El rubro inmobiliario sintió el impacto de la devaluación y así lo registraron los números del sector. En ese marco, y en pos de reimpulsar el mercado, el Gobierno decidió bajar impuestos para que también disminuzcan los precios de las viviendas.

Así, los desarrolladores que construyan viviendas de hasta 140.000 UVA (equivalentes a u$s113.000) no pagarán el 10,5 por ciento del IVA, una baja que, según los propios constructores, se trasladará luego a los precios. Algunos estiman que la disminución de los valores podría ser de un 10 por ciento.

Con esta medida, el Gobierno busca impulsar la construcción de unidades destinadas a personas que las compran como primera vivienda, publicó La Nación.

El beneficio ya figura en los artículos 96, 97, 98 y 99 de la ley de presupuesto 2019, pero resta la reglamentación de la AFIP que definirá cómo funcionará.

La discusión que mantiene el sector con el Gobierno es si ese beneficio no se pagará -como sucede con el sector de la energía renovable- o si los constructores deberán abonarlo y luego les será reintegrado.

La exención se aplicará a los proyectos iniciados a partir del 1° de enero pasado o los que tengan un grado de avance que no supere el 25 por ciento y siempre que finalicen como fecha tope en diciembre de 2022.

Además, la exención no será ilimitada: regirá hasta una cantidad máxima de 60.000 viviendas a nivel nacional, acotada a un máximo de 3.000 unidades en el caso de las iniciadas antes de 2019.

Desde el Gobierno indican que el régimen será parecido al RenovAr, que da beneficios a proyectos vinculados con energías renovables, y que la idea es incentivar al desarrollador privado para que se aboque a construir para los sectores medios.

"Esta fue una medida muy pedida por el sector porque por la cuestión fiscal el segmento de ese tipo de departamentos no sería negocio. Y si además se suman las provincias estableciendo exenciones en el impuesto de sellos e Ingresos Brutos estaríamos hablando de un gran impulso, como lo que se promueve en Colombia o en Chile por un tiempo determinado", señalaron a La Nación.

En esa línea, señalaron que en el Uruguay existe una ley de vivienda social por la cual si los constructores hacen unidades en zonas específicas de Montevideo tienen una exención total del IVA y del impuesto predial.

"La exención hará que las viviendas sean más accesibles, además de generar un incentivo para la construcción de proyectos nuevos para la clase media o media baja", se afirmó desde la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) a La Nación.

Según se informó, los proyectos alcanzados no van a estar limitados geográficamente ni tampoco se estipula una cantidad de ambientes, sino que la única restricción es el precio.

La iniciativa del Gobierno también podría impulsar que los desarrolladores que se stockearon de tierra en barrios accesibles, pensando en la demanda que compraba con crédito UVA antes de la devaluación, se animen a iniciar los proyectos.