La ley de economía del conocimiento está muy bien, la aplaudieron casi todas las fuerzas políticas y sumó consensos como pocas veces ocurre en el país. Pero no es suficiente para promover a las diversas actividades involucradas ahora. Para que la ley impulse y haga historia la Argentina y su macro deberán acomodarse. De lo contrario, de nada servirá tener un régimen que puede ser superado por la estabilidad económica de cualquier país de la región.

Fue una de las observaciones que hicieron dos de las principales empresas de software y servicios informáticos que operan en la Argentina, Globant y la filial de la india Tata Consultancy Services (TCS), desde dos lugares diferentes: el unicornio argentino como beneficiario de la ley de promoción del software que vencerá el próximo 31 de diciembre; la firma asiática como una de las que prefirió no adherir a esos beneficios aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.

"Creemos que si bien no hay regímenes de promoción similares en otros países, no basta sólo con la norma, hay que complementar con decisiones en otras áreas. Cuando se trae plata a la Argentina no se puede sacar por las regulaciones actuales, y eso genera dificultades financieras con la casa matriz y un entorpecimiento que hace que se mire con recelo al mercado", dijo a iProfesional, Renzo Parodi Guastavino, head de legal para América latina de Tata.

A esta empresa, como a la mayoría de las filiales con casas matrices establecidas en otros lugares del mundo, les cuesta explicar ciertas coyunturas argentinas. Y eso no hace más que dificultar decisiones vinculadas básicamente con nuevos negocios e inversiones que suelen tener que ver principalmente con la contratación de personal, el principal insumo de la industria del conocimiento.

Lo sucedido en los 15 años de ley de promoción del software provocó que las exportaciones pasaran de u$s200 millones a casi u$s1.800 millones, en la última medición del año pasado, de acuerdo a datos del Observatorio Permanente del Software y Servicios Informáticos (OPSSI).

Hacia adelante, la expectativa es que por cada peso de promoción fiscal el Estado recaude $1,75, de acuerdo a una estimación de crecimiento de empleo del sector del 5,7% anual, según datos de Argencon, la entidad que nuclea a las empresas del conocimiento.

Si este pronóstico se cumple, la nueva ley aportaría u$s1.000 millones de superávit fiscal en el período de 10 años en que se extiendan los beneficios, entre 2020 y 2030. El objetivo es que, en este lapso, las exportaciones alcancen los u$s15.000 millones.

Esta mirada optimista hacia adelante se basa en el buen desempeño del sector en estos términos hacia atrás. A nivel laboral el impacto fue también significativo, y acá radica su valor.

"Medir el impacto de la ley de promoción es difícil, pero sí influyó un montón, especialmente en términos de personal contratado. En 2004 trabajaban unas 20.000 personas en el sector. Hoy son más de 120.000 profesionales de esta industria, que realizan un trabajo registrado. El que no está registrado es el del profesional que trabaja por su cuenta pero esto es relativo porque trabaja con una cuenta en el exterior y la tiene blanqueada", sostuvo, por su parte, Néstor Nocetti, co-fundador de Globant.

El ejecutivo sostuvo que el crecimiento del sector fue de 13% año a año, y que sin dudas fue la ley del software la que logró ese objetivo.

Cuando esa norma sumaba sus primeros años, distintos sectores comenzaron a pedir tener un mismo régimen de promoción. El argumento, en todos los casos, era que los beneficios extendidos permitirían la expansión de las diversas actividades económicas.

Así se llegó al proyecto presentado por el Ejecutivo en marzo y aprobado por el Congreso apenas un par de meses más tarde. "Del lado del software se entendió que había que ceder para sumar a otros sectores", sostuvo Nocetti, en un panel que compartió con Guastavino durante la jornada de economía del conocimiento que organizó Marval O´Farrel Mairal, en donde se expusieron los requisitos para acceder a la promoción y los beneficios que otorga su acceso.

Pero los beneficios que la norma vino otorgó desde 2004 a la fecha se fueron diluyendo de la mano del surgimiento de nuevos impuestos. "En los últimos años, con tanto aumento de la carga tributaria el beneficio fiscal no se notó", advirtió el directivo de Globant, en directa alusión a la decisión del año pasado de aplicar retenciones a las exportaciones de servicios informáticos.

Y ese punto es el que, sin haber gozado de este beneficio, es sobre el que pone el acento el ejecutivo de TCS.

Estabilidad más allá de la ley

"Cuesta explicar que esta ley traerá estabilidad. Y el contexto actual no ayuda aún cuando esta ley se haya pensado en otro entorno de país. Las autoridades no tienen pleno conocimiento de cómo se mueve el mundo de la tecnología", agregó Guastavino.

Ese mundo se mueve por efecto del talento y la disponibilidad de recursos. También por su costo. Pero no es ese vector sobre el que se apoya la industria del conocimiento argentina, más allá de que los valores actuales del dólar pueden otorgarle mayor competitividad.

La escasez de talento es global, no exclusiva de la Argentina. Las empresas se ubican en donde hay buenas universidades y suficientes personas con capacidad para ingresar al mercado laboral. La Argentina califica muy bien en esos aspectos. Pero la macro la tira abajo.

Y a esto se suma esa falta de conocimiento existente en los ámbitos de decisión. Enfrente, en Uruguay, la industria del software y los servicios informáticos tiene arancel cero. En Chile y Colombia no hay tales regímenes de promoción como el local.

Tata no adhirió al régimen de promoción del software porque la matriz los llevó a hacer las cosas de manera distintas y contratar personal. Consideró el ejecutivo que la norma actual tiene mejoras aunque habrá que ver la evolución. "En nuestro caso, el punto será cómo haremos para regresar divisas", apuntó.

Esos son los aspectos que generan desconfianza. Qué tanto puede pesar un régimen de promoción cuando el resto de las medidas que se toman a nivel económico entorpecen parte del movimiento que genera ese sector.

"Los regímenes son muy buenos pero al echarse a andar necesitan de otras normas, cuando no aparecen otras resoluciones", sostuvo el ejecutivo de Tata, también en relación a lo que significó la aplicación de las retenciones.

Tanto Guastavino como Nocetti destacaron de la nueva norma, la 27506, el impulso a la creación de más trabajos en todo el arco de la conocimiento del conocimiento. Es el punto que más destacan quienes promovieron esta nueva ley, bajo el argumento de que es lo que necesita el país: crear trabajo.

Para eso tiene que ser competitiva, no sólo por la existencia de un régimen sino también por el entorno de país.

"La Argentina tiene que competir con los polos de inversión, tal como el de la zona franca uruguaya. Porque en ese caso se está yendo contra impuesto cero, en un país que tiene talento. Acceder a los beneficios fiscales, en definitiva, es igual a tener un sistema tributario razonable, que es lo que la Argentina no tiene", dijo a iProfesional, María Inés Brandt, socia de Marval O´Farrel Mairal.

El tema no es menor porque "la Argentina compite por inversiones con otros países. Las empresas están buscando en dónde invertir", enfatizó la experta, quien tuvo a su cargo durante la jornada la exposición de los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a los beneficios de la nueva norma.

Según datos de la OMC en el sexenio 2012-2017 la tasa de crecimiento de la industria del conocimiento en Corea, Letonia, Polonia, Israel, Filipinas, tomados como países de referencia de esta actividad, fue mayor al 8% anual, llegando a superar el 12% en los casos de Costa Rica, Rumania, indicó un informe de Argencon. Esta cifra triplica la tasa de crecimiento media de las economías de esos países

Y tal como lo dejaron expresado los directivos de las empresas que comentaron sus casos y experiencias, el hecho de no poder usar los dólares que se genera con trabajo argentino genera mucha incertidumbre. Demasiada para cuando llega el momento de tomar decisiones.

Porque, tal como también quedó expresado por los participantes al encuentro, las dudas ya no sólo si voy a poder disponer de las divisas para tener dividendos. La falta de certezas pasa por si se podrá pagar a los proveedores. Entonces, si esto no es posible, ¿cómo será poder encarar un proyecto?

Estos fueron los planteos que dejaron los ejecutivos y que fueron compartidos por quienes participaron de la jornada. Más allá de los beneficios, de las posibilidades de generar trabajo y divisas, tal como plantean los promotores de la ley ¿hasta qué punto eso se podrá cumplir con tantas regulaciones externas que terminan impactando en esas actividades?