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Por dólar alto, suba de tasas y críticas del FMI, el Gobierno freeza el plan de obras público-privadas

Las obras de infraestructura bajo el sistema de Participación Público-Privada eran clave para el macrismo. Sin embargo, decidieron posponerlas
16/11/2018 - 05:46hs
Por dólar alto, suba de tasas y críticas del FMI, el Gobierno freeza el plan de obras público-privadas

El sistema de inversiones en obras de infraestructura conocido como PPP (Participación Público-Privada), al cual Mauricio Macri le había puesto todas las fichas para desatar la demoradísima lluvia de inversiones, quedará suspendido “hasta nuevo aviso”.

El Gobierno está enfocado ahora en que, al menos, se pongan en marcha las obras que ya fueron licitadas, por un total cercano a los 10.000 millones de dólares.

Pero lo cierto es que en las empresas no muestran ningún optimismo. Ni siquiera consideran que se esté en condiciones de cumplirse con la primera etapa.

Lo cierto es que los principales empresarios de la obra pública escucharon de boca del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que el programa se discontinuará “hasta nuevo aviso” una vez que se pongan en marcha las iniciativas que ya fueron otorgadas.

La decisión se relaciona con el fuerte incremento en el costo del financiamiento, que en la práctica no hizo otra cosa que ahogar el plan. Pero no todo obedece a los problemas que se abrieron en el frente financiero. 

En simultáneo, el caso de los “cuadernos de la corrupción” terminó por darle el golpe de gracia al sistema.

Sucede que varias de las compañías constructoras líderes de la obra pública quedaron involucradas en esa investigación de sobornos, y los bancos internacionales se niegan a apalancar estos proyectos.

Y, por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional dejó saber su opinión negativa sobre el sistema del PPP.

Los funcionarios del organismo les dijeron a sus pares del equipo económico que la experiencia internacional en esta materia no ha sido buena y que, en caso de continuar, el Gobierno quedaría expuesto no sólo a problemas financieros sino también a situaciones conflictivas que podrían terminar en el tribunal internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 

Como ha quedado demostrado en otras cuestiones vinculadas a las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, el Gobierno prefiere no ir en contra de las opiniones del Fondo en este contexto de fragilidad económica.

Adiós a la gran apuesta

De momento, en el calendario oficial sólo figura la posibilidad de que, por fin, se comiencen loe proyectos ya adjudicadas. Y otras dos, muy puntuales, que serían licitadas recién el año que viene: una obra ferroviaria en Vaca Muerta y otra relacionada con el transporte de electricidad de media y alta tensión, que serviría para ampliar el sistema de energía renovable. Cada una de esas iniciativas implicaría inversiones por unos u$s500 millones.

En el mejor de los casos, el programa PPP llegará hasta ese punto. La decisión del Palacio de Hacienda ya está tomada. “Hasta nuevo aviso” reiteran, cuando potenciales inversores le preguntaron días atrás en su despacho hasta cuándo durará la medida. 

La realidad es que la crisis le jugó una mala pasada al plan oficial. Con los precios actuales de los bonos argentinos, el financiamiento de las obras tendría valores astronómicos.

Para tener una idea: el costo sería equivalente al interés que rinden los bonos de la deuda más un adicional de 4,5 puntos. Esto arroja un nivel de entre un 14% a 15% anual, cerca de un 50% más que antes de la corrida cambiaria. 

En momentos previos al salto del “riesgo país” y de las tasas de interés, el costo para financiar las obras rondaba 9% a 10% anual (“riesgo soberano más un adicional de 2,5 puntos). Es decir, era otra Argentina.

El sistema PPP, con los inversores privados apostando por la obra pública en el país fue tomado en cuenta por la administración Macri desde el comienzo. Sin embargo, y muy trabajosamente, el Gobierno recién pudo avanzar este año con las licitaciones de algunos proyectos.

Las seis obras viales que ya deberían estar en marcha involucran inversiones por u$s9.970 millones. Pero el proceso se demoró a causa de la devaluación y la revelación de supuestos hechos de corrupción (causa de los cuadernos), que involucran a las principales constructoras del país.

En este contexto, Macri está en problemas: a las demoras en el PPP -muchos proyectos debían ponerse en marcha en julio- y al freno inminente de esta herramienta, se suma la "poda" en gran parte de la obra pública pautada para los próximos meses, debido al compromiso de tener que cumplir con el déficit fiscal cero. 

El último intento para no congelar todo

Hay un último intento para que lo pautado se realice, pese a todos los contratiempos: el Gobierno viene de crear un fideicomiso, que servirá para financiar ese paquete de iniciativas que vienen demoradas.

El fideicomiso estará a cargo del Ministerio de Transporte, aunque en la práctica será administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dirigido por Francisco Cabrera.

Este fideicomiso tendrá la misión de canalizar los préstamos de los bancos internacionales a las compañías. Se supone que esta intermediación liberará, por fin, a las entidades financieras, que se mostraban reticentes a hacer negocios con constructoras sospechadas en casos de corrupción.

En la mira quedaron Cartellone; Vial Agro; JCR y Rovella Carranza, que forman parte de los consorcios a cargo de los seis corredores viales en los que se dividieron los PPP y que también tienen como protagonistas a otras empresas como Paolini; Helport (del grupo Eurnekian); Green S.A; Panedille; Eleprint; Copasa y el grupo asiático China Construction América.

Para darle transparencia al proceso, también se involucró al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, se autorizó, por decreto, la validez de tribunales internacionales para el supuesto de eventos litigiosos. Eso sí, el Gobierno tomó la precaución de dejar a salvo las reservas del Banco Central, dejándolas a resguardo de eventuales pedidos de embargo.

La apuesta está sobre la mesa: el Gobierno trata de empujar la realización de las iniciativas ya pautadas, en medio de la campaña electoral. A pesar de que ya tomó la decisión de fondo, que es dar por terminada esta experiencia de las PPP.

¿Hay alguna chance de que, ahora sí, se realicen los proyectos ya programados y licitados? Alejandro Einstoss, especialista en el sistema PPP e integrante del CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural), así responde: "Es un escenario muy desafiante. Lo sigue siendo, aun cuando se haya creado el fideicomiso. No soy optimista en este proceso hasta que no se resuelvan los problemas macroeconómicos y se encamine el caso de los ‘cuadernos’. Mi visión es compartida por la mayoría de quienes somos testigos de este plan, lamentablemente".

Para el próximo año, que es electoral, el Gobierno confía que llegarán inversiones por u$s1.200 millones para el inicio de las seis obras viales otorgadas.

Para asegurarse que esta vez sí se hagan los trabajos habrá fondos extras que provendrán de los impuestos sobre el gasoil y del cobro de peajes.

El plan abarca iniciativas para modernizar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de autopistas, rutas seguras y obras especiales.

Lo que parece claro es la “interna” en el seno del Gobierno sobre las PPP. Por un lado, está Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, quien es un fuerte impulsor del programa, aun a costa de los aumentos de los costos financieros.

Del otro, se ubica el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que en varias reuniones con empresarios e inversores les adelantó que el plan PPP se suspende “hasta nuevo aviso”, una vez que se pongan en marcha los proyectos iniciados y se liciten las otras dos energéticas.

Así es como se frena la que fue una de las grandes apuestas de Macri para reactivar la economía.