contradice el discurso oficial: lejos de ver a los empresarios como los culpables de la recesión, los ven como el "chivo expiatorio" de la política económica K.