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El Gobierno pretende ahorrar $480.000 millones: estos son los sectores que van a pagar el costo del ajuste

El Gobierno pretende ahorrar $480.000 millones: estos son los sectores que van a pagar el costo del ajuste
La letra chica del nuevo esquema fiscal del presidente Alberto Fernández ya definió quiénes van a pagar el costo de la emergencia
Por Juan Manuel Barca
26.12.2019 06.17hs Economía

El plan de emergencia empezó a regir y ya se avizora quiénes serán los sectores que realizarán el mayor esfuerzo. Luego de su aprobación en tiempo récord y su publicación en el Boletín Oficial, las autoridades ahora tendrán amplias facultades para renegociar la deuda externa, emitir títulos a través del BCRA y la ANSES, elevar las retenciones, bajar contribuciones patronales y reformular el cálculo de las jubilaciones.

Con esas medidas, el equipo de Martín Guzmán confirmó a iProfesional que busca obtener fondos por 1,5% del PBI (una cifra cercana a los $480.000 millones con un PBI proyectado de $32 billones) para equilibrar el déficit heredado de la gestión de Macri, que sería de hasta 1 punto del producto si no se hubiera modificado nada.

No será fácil: los economistas prevén una caída del producto de entre el 1% y el 2,5% en 2020. El objetivo inmediato que asoma en el plan es recomponer la caja fiscal mediante una mayor recaudación y una eventual reducción del peso del sistema previsional en el gasto público, hoy cercano al 60%. 

Aunque Alberto Fernández aseguró que no hay un "congelamiento" de las jubilaciones, ese rubro es el que genera más polémica. Por caso, el anuncio previo del bono extraordinario de hasta $5.000 por enero y diciembre representa un 0,14% del PBI, es decir, más de $45.000 millones.

Según datos de ANSES, se trata de 4,7 millones de jubilados que cobran el haber mínimo de hasta $19.068 de un universo de 7,3 millones. En cambio, los 2,6 millones de titulares de prestaciones superiores -más de un tercio- no recibirá nada hasta marzo. Otorgarles el mismo bono hubiera demandado fondos extra por $25.000 millones.

El hecho de que sea una suma fija también descomprime las cuentas públicas. Al tratarse de un beneficio temporal por dos meses, el Ejecutivo se abstiene de generar gastos permanentes en materia de jubilaciones y asignaciones sociales. Una señal que es valorada por los acreedores, pero que tiene como contracara un alivio transitorio, limitado a las categorías más bajas y que recupera solo lo perdido en los últimos tres meses.

La suspensión de la movilidad por seis meses y su reemplazo por aumentos por decreto, por otra parte, permitiría compensar parte del bono. "Los bonos para los jubilados de la mínima equivalen a adelantar los aumentos que debían otorgarse por movilidad. El no ajuste en otros tramos (haberes superiores a la mínima) durante el primer semestre compensa el costo de los bonos de los haberes mínimos", señaló la consultora LCG en un informe reciente.

Todo depende de lo que haga el Gobierno en los próximos meses con los haberes y lo que ocurra con la inflación. Para este año se esperaba que el ajuste de la fórmula sumara hasta un 51%, por encima de una inflación del orden del 40%. El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, se reunirá en los próximos días con Guzmán para determinar si el incremento por decreto previsto para marzo será una suma fija o variable.

"El aumento de marzo va a favorecer particularmente a los sectores vulnerables, pero esta medida alcanza a todos los jubilados", explicó el lunes en una conferencia de prensa en donde anunció una baja en las tasas de los créditos a jubilados y beneficiarios de planes de 42 a 31%. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en tanto, aseguró que la primera suba será una suma fija del 11,54% en línea con el porcentaje devengado por la ley de movilidad ahora suspendida.

Así las cosas, todo indica que se tratará de un aumento escalonado que esta vez alcanzará a los haberes medios y seguirá el esquema de "redistribución" aplicado con el bono, con distintos porcentajes de aumento. De esa forma, los ajustes discrecionales le permitirían al Gobierno destinar menos fondos que los insumidos por el sistema previo que actualizaba a todas las escalas por igual.

Luego, en junio, restará por ver si el ajuste es del 15%, como estaba previsto en el cálculo anterior, y una comisión del Congreso deberá definir la nueva fórmula de movilidad. La decisión que tome la Rosada será clave.

Por ejemplo, según los cálculos del Iaraf, una recomposición real del 20% anual solo en los haberes mínimos representaría un 0,5% del PBI, mientras una recomposición igual para todas las escalas saltaría al 1,7%, comiéndose el superávit proyectado por Guzmán.

Por ello, este capítulo podría ser una de las principales variables de ajuste el resto del año. Las decisiones adoptadas permiten avanzar en uno de los objetivos más ambiciosos del ministro de Economía: la desindexación del gasto público mediante la suspensión de los ajustes automáticos. Y, además, abren la puerta a expandir las fuentes de financiamiento interno.

La principal es la colocación de títulos por hasta 1,4% del PBI -unos $450.000 millones adicionales- en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El Banco Central, a su vez, está autorizado para prestarle u$s4.571 millones -casi un punto del PBI- al Tesoro para pagar deuda. La cifra es sugestiva: representa el 40% de los intereses totales que se preveía pagar en el presupuesto presentado por Macri para el año próximo y un tercio del saldo comercial previsto de la Argentina.

Perdedores y ganadores

Los cambios que logró aprobar el Gobierno permiten aumentar la recaudación para 2020 y atender dos frentes importantes. Por un lado, los mayores gastos para hacer frente a la crisis y poner plata en el bolsillo de los sectores más golpeados. Por otro, el resultado fiscal, algo clave en la negociación con los acreedores privados. La idea es lograr el equilibrio en las cuentas y mostrar la capacidad para cancelar los compromisos de deuda.

De ahí que los impuestos constituyen otro aspecto fundamental de la estrategia oficial. Solo el tributo del 30% a la compra de dólares para ahorro y las compras con tarjetas en el exterior aportará medio punto del PBI o $160.000 millones.

En otras palabras, el ajuste recaerá sobre los asalariados y la clase media, que son los que pueden comprar hasta u$s200 por mes, así como a aquellos sectores con capacidad para realizar viajes al exterior.

Además, la recaudación se verá alimentada por Bienes Personales, con la duplicación de las alícuotas y el establecimiento de un 2,5% para quienes poseen bienes en el extranjero. Estas dos medidas dirigidas a sectores medios y altos podrían contribuir con hasta un 0,4% del PBI. A lo que hay que sumarle los impuestos a los autos, motos y embarcaciones y al cheque, que serían compensados por los cambios en Ganancias que disminuyen la renta financiera.

En definitiva, todo el paquete de impuestos en su totalidad aportará 1% del PBI.

El campo es el otro sector que aportará recursos por un valor similar con el aumento de las retenciones. La emergencia autoriza a elevar la alícuota de la soja al 33%, por encima del tope del 30% autorizado en los días previos, mientras que el resto de las alícuotas se elevan del 12% al 15%. El argumento es que las sucesivas devaluaciones mejoraron los ingresos del agro.

Pero su efecto sobre la caja se verá limitado por el colchón que hicieron las cerealeras. La aceleración de las exportaciones en los últimos cinco meses de 2019 previo a la asunción de Fernández redujo el saldo inicial exportable para 2020.

"Esto disminuye también el impacto del aumento de las retenciones – que en lo inmediato se aplicarán sobre exportaciones menores a las esperadas hace unos meses- en definitiva, exportaciones que hubieran permitido recaudar 0,5% del PBI durante 2020 ya ocurrieron durante 2019 (a alícuotas más bajas", advierte la consultora Elipsis.

El nuevo esquema tiene entre los grandes ganadores a los bancos, un sector que por el momento no fue alcanzado por las medidas pese a que en campaña Fernández lo usó como blanco de sus críticas. Entonces, el candidato dijo que iba a priorizar a los jubilados por sobre las entidades financieras y las LELIQs.

En la city, en tanto, los banqueros se quejan del tributo sobre los bienes en el extranjero y advierten que desincentiva a los ahorristas a ingresar los cerca de u$s300.000 millones en cajas de seguridad en Argentina. 

Los anuncios, sin embargo, sugieren que la estabilidad financiera es una preocupación central de las autoridades en un escenario atado con los alambres del cepo para evitar una nueva disparada del dólar.

Las petroleras y mineras también se acomodaron entre los ganadores. Ambas lograron una rebaja en las retenciones a las exportaciones. Apenas asumido Fernández, el decreto 37/19 que eliminó el tope de 4 pesos por dólar a los derechos de exportación supuso una suba del 6,7 al 12%. Luego, cuando se presentó el proyecto de emergencia, se hablaba de subirlas al 15%, pero la propuesta fue rápidamente modificada y concluyó con un tope máximo del 8%. El mismo tratamiento recibirían las mineras.

Junto con el campo y los bancos, estos rubros fueron los que más crecieron durante el macrismo, pero en este caso además son los que el Gobierno identificó como los mayores generadores de dólares. En esa lista también entran los servicios, economías regionales y bienes industriales, que se vieron beneficiados con una alícuota diferencial de hasta el 5% en las retenciones. Estas actividades además generan empleo, el otro objetivo que estaría detrás de la estrategia oficial.

En tanto, las empresas energéticas, que se subieron al podio en la gestión anterior con la dolarización de las tarifas, podrían compensar eventuales pérdidas con subsidios por un 0,3% del PBI, unos $96.000 millones del Presupuesto. Luego de que Macri les congelara las tarifas antes de las PASO, Fernández decidió extender esa medida por seis meses más. Todo dependerá de las tarifas que se renegocien en los próximos meses.

Por último, los mercados recibieron los cambios con subas en los bonos y las acciones medidas en dólares. La ley en ese sentido autoriza facultades para negociar la deuda al Ejecutivo y garantiza recursos para cancelar compromisos, sin cuestionar la "herencia".

"No se ha concluido como parte del proceso de negociación la posibilidad de revisar lo ocurrido con el endeudamiento macrista a afectos de identificar las irregularidades que el mismo parece haber tenido", advirtió el economista del Frente de Todos Claudio Lozano.

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