Shock, gradualismo y una "puerta tabú": el Gobierno avisa que sin crédito, el ajuste "será tremendo"

El ministro Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, remarcó que de no avanzar la derogación de la Ley Cerrojo en el Congreso se tendría que aplicar un "ajuste tremendo".

"Si no se aprueba la ley de los holdouts, sería muy complejo. Estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo que no lo queremos hacer. A algunos economistas les encanta el ajuste", recalcó.

El jefe de la cartera económica reiteró que el escenario económico se tornaría muy complejo en caso de que la Argentina no logre un financiamiento externo tal que le permita ir reduciendo el déficit de manera gradual.

"Hay que resolver el tema de los holdouts para volver a crecer y tener acceso al crédito", sostuvo Prat Gay.

"Sin crédito no se puede crecer. Ya está la ley en el Congreso pero la realidad es que no tenemos mayoría y no es lo mismo gobernar con o sin mayoría", remarcó.

En cuanto a los cambios planteados por la oposición para la ley cerrojo y de Pago Soberano, aseguró que el Gobierno "está dispuesto a ceder si es para mejorar, pero no a ceder por ceder".

En relación con el tarifazo, destacó que la mitad de los beneficiados con los subsidios eran los que más tienen: "Eso no era un subsidio, no era una política social, era regalarle la energía al que no había que regalársela".

En su visión, se subsanó una "injusticia" entre los consumidores de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano con el resto del país.

En otro orden, sostuvo que los despidos que se produjeron en los últimos meses "son parte de la herencia" que dejó el anterior gobierno.

"Uno miraba que en los últimos meses del año pasado había una caída muy fuerte de la actividad y después empezó a ajustarse el empleo", aseguró.

"Estamos en el peor momento, porque estamos cumpliendo con promesas. La luz no subió durante diez años mientras que todos los precios subieron un 700%. Claramente fue una decisión del gobierno anterior no resolverlo para que lo resuelva otro", dijo.

En cuanto a la suba de los valores de los bienes y servicios, expresó que "hubo inflación porque el Banco Central le daba a la maquinita. Después Boudou le dio a la maquinita privada, porque se quedó con Ciccone y cuando lo descubrieron mandaron una ley al Congreso para nacionalizar Ciccone".

"Ahora a la vez estamos corrigiendo otras cosas: el dólar, algunos precios. Va a tomar un tiempo, pero estamos en el camino trazado, en el plan que anunciamos. Creemos que para la segunda mitad del año se habrán acomodado varias cosas".

En relación con el tipo de cambio, señaló que los argentinos "nos tenemos que acostumbrar a que el dólar pueda subir y bajar y que no pase nada. Debería ser una preocupación menor".

Por otro lado, expresó su satisfacción a raíz de que se pudo cumplir la promesa de campaña de levantar el cepo rápidamente.

Por ahora, recesión e inflación 
El economista Daniel Artana, de FIEL, sostuvo que la información disponible de las primeras semanas del año sugiere que la economía transita una recesión moderada con alta inflación.

Para este analista, "la aceleración observada en el índice inflacionario era predecible".

"Una suba del dólar del 60% y los aumentos en las tarifas de la energía eléctrica necesariamente debían reflejarse en el índice de costo de vida. Más si se lo compara con la inflación reprimida de finales de 2015", añadió.

También señaló que "el traslado a precios de la devaluación 2015/2016 fue muy inferior a lo observado a finales de 2013 y comienzos de 2014".

El economista afirmó que para una inflación similar (del orden del 11 a 12%), la devaluación actual fue más del doble de la registrada en aquella oportunidad.

"Eso es el reflejo de una política monetaria y fiscal más prudente comparada con la fuerte expansión de hace dos años atrás, que permitía augurar un traspaso completo a precios en pocos meses, como de hecho ocurrió", dijo.

En relación con el conflicto con los holdout, consideró que un arreglo "abrirá las puertas para el financiamiento del déficit fiscal y para la salida gradual propuesta por el Gobierno".

"La colocación de deuda interna y externa, incluyendo los pagos asociados a la salida del default, rondarían este año los u$s35.000 millones. De ese total, la mayoría sería emitida en el exterior, dado el tamaño reducido del mercado local de capitales", precisó.

Por otro lado, Artana sostuvo que "el shock real negativo que recibió la Argentina por la combinación de la caída en el precio de las commodities y la crisis en Brasil han complicado el frente externo argentino".

Para el economista "de ahora en más, el desarrollo de la economía debe ir acompañado de un aumento en la inversión privada y pública de rentabilidad social positiva y de las exportaciones".

"Ello es lo que brinda la capacidad de repago de las deudas con el exterior que puedan contraer el sector público y los privados", precisó.Agregó que sin esa transformación estructural, los riesgos se potencian.

"Debe evitarse el endeudamiento externo para financiar sobre empleo público, un sistema previsional quebrado o la expansión de sectores privados ultra-protegidos", concluyó.

Tema tabú
En la Argentina es un tema tabú, pero empiezan a escucharse las voces de funcionarios y de operadores del mercado financiero que ya lo consideran inevitable el regreso a la toma de créditos con el Fondo Monetario Internacional.

Tal como diera cuenta iProfesional, los primeros pasos ya están dados: sin mucho ruido, el Ministerio de Hacienda cumplió con uno de los requisitos para normalizar la relación con el organismo.

Publicó en su página web oficial el "country report", que contiene el diagnóstico de los técnicos del país respecto de la economía argentina.

Ya antes se había admitido un requisito del artículo IV. Es decir, que economistas del FMI tuvieran acceso a monitorear las cuentas nacionales.

La depuración del Indec y el anuncio de un nuevo índice de inflación nacional para mediados de año completó la lista de asignaturas pendientes.

Claro que falta la parte más importante: la de la plata. Ejecutivos de bancos de inversión con sede en Wall Street -que siguen de cerca la situación argentina- confiaron a iProfesional que el acercamiento se da casi por descontado.

Con la situación fiscal que los funcionarios y hasta el propio Presidente describen con suma crudeza y, encima, con las urgencias cambiarias que quedaron al descubierto, la necesidad de contar con "dólares frescos" resulta imperiosa.

A pesar de que el mundo se asombra del monto de emisión de bonos que tenía en carpeta Alfonso Prat Gay -u$s15.000 millones-, lo cierto es que muchos creen que no será suficiente.

A fin de cuentas, la mayor parte irá inmediatamente a las arcas de los acreedores. 

Y, mientras tanto, hay que atravesar el momento más delicado del ajuste sin abandonar el camino "gradualista".

No obstante, como lo admitió el propio ministro, la forma de evitar incurrir en un "ajuste brutal" es el crédito externo.

Lo que hoy en día quedó en evidencia es que aquella "lluvia de dólares" que había pronosticado Macri no ocurrió. En la campaña electoral llegó a decir que la misma iba a ser de tal magnitud que el problema que iba a enfrentar la Argentina no iba a ser la suba de la cotización sino, más bien, cómo frenar la caída.

Habiendo transcurrido tres meses de la nueva gestión, existe incertidumbre sobre la llegada de inversiones tanto para la economía real como en el plano financiero. Al menos, en cantidades suficientes como para cerrar el agujero de las cuentas públicas.

En otras palabras, al Gobierno le resultará muy complicado conseguir financiamiento adicional al que saldrá a buscar sólo para pagarles a los holdouts.

En ese contexto, hay un prestador de dólares disponible -polémico para muchos- pero que cobra la tasa más baja del mercado.

Cada entidad paga al organismo una cuota que, en el caso de Argentina, es de u$s2.940 millones.

De acuerdo con el reglamento del propio FMI, el acceso anual del que dispone cada nación equivale al 200% de la misma.

Quiere decir que, al día de hoy, el Gobierno macrista tendría disponible una ventanilla para hacerse de casi u$s9.000 millones a lo largo de 12 meses.

La condición establecida es que el plazo de devolución del crédito es de entre tres años y medio y cinco años y que habría que hacer pagos trimestrales.

Transcurridos tres años del acuerdo, el endeudamiento no puede exceder el 600% de la cuota que un país abona al FMI.

Para la Argentina, supone la friolera de u$s20.000 millones. En otras palabras, ése es el límite que podría pedirle Macri al Fondo Monetario a lo largo de su mandato.

Dadas las necesidades de la Argentina, ese monto no luce para nada despreciable.

Además de lo tentadora que resulta esa cantidad, el otro tema crucial es la tasa de interés: apenas el 1,05% anual en dólares.

"Casi nada", si se tiene en cuenta que por una colocación de deuda hoy se tendría que afrontar un costo al menos seis veces superior: entre 6,5% y 8% anual, dependiendo los montos y plazos.

En definitiva -si fuera por una lógica eminentemente económica y financiera-, no caben dudas de la conveniencia de recurrir al organismo para financiar el rojo fiscal. 

Los interrogantes y cuestionamientos pasan por el lado político.

A fin de cuentas, el recuerdo de las misiones con los funcionarios del FMI llegando a Ezeiza y siendo recibidos por una multitud de cámaras de TV (una imagen recurrente desde los años '80 hasta el 2002) todavía provoca alergia en muchos argentinos.

De manera que es ahí donde está centrado el debate interno del Gobierno: la definición del "timing" político y la manera más adecuada de comunicar el tema.