Las tarifas de los servicios públicos están congeladas desde hace casi un año, los subsidios han recuperado participación en el PBI y se espera que en marzo de 2021 se inicie una revisión de esos valores.

Todo hace suponer que el aumento que se aplique próximos meses estará muy atado a la definición que tome el Gobierno en cuanto a su derrotero fiscal, que parece va a priorizar una reducción del déficit y una baja en el gasto social importante.

Dura tarea tiene por delante la gestión de Alberto Fernández, que intentará lograr un equilibrio que proteja a los sectores sociales más vulnerables, reduzca los subsidios y permita garantizar un nivel de rentabilidad aceptable a las empresas.

"Es esperable que el Gobierno intente implementar aumentos diferenciados de modo tal que el ajuste tarifario no impacte de igual manera en todos los sectores sociales", asegura el economista Camilo Tiscornia, Director de C&T Asesores Económicos, en diálogo con iProfesional.

Estima que el aumento tarifario promedio de los servicios ronde el promedio de inflación que se trazó en el presupuesto 2021, que es del 30% anual. No obstante, respecto de su aplicación, prevé que se podría realizar de manera escalonada (por ejemplo, con un esquema del 5% mensual), que no todas las personas lo paguen en igual medida y que no se vaya a dar el mismo el incremento en agua, gas y electricidad que en telecomunicaciones.

"Los servicios públicos básicos cuentan con subsidio estatal, por lo cual su ajuste tarifario está íntimamente relacionado al ajuste fiscal y los objetivos de reducción del gasto que el gobierno debe implementar, mientras que la telefonía e Internet no reciben fondos públicos y la suba está directamente asociada al nivel de rentabilidad de las empresas", explica Tiscornia.

Las tarifas se descongelarán y tendrán un impacto en la inflación.

La segmentación, una tarea difícil

En lo que respecta a la segmentación por sectores de ingresos, el economista señala que el kirchnerismo ya ha intentado esta estrategia en otra época y que una de las dificultades que enfrentó en ese momento es cómo identificar a los hogares de bajos recursos.

Según su opinión, la segmentación por nivel de consumo no es eficiente y resulta un método poco preciso, ya que, por ejemplo, un hogar con muchas personas pero con escasos ingresos consume más que un hombre mayor que vive solo en Recoleta y con un nivel de vida elevado.

Una opción válida para establecer parámetros de segmentación social podría ser el entrecruzamiento de información de ingresos y asistencia social de ANSES, que está disponible y se ha actualizado fuertemente a principio de año para el otorgamiento del IFE.  Sin embargo, Tiscornia considera que no es bueno aplicar un esquema de precios diversos de servicios públicos. Lo mejor es cobrar lo mismo a todos y dar algún tipo de subsidio por el pago de servicios.

Un tema central en estos tiempos es calcular qué incidencia podrá tener en el Índice de Precios al Consumidor de INDEC el aumento de servicios. La incidencia de agua, gas y electricidad ronda el 3% en forma directa y a eso hay que sumarle lo que puede venir a través de las expensas, ya que muchos ciudadanos pagan un extra por esa vía. Eso puede elevar el total de participación a 4% en el Gran Buenos Aires (en el Interior, en tanto, ronda el 4,5% en algunas regiones como en NOA).

Luego, el transporte público, tiene una fuerte presión también, sobre todo en CABA, donde llega al 4% de la canasta, y las telecomunicaciones toman el 2,8%. Entonces, entre telecomunciaciones, electricidad, gas y agua y transporte público, representa el 10% del índice, lo que equivaldría a un impacto del 3% de modo directo en la inflación en caso de darse un aumento del 30%.

Precios: los aumentos en los servicios presionarán sobre otros rubros.

El impacto indirecto del aumento

No obstante, a esto hay que sumarle la inflación indirecta que se paga en el consumo de alimentos, por ejemplo, que eso ya es una incidencia en segunda vuelta. Sobre este punto, Isaac Rudnick, director del Instituto De Investigación Social, Económica Y Política Ciudadana (ISEPCI), que realiza un seguimiento de los precios de los productos de la canasta básica, prevé que el aumento de los servicios impacte en el precio de los alimentos, como es habitual.

"Las causas de los aumentos de precios de los alimentos son: la volatilidad del dólar, la eliminación de ciertos ítems de la lista de los precios cuidados y el incremento de los precios de los combustibles, así como la suba de los servicios públicos", detalla. Explica que la incidencia de los servicios públicos en el costo de los distintos tipos de alimentos es diferente, dependiendo de las categorías. Congelados, por ejemplo, tiene un alto nivel de incidencia de la electricidad. En los alimentos frescos, el agua y electricidad pesan mucho. Y en los panificados el gas es una variable importante.

El especialista señala que, en los últimos meses, los alimentos han tenido mayor incidencia en la suba de la inflación. Como se ha venido anunciando, señala que este rubro han sido el motor de la inflación en los últimos meses y ha mantenido un aumento incesante.

En este sentido, prevé que este año terminaremos con un promedio mensual cercano al 4% de inflación y señala que esto implica un arrastre para los primeros meses del año que viene que rondará el 3% mensual.