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Por inflación y despidos, empleadas domésticas piden aumento de hasta el 100%, bono extra y otro IFE

La negociación comenzó esta mañana en medio de protestas. El Gobierno prevé una suba del 27%, pero los gremios rebeldes dicen que es insuficiente.
25/11/2020 - 13:00hs
Por inflación y despidos, empleadas domésticas piden aumento de hasta el 100%, bono extra y otro IFE

Los gremios de las trabajadoras de casas particulares iniciaron este miércoles a las 11 la paritaria de la actividad con el pedido de un aumento salarial de hasta el 100%, un bono extraordinario y la continuidad del IFE, un beneficio que percibían muchas empleadas domésticas por ser uno de los sectores asalariados de menores ingresos y más afectados por las restricciones durante la pandemia.

Las negociaciones se llevan adelante por zoom en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde algunos sindicatos convocaron protestas. De ese espacio participa el titular del organismo, Roberto Picozzi, ocho gremios en representación de 1,4 millones de trabajadoras y dos entidades por los empleadores.

"Nosotros pedimos 113 por ciento para no quedar abajo de la línea de pobreza", dijo a iProfesional Matías Isequilla, asesor legal de la Unión de Trabajadores Doméstticos y Afines (UTDA). De esa manera, buscan que el salario de la categoría inferior (con retiro) supere el valor actual de canasta básica que marca la línea de pobreza y que en octubre fue de $39.735 para una familia de tres personas.

Las empleadas domésticas cobran un ingreso inferior al salario mínimo y sufrieron 600.000 despidos.

En lo que va del año la comisión estableció un incremento del 10% en dos tramos, después de obtener una suba del 30% en 2019, por debajo de una inflación del 53,8%. Así, el salario mensual para la primera categoría quedó fijado en $17.785 (con retiro) y $19.777 (sin retiro), lo que implica que en el primer caso un ingreso inferior al salario mínimo, hoy en $18.900.

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) anticipó el pedido de una recomposición del 40% y un plus del 10% para la zona austral por zona desfavorable. El gremio vinculado a la CGT y liderado por Carlos Brassesco busca que el nuevo acuerdo hasta mayo de 2021 se aproxime a la inflación prevista para este año, que se estima entre el 35 y el 40%.

Con más de la mitad de los votos en la comisión, la definición dependerá del Gobierno, en donde esperan que se defina una suba cercana al 27% en línea con el aumento del salario mínimo acordado con la CGT y la CTA. "Recién por la tarde se llegará a una definición", anticiparon a este medio desde la cartera laboral. Pero los sectores rebeldes aseguran que ese incremento es insuficiente.

El Ministerio de Trabajo busca que la paritaria cierre en torno al 27%, en línea con el aumento del salario mínimo, vital y móvil.

"Esta comisión en lugar de garantizar salarios y derechos laborales para que podamos vivir ha hecho siempre lo contrario: mantiene salarios de indigencia, hoy por debajo del salario mínimo. Cobramos menos que el salario mínimo que en marzo será de $21.000. Le reclamamos a Picozzi, presidente de la Comisión, una recomposición del 100%", dijo María del Carmen, vocera de Trabajadoras de Casas Particulares En Lucha, uno de las organizaciones que se movilizó junto a UTDA a la sede de Alem.

Otro de los reclamos es la continuidad del IFE, un subsidio de $9.000 que recibián muchas trabajadores del sector, el pago de $30.000 para 600.000 despedidas y el control del trabajo no registrado. La cuarentena tuvo un gran impacto en el sector teniendo en cuenta que la categoría más baja (tareas generales) fue considerada actividad no esencial y solo estaban habilitadas aquellas empleadas categorizadas en tareas de cuidado a personas.

En ese marco, sufrieron suspensiones sin cobro de haberes, despidos pese a la vigencia de su prohibición por decreto y el adelanto de vacaciones. Y crecieron las denuncias de cambios de categorías fraudulentas para posibilitar que las trabajadoras circulen, sin otorgárseles un ingreso suplementario. "La alta informalidad (de alrededor del 70%) desprotege a las trabajadoras de todos los derechos relacionados con despidos, licencias, etc", señaló la Upacp en un informe difundido por el Ministerio de Trabajo.

Subsidios, adicionales y controles

La UTDA presentó un pliego con los siguientes puntos:

* Incremento de las remuneraciones mínimas de las distintas categorías profesionales de la actividad en al menos un 113%;

* Inclusión de los empleadores de trabajadoras de casas particulares en ATP

* Inclusión de las despedidas en la cuarentena (600.000, según INDEC) entre los beneficiarios del Fondo por Desempleo o, en su defecto, crear ua prestación equivalente específica para el sector;

* Bono extraordinario por única vez de naturaleza remunerativa para las trabajadoras que desarrollan tareas de cuidado y asistencia de personas (4º categoría) que prestaron tareas durante el aislamiento, no inferior a un salario básico correspondiente a dicha categoría ($19.777);

* Continuidad y universalización del pago a todas las trabajadoras de la actividad del IFE, como así también su mensualización, su extensión temporal por al menos 6 meses y su mejora cuantitativa –cuando menos— a niveles del salario mínimo, vital y móvil;

* Adicional por antigüedad del 1% del salario básico de la categoría que corresponda por cada año trabajado, en los términos oportunamente acordados en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares celebrada en Córdoba el 25/06/2019;

* Adicional por presentismo del 10% del salario básico de la categoría que corresponda para las trabajadoras que se ausenten al trabajo sin justificación como máximo una vez por mes;

* Adicional por viáticos obligatorio y de naturaleza remunerativa no inferior a los $ 150.- (pesos ciento cincuenta) por cada día efectivamente trabajado; 

* Campaña nacional de control y fiscalización tendiente a la regularización laboral y previsional de las más de un millón de trabajadoras del hogar que actualmente prestan tareas de manera informal o, como vulgarmente se denomina, "en negro";

* Investigación de la procedencia fáctica y jurídica de las modificaciones de categorías laborales registradas durante el aislamiento por los empleadores del sector ante los organismos fiscales y previsionales y de los permisos de circulación expedidos en su consecuencia, y su eventual sanción administrativa y/o penal.