Después de dedicar la semana pasada a la visita del FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, retomó su agenda con un ojo puesto en la definición del salario mínimo, vital y móvil. Ese valor de referencia, hoy en $16.875, pasó a tener una influencia considerable en el Presupuesto en momentos que el Gobierno busca reducir el gasto ampliado por la pandemia.

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este miércoles para actualizar el monto de dicho piso salarial, en un ambiente marcado por el fuerte incremento de la pobreza al 40% y las presiones devaluatorias. De no haber un acuerdo, el Ministerio de Trabajo podría definir en forma unilateral un aumento en torno al 30%, una cifra a medio camino entre las pretensiones de los empresarios y el sindicalismo.

En la cartera encabezada por Claudio Moroni aseguran que el objetivo es "poner en valor el salario mínimo". "Hoy no tiene mucho peso en la economía real, sino que es más una referencia para programas sociales y el seguro de desempleo", reconocen en su entorno. La idea es que el ajuste esté alineado con las paritarias, que este año fueron postergadas para el segundo semestre con subas de entre 12% y el 37%.

Al Consejo están invitados 32 representantes de la parte empresaria y sindical. Sin presencia en ese órgano tripartito, Guzmán está interesado en lo que allí se defina. Por empezar, el piso mínimo es una variable con impacto en los ingresos por debajo de los de convenio y es una referencia para los trabajadores informales. Pero también influye en partidas del Estado, ahora bajo la lupa de un ministro preocupado por "normalizar erogaciones".

La actualización del salario mínimo impacta en los ATP, que consisten en hasta dos ingresos de ese tipo por empleado.

Por empezar, repercute en el piso de las remuneraciones de los docentes, que deben ser ser un 20% superior. Y en la jubilación mínima de los adultos mayores con 30 años de aportes, cuyo haber es el 82% de dicho ingreso por la reforma previsional de 2017. Asimismo, incide en unos 570.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que perciben la mitad del mínimo.

El Gobierno sostiene además el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que consiste en el pago de hasta dos salarios mínimos por empleado en las empresas privadas. En la última etapa, el subsidio alcanzó a 135.000 empresas y a casi 1,5 millones de trabajadores por un monto total de $27.000 millones.

De ese total, 30.000 empresas con 300.000 trabajadores solicitaron la ayuda en forma de crédito por registrar una recuperación nominal en la facturación del 40%. Así, desde el inicio del programa, el Estado destinó $212.000 millones al sector privado, del que quedan $37.000 millones todavía por ejecutar, según datos de octubre de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En el Ejecutivo reconocen que el salario mínimo impactará en los próximos meses en el ATP, la segunda mayor partida después del IFE dentro de las medidas de emergencia. Pero su peso sobre el gasto ya empezó a disminuir a partir de la reducción de beneficiarios y la conversión creciente del programa en préstamos blandos. En 2021, incluso, la previsión es que el paquete Covid ya no estará en el Presupuesto.

Si bien el Ministerio de Producción es quien define los criterios del ATP, Guzmán tendría la última palabra en el uso de los recursos. Su área es la que definió una "ligera" mejora del salario real del sector público para el 2021, después de autorizar este mes una suba del 7% a los empleados de la administración nacional que totalizó un aumento de entre el 12 y el 25%. La meta es bajar el déficit al 4,5% el año próximo.

Desde el 2015 a la actualidad, el salario mínimo perdió un 43% de su poder adquisitivo.

El ajuste definido por el Consejo del Salario sirve, por potra parte, para estimar el pago del Repro, un subsidio que en el 2020 recibieron 190 empresas con 22.037 trabajadores. El programa consiste en una suma fija mensual remunerativa de hasta un salario mínimo por trabajador por hasta 12 meses para completar el sueldo de su categoría en empresas que acrediten una situación de crisis. 

Desde fines de 2015, la remuneración mínima aumentó de $5.588 a $16.875. La última actualización fue en julio del año pasado, cuando el Gobierno de Mauricio Macri dispuso un aumento escalonado en tres pagos que concluyó en el valor vigente desde octubre pasado. Así, el incremento fue del 200% frente a una inflación del 354% (IPC Ciudad), lo que representa una pérdida del 43% del poder adquisitivo.

Por las dudas, dentro de la cartera laboral prepararon un video para mostrar la caída del salario mínimo experimentada durante el macrismo. Todavía falta el OK final para su aprobación. Tampoco se descarta la presencia de Alberto Fernández en la apertura del debate. La foto serviría para reforzar el espíritu del "pacto social" reflotado la semana pasada ante las crecientes tensiones en la economía.