Donnelley muta a cooperativa "Nac&Pop" y obliga al Gobierno a "bancar" empleos

El litigio en torno a Donnelley se convirtió en un campo de batalla en el que se juega mucho más que la continuidad o liquidación de una imprenta.

Luego de haber denunciado que la quiebra era fraudulenta y que sólo podía ser explicada como parte de un boicot que involucraba a los "fondos buitre", ahora el Gobierno se autogeneró un compromiso público: demostrar que estaba en lo cierto al afirmar que la imprenta es viable.

Es así que, según la suerte que finalmente corra Donnelley, se podrá identificar pistas respecto de cuál será la actitud del Ejecutivo ante casos resonantes de empresas en dificultades financieras.

La existencia de una fuerte pulseada en pos del futuro de la firma queda en evidencia al analizarse el expediente judicial, cuyo grosor ha crecido en los últimos días hasta superar las 1.200 fojas.

Transcurrido más de un mes desde que cerrara sus puertas y despidiera a sus 400 empleados, la Justicia puso en stand by al desalojo de la planta y todavía no resolvió si aprobará el desguace de la compañía o, por el contrario, permitirá que los trabajadores sigan a cargo de la misma.

En tanto, el Gobierno se enfrenta a un acotado menú de opciones respecto de cómo manejar el caso.

Aunque el mes pasado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que "no era aconsejable", la alternativa que parece tomar forma es la de la continuidad a través de una cooperativa de los trabajadores.

Lo concreto, entre tanta incertidumbre, es que los 220 operarios que el 12 de agosto pusieron a producir por cuenta propia la fábrica ubicada en Garín, recibieron en las últimas horas un espaldarazo de un organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Alicia Kirchner.En efecto, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) les aprobó la cooperativa de trabajo bajo la denominación Madigraf, según confirmaron desde el organismo a iProfesional.

Es la salida que resulta menos simpática a ojos de las empresas del sector, que emitieron un comunicado en el cual explícitamente pedían que la solución excluyera tomar ese camino o el de la estatización.

Sin embargo, parece ser la opción que avanza más rápido, al tiempo que la AFIP impulsa la acusación por quiebra fraudulenta contra los directivos de Donnelley.

El viernes pasado, el juez Gerardo Santicchia, a cargo del juzgado comercial nro.19, ratificó la prohibición de salir del país al ex gerente de producción, Claudio Raúl Vergara, que era la cara visible dentro de la planta. El desafío de la continuidad Lo que a esta altura resulta claro es que la alternativa que no puede permitirse es la de dejar que baje la persiana.

Un cierre y la eventual liquidación de la planta -valuada en más de u$s13 millones- supondría un duro golpe para el oficialismo.En primer lugar, sería un reconocimiento de que la quiebra no era fraudulenta sino producto de los problemas económicos que la firma decía afrontar.

Y también podría ser leído como una muestra de debilidad frente al "ataque" de los bonistas extranjeros denunciado por el kirchnerismo.

Pero, de continuar la actividad, el panorama no sería más sencillo. Por el contrario, el Ejecutivo enfrenta en ese caso otro dilema: el de mantenerla en funcionamiento, que sea rentable y que no haya despidos.

Todas las alternativas implican costos de algún tipo: en algunos casos, a nivel financiero; en otros, sólo políticos.

Por lo pronto, las hipótesis que manejan los funcionarios K van desde la revocatoria de la quiebra, y el consiguiente apartamiento del juez, hasta la expropiación y venta a terceros.

En este contexto, no se descarta que el tema sea resuelto mediante una ley. Tras reunirse con todas las bancadas en la legislatura bonaerense, los trabajadores se llevaron la promesa del kirchnerismo de darle el visto bueno a la expropiación.

Así se lo confirmaron el presidente de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, Horacio González, el titular del bloque K Fernando "Chino" Navarro y el miembro de la Comisión de Asuntos Cooperativos y Vivienda, Miguel Ángel Funes.

El proyecto original fue presentado por los diputados del Frente de Izquierda. En esa versión, se contemplaba la confiscación -es decir, una estatización sin pago de indemnización-.

Pero los legisladores K sólo avalan una expropiación con cargo oneroso, que implica que los operarios pueden adquirir la empresa utilizando los créditos que les adeude Donnelley y que deben generar un plan de negocios para reducir al mínimo el esfuerzo del Estado.

"A veces necesitamos la ley para frenar al juez que nos quiere desalojar, a veces es un paliativo, y no para resolver la cuestión de fondo", reconocieron desde el bloque oficialista.

Con todo, la iniciativa legislativa es una carta que, por ahora, el Ejecutivo prefiere evitar, principalmente para no tener que hacerse cargo de un gasto millonario, en momentos en que la situación fiscal se complica mes a mes.

Por ello, desde La Cámpora admiten que el anteproyecto no está listo y que sólo podría ser aprobado durante las sesiones del año vigente, en caso de que se defina quién será el magistrado que tendrá la última palabra en la quiebra y se clarifique la valuación final de la empresa.

Menos chance aún tendría la alternativa de que un inversor compre la compañía en el corto plazo. Aparentemente, las firmas Televisa, Ipesa y una tercera anónima están interesadas en absorber a quien integrara el "top 4" de la industria gráfica local, junto a Morvillo, Wordcolor y AGR.

Sin embargo, aunque el negocio puede ser tentador, estas compañías perciben el riesgo político que implica una operación que adquirió tanta exposición política.

Los empresarios exigen una condición que tanto los trabajadores como el Gobierno se rehúsan a aceptar: una reestructuración, que implicaría una reducción del personal y cambios en las exigencias de trabajo.

"Hubo varios compradores, y todos ponen la misma condición, nadie va a comprarla con una comisión interna de trotskistas", dijo el titular de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (Faiga) y dirigente de la UIA, Juan Sacco. La cooperativa Nac&PopEn este marco, la opción de la cooperativa no sólo es la que parece contar con mayor respaldo del Gobierno, sino que además ha avanzado en tiempo récord en los despachos públicos.

Si la Justicia aprobó la quiebra en 48 horas, el trámite de la cooperativa también impresionó por su celeridad. En el lapso de una semana, el INAES le puso el sello de aprobado y en las próximas horas otorgará el número de matrícula.

"Fue rapidísimo, en realidad se tuvo en cuenta la necesidad de poder trabajar, por lo cual hubo reuniones extraordinarias del directorio", revelaron desde el organismo.

La formación de la entidad privada era uno de los principales requisitos legales para la continuidad. Tras la quiebra, la gráfica autogestionada fabricó más de 500.000 ejemplares de las revistas Para Ti, Billiken, Vanidades y Cosmopolitan para Editorial Atlántida y Televisa (que forman parte del mismo grupo) por $4 millones, y todavía restan entregar los 31.700 manuales de matemática por un valor de $950.000 que Aique no pudo retirar por decisión de la sindicatura.

Sin embargo, hasta ahora los operarios no recibieron un solo peso por los trabajos realizados, ya que el síndico deposita los fondos en una cuenta del Banco Nación bajo control judicial. Su argumento es que no hay razón social para facturar y que dicho dinero es motivo de disputa hasta tanto no se resuelva el caso.

Con la matrícula, están en condiciones de emitir factura bajo el paraguas de la Ley de Cooperativas. Lo que aún se desconoce es si la Justicia acordará un contrato de locación con Madrigraf y desbloqueará el pago de los ingresos, algo que hasta ahora se negó y que para los abogados de la gestión obrera es un modo de "asfixiar" su emprendimiento.

¿Será finalmente la figura de cooperativa la "fórmula" que el Gobierno necesita para que el caso Donnelley no se transforme en un efecto boomerang?

Los abogados especialistas en materia de quiebras hablan de una "zona gris" desde el punto de vista jurídico, aunque no descartan que, dado el contexto político, la cooperativa pueda seguir funcionando.

"Con la reforma de la Ley de Quiebras, los trabajadores pueden hacer funcionar la firma de inmediato contando apenas con una cooperativa en trámite y la autorización del juez", explica el socio de uno de los principales bufetes especializados en la materia.

"En el caso Donnelley, todavía no hubo una definición por parte del juez, si bien tampoco ordenó el desalojo. Los trabajadores obtuvieron el reconocimiento como cooperativa, de manera que hay una continuidad de hecho, por más que todo el tema siga en una zona gris", agrega.

Mientras tanto, los miembros de la cooperativa se mantienen con $700.000 provenientes del "fondo de lucha", que son colaboraciones de las fábricas de zona norte y universidades, $170.000 del sindicato gráfico y $150.000 de la dieta donada por los diputados del PTS del Frente de Izquierda, Cristian Castillo y Nicolás Del Caño. En total, la suma recaudada alcanzó para cubrir los sueldos de agosto, por un valor de $4.600.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación todavía no entregó la ayuda alimentaria prometida, mientras que la cartera laboral tampocó otorgó los programas RePro de $2.000 con los que se había comprometido por un período de 4 meses.

En respuesta, los trabajadores se movilizaron este jueves al juzgado comercial que lleva adelante la quiebra y al Ministerio de Trabajo para reclamar por salarios y el Repro.

"El Gobierno denunció la quiebra como fraudulenta. Dijo que iba a garantizar los puestos de trabajo. Pidió la detención de los accionistas. Sin embargo, después de más de un mes, en los hechos concretos, todavía no tenemos una solución real para garantizar nuestros salarios", se quejaron.

La batalla judicialLo cierto es que la Justicia no parece alentar la continuidad. La sindicatura a cargo de la quiebra, encabezada por el estudio Risso, Plastina y Asociados, dejó entrever en sus últimos informes una postura pesimista respecto a una eventual viabilidad de la cooperativa.

"No se puede proyectar la continuación. Ya no se cubría antes, ahora menos", ratificaron a iProfesional fuentes del ámbito judicial que llevan adelante la ejecución del proceso.

Ante el temor de que se concrete finalmente el desalojo, el subdirector general de coordinación técnico institucional de la AFIP, Guillermo Michel, reiteró el 10 de septiembre pasado el pedido de revocatoria de la quiebra y la "inmediata continuación" de la explotación.

El reclamo pone en evidencia la preocupación de las autoridades por el caso Donnelley, pero también es una señal de la contienda que, por estas horas, tiene lugar en los tribunales, dónde el oficialismo busca evitar un fallo adverso.

De ahí que el impulso a la figura de la cooperativa sea la solución por ahora a un dilema que el Gobierno todavía no parece haber resuelto.