En un ambiente de fuerte hermetismo, los representantes de los líderes del G20 (sherpas) avanzaron en las últimas horas en la definición de su agenda política al encabezar su última reunión antes de la cumbre prevista en Costa Salguero. Allí, entre este viernes y el sábado, los jefes de Estado intentarán acordar en su declaración final un compromiso sobre varios puntos, entre los que figura el “futuro del trabajo”, una de las prioridades fijadas por Mauricio Macri para promover nuevas formas de empleo y marcos institucionales bajo la premisa de adaptar el mundo educativo y laboral a los avances tecnológicos. 

La coincidencia entre los intereses del Gobierno y esa agenda internacional quedó de manifiesto en la conferencia de prensa que Macri dio junto a su par francés, Emmanuel Macron. Allí, Macri dijo que la legislación argentina está atrasada respecto de los cambios que se están previendo en la forma de trabajo y que deja obsoleto el marco legal heredado del siglo XX.

"Es obvio que necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a esta revolución tecnológica. Necesitamos una legislación que nos acompañe, que proteja la capacidad de mejorar y que no quiera proteger lo poco que tenemos, que no alcanza", remarcó el Presidente.

Lo cierto es que el tema laboral es uno de los capítulos entre los parece haber más acuerdo entre los líderes del mundo, en comparación con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. O el conflicto geopolítico que enfrenta a las potencias, incluidos los países de la Unión Europea y Rusia, por el acceso a recursos naturales, el desarrollo de inversiones en infraestructura y su posicionamiento estratégico en el mapa global. 

Por estas horas, la idea de quienes manejan los borradores es incorporar las recomendaciones elaboradas en septiembre pasado en Mendoza por los ministros de Trabajo y Educación.

En su declaración conjunta, los funcionarios diagnosticaron que la innovación tecnológica implica “desafíos y oportunidades” en materia de empleo, por lo que proponen construir “puentes” entre la educación y el trabajo mediante nuevas habilidades del siglo XXI como la “flexibilidad”, la “colaboración” y el “emprendurismo”, las que a su vez deberían ser acompañadas de reformas educativas y pasantías, junto con programas de primer empleo.

“Lo que ya consensuaron los ministros de Trabajo y Educación es lo que va a ir en el comunicado final probablemente”, reconocieron a iProfesional fuentes oficiales cercanas a las negociaciones.

La agenda laboral, que abarca la inclusión de las mujeres, personas con discapacidad y los jóvenes, coincide con las iniciativas que intentó impulsar Macri en Argentina. Ese es el caso del proyecto de primer empleo, las nuevas pasantías, cambios en la legislación laboral y contratos más flexibles como la figura del trabajador autónomo e independiente. Todas esas iniciativas quedaron frenadas en el Congreso por la resistencia del sindicalismo duro, encabezada por los Moyano.

En los últimos días, sin embargo, el Gobierno avanzó en reformas parciales. El oficialismo logró rebajar la categoría de los enfermeros y aprobó la reconversión de los terciarios en la Ciudad (Ley Unicaba), mientras que en la Provincia se prevé el cierre de cursos y del ingreso a carreras terciarias.

El conflicto en Aerolíneas, por otra parte, enfrentó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con los gremios aeronáuticos, que el lunes paralizaron los servicios en rechazo al anuncio de 379 suspensiones y reclamos por paritarias. Se trata de una pelea va más allá del sector público ya que la reducción de subsidios y el avance de las “Low Cost” ejerce una presión combinada sobre los sindicatos para negociar a la baja sus convenios en todas las aerolíneas.

La cumbre del G20 serviría ahora para dotar de un mayor respaldo a las políticas de Cambiemos en la palestra internacional, mucho más amigable para Macri que el ámbito nacional, en donde el viernes una fuerte protesta contra los líderes mundiales desafiará el operativo inédito dispuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que sitió la Ciudad.

“Muchos puntos del G20 están en sintonía con nuestra agenda laboral, en la reforma laboral figura el proyecto de la agencia de formación y las nuevas formas de empleo”, señaló a este medio un funcionario. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió el freno a esos cambios hace pocos días frente a supermercadistas. Fue la condición que exigió la central obrera, junto con un bono de fin de año y un mecanismo de preaviso en los despidos sin causa que aún no fue reglamentado. A cambio, el sindicalismo suspendió una nueva huelga general antes de la cumbre.

Tironeos en el G20

Mientras tanto, la discusión sobre las medidas que debe promover el G20 para impulsar el desarrollo y el empleo generan tironeos a nivel global. Luego de las más de 50 reuniones que mantuvieron en el año los grupos de afinidad (negocios, laboral, mujeres, ciencia, think tanks, juventud, civil) y los ministros de diversas áreas, la aproximación de la cumbre reavivó el interés de empresarios y sindicalistas por influir en la declaración final.

Con esa intención, el “canciller” de la CGT, Gerardo Martínez, y el vice de la UIA, Daniel Funes de Rioja, le entregaron el miércoles al Presidente los últimos documentos de las centrales sindicales (Labour20 o L20) y el grupo empresario (Business20 o B20).

En su declaración de 85 páginas, los empresarios recomiendan flexibilizar la legislación laboral, modificar los sistemas de protección social y reducir los impuestos para disminuir la informalidad, así como fortalecer las pasantías para incorporar a los jóvenes y facilitar los contratos independientes y autónomos. Uno de los que estuvo a cargo del capítulo laboral fue el CEO de Globant, Martín Migoya, quien el jueves participó del cierre del B20 y que representa el estereotipo de “emprendedor” de Cambiemos, con una firma que cotiza en Wall Street y que en su propia casa lidera uno de los pocos sectores de la economía que crece pese a la crisis.

En la otra vereda, los centrales sindicales cuestionan que los líderes del Grupo de los 20 se hayan enfocado en el crecimiento desde la crisis financiera de 2008, “ignorando en gran medida que una escasa minoría acumula la mayor parte de los beneficios, mientras que la gran mayoría constata cómo sus ingresos se estancan o incluso se reducen”, según reza la declaración del L20. El caso de Argentina parece ser una combinación de lo peor de los dos mundos: los datos de septiembre de la secretaría de Trabajo muestran que el salario real cayó 9,6% y se perdieron 70.000 empleos en la comparación interanual, mientras que la actividad cayó 5,8% en el mismo período según el INDEC.

Para mitigar la concentración de la riqueza, el Labour 20 propone en su declaración aplicar un salario mínimo ajustado al costo de vida, la libertad sindical y la negociación colectiva. Asimismo, piden el refuerzo de la protección social, la eliminación de la precariedad, el trabajo informal, la esclavitud y el trabajo infantil, junto con el abordaje del cambio climático, el trabajo decente y digno, y una transición inclusiva a la economía digital.

“Nosotros manifestamos que el cambio tecnológico tiene que ser con protección de derechos, una transición justa, vamos a reinvindicar derechos laborales”, señalaron a iProfesional fuentes de la CGT.

Algunos estudios estiman que más de la mitad de los actuales trabajos van a cambiar significativamente o desaparecer por entero, producto de los cambios en computación, mecánica y bioquímica que ponen en riesgo un mayor espectro de tareas respecto de oleadas de modernización previas. Si bien los especialistas recomiendan ser precavidos sobre estas estimaciones, los estudios sobre robotización muestran que el riesgo de la pérdida de empleo es alto para aquellos rutinarios y manuales. Pero el fenómeno de la “uberización” de la economía también pone en guardia a los sindicatos por el temor a la pérdida de derechos laborales.

Con la reforma laboral trabada, el Gobierno optó por demorar la regulación de las plataformas digitales que en Argentina emplean a cerca de 100.000 personas como monotributistas. La secretaría de Promoción, Protección y Cambio tecnológico creada a principio de año se reunió con empresarios y el mes pasado recibió al nuevo sindicato del personal de aplicaciones (APP) luego de encabezar una nueva protesta.

El gremio reclama el pago de un seguro total por robo, ART, monotributo e ingresos brutos, además del uso de internet que hacen repartidores y choferes de plataformas. Pero los funcionarios reconocen que aún “no hay nada para anunciar”. Mientras tanto, los cuatro referentes de la entidad fueron bloqueados la semana pasada por Rappi y ya iniciaron juicio por considerarse despedidos.