El potente alegato de Cristina Kirchner en la audiencia pública sobre la causa "dólar futuro" dejó en claro lo que todos habían presumido en el discurso de Alberto Fernández del 1° de marzo ante el Congreso: que la vicepresidente, más convencida que nunca de que hay una persecución judicial en su contra, está dispuesta a hacer del "lawfare" un tema principal en la agenda política.

Su acusación directa a los jueces por interferir en procesos electorales, por ser cómplices de políticas económicas perjudiciales para la población y por complicarle la vida a dirigentes progresistas alcanzó un nivel inusitado.

"Ahora los argentinos deben 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables, no miren para otro lado, porque ustedes causan climas en la república Argentina, que impactan en agentes económicos y así estamos", les dijo directamente a los jueces de la Cámara.

Y, con la seguridad que le daba el hecho de contar con un informe favorable a cargo de peritos de la Corte Suprema de Justicia, calificó a esta investigación como "un leading case" en casos de persecución política a cargo de fuerzas mediático-judiciales.

Ya en 2016, cuando por primera vez tuvo que concurrir a Comodoro Py para responder ante el fallecido juez Claudio Bonadio sobre la causa "dólar futuro" había recurrido a los ejemplos históricos como el de Hipólito Yrigoyen, preso tras ser derrocado en 1930. Una comparación ante la cual la Unión Cívica Radical contestó ofendida.

La ex presidente pidió que la audiencia fuera abierta a los medios, de manera de que su defensa fuera, al mismo tiempo, un contraataque político. Lo hizo sabiendo que de todas las investigaciones judiciales en su contra, la del "dólar futuro" siempre fue una de las más endebles, dado que implica judicializar la toma de decisiones económicas, algo cuestionado por funcionarios de todos los bandos.

De hecho, durante la gestión de Macri, había discrepancias internas en el gobierno de Cambiemos, ya que funcionarios como Federico Sturzenegger no se sentían cómodos al tener que tomar medidas que, con los mismos criterios que se les aplicaba a sus predecesores, lo podrían afectar también a él.

Tanto fue así que, como recordó el ex ministro Axel Kicillof, Sturzenegger le consultó a Bonadio antes de pagarle a los acreedores que habían comprado los contratos de dólar futuro -en todo caso, una obligación del Banco Central, que en ese caso fue negociada-.

Irónicamente, Cristina mencionó a Sturzenegger al recordar que había sido uno de los funcionarios sobreseídos en la investigación del megacanje del 2001, y que luego había sido "el devaluador" que había disparado los precios -y los costos por los contratos del dólar futuro- en 2016.

Cristina Kirchner, en su defensa por la causa "dólar futuro", volvió a hacer una fuerte acusación al "lawfare"

La ayuda involuntaria a Macri

Pero lo curioso de la jornada es que acaso muchos de los argumentos planteados por Cristina y por su ex ministro Axel Kicillof hayan tenido un efecto contrario al buscado: al defender su derecho de manejar la política económica del país sin interferencias, también indirectamente beneficiaron al equipo económico de la gestión macrista.

Porque básicamente, lo que Cristina y Kicillof plantean es que las decisiones de política económica no pueden ser objeto de judicialización. Y así como en el caso del kirchnerismo se recurrió a herramientas como la venta de contratos de futuros o el cepo cambiario para conseguir un objetivo superior -la estabilidad cambiaria y de precios-, también el macrismo puede argumentar que el endeudamiento fue una decisión legítima para evitar males mayores.

Por caso, que la toma voluntaria de deuda se realizó como alternativa a una política de ajuste -dado el rojo fiscal de casi 4% del PBI heredado de la gestión anterior-. Y que luego, cuando empeoraron las condiciones del mercado de crédito a nivel global, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue para pagar a una tasa baja los créditos que iban a vencer.

De hecho, la propia Cristina captó que su argumento defensivo implicaba un arma de doble filo, cuando hizo referencia a que ahora en los medios de comunicación notaba una mayor cantidad de opiniones en el sentido de que la causa "dólar futuro" no estaba justificada porque las medidas económicas adoptadas con criterio técnico no implican responsabilidad penal.

"Sospecho que están diciendo esto a partir de que el Presidente decidió iniciar querella criminal por el endeudamiento que se tomó en 2018", dijo Cristina.

Es por eso que, en adelante, su estrategia consistirá en demostrar que ambos casos no son comparables, dado que en el caso de "dólar futuro" no hubo perjuicio económico mientras que Macri incurrió en violación de normas y además perjudicó las finanzas del país.

Lo cierto es que a Cristina no le resultará fácil sostener ese argumento. Primero, porque muchos instrumentos usados por el Banco Central, incluyendo los contratos futuros, implican un costo -un endeudamiento de hecho-. Pero, además, porque el acuerdo con el FMI en realidad no incrementó la deuda, sino que implicó cancelar deuda anterior por deuda nueva, a una tasa más baja.

Hablando en números, cuando "pasaron cosas" que llevaron a Macri a acercarse al FMI, Argentina tenía una deuda total de u$s320.000 millones, mientras que cuando dejó el gobierno, había ascendido a u$s323.000 millones. Es decir, una variación mínima.

En cambio, lo que sí varió fue la composición de esa deuda- los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo, que eran acreedores por u$s29.000 millones, ahora tienen exigencias por u$s73.000 millones-.

La ironía de Kicillof sobre el "permiso" de Comodoro Py

Como dijo Kicillof en la audiencia, es potestad de los Bancos Centrales regular el mercado, para lo cual pueden intervenir tratando de alterar los precios cuando creen que se alejan de sus metas de política monetaria y cambiaria. Kicillof, de esa manera, justificaba por qué el Central ponía contratos a $10 cuando en el mercado -incluyendo el de futuros de Wall Street- el dólar cotizaba a $16-.

Y remató su ponencia con un argumento de lógica irrefutable: si es un delito que un gobierno intervenga en el mercado financiero, entonces se debería juzgar a los presidentes de bancos centrales de todos los países o bien, cada vez que un titular del BCRA tiene que tomar una medida debe ir primero a Comodoro Py a preguntarle a un juez a qué precio debe vender, para saber si está dentro de la ley.

Y, recordó el ex ministro, este tipo de instrumentos que se usan para aliviar la tensión cambiaria "los usan todos, hasta lo hicieron los funcionarios de Macri".

No le falta razón al ahora gobernador bonaerense: ante las crisis, los funcionarios deben tomar decisiones que inevitablemente tienen su costo. Así como Sturzenegger generó la famosa "bola de Lebacs" para tratar de pelear contra la inflación y la presión inflacionaria, de la misma manera ahora el Banco Central a cargo de Miguel Pesce está armando la "bola de Leliqs".

De hecho, la emisión monetaria se duplicó en un año -en el contexto de la crisis por el Covid- y el Central triplicó el pasivo formado por letras y pases.

El objetivo, que tuvieron en su momento todos los funcionarios que condujeron el ministerio de Economía o el Banco Central no fue otro que evitar una devaluación o estirar el momento lo máximo posible. Un objetivo no judicializable -según el consenso que parece formarse entre los juristas- pero que sí puede ser pasible de críticas en el plano político y ético.

Axel Kicillof, como ex ministro de Economía, también participó en la audiencia y planteó que las medidas monetarias y cambiarias no pueden ser judicializables

El alto costo de la estabilidad kirchnerista

Nadie sabe esto mejor que Cristina y Kicillof. Por caso, en el verano de 2014 hubo un salto de 25% en el valor del dólar. Siguiendo el instinto kirchnerista, al principio se recurrió al argumento conspirativo -Kicillof dijo que la petrolera Shell había provocado la corrida- pero luego se admitió que el nuevo tipo de cambio era el correcto y ayudaba a la industria a recuperar su nivel de actividad.

Pero lo importante, para Cristina, era que su gobierno no devaluara y que la tensión le quedara al sucesor tras la elección de 2015. No fue fácil, pero entre Kicillof y Alejandro Vanoli lo lograron. Tuvo su costo, claro: por ejemplo, que la balanza de pagos del país dejara un déficit de u$s15.000 millones -casi el doble que el año anterior- y que alcanzara a tres puntos del PBI.

Tal situación es siempre el preludio de una devaluación, algo que sabían todos los candidatos del momento. La causa principal de esa tensión era el retraso cambiario ocasionado por la decisión de mantener al dólar por debajo de $10.

Y ese objetivo era posible gracias a varios métodos que podrán ser éticamente reprobables pero que no implican, en sí un delito. El primero es el "cepo" cambiario, que impedía el normal funcionamiento del mercado.

El segundo, claro, era la colocación de contratos de dólar futuro -por un monto que llegó a $70.000 millones-, de manera de restar presión al tipo de cambio.

Y, finalmente, con una serie de medidas para cuidar las escasas reservas del Banco Central. Algunas de esas medidas fueron francamente deshonrosas, como cuando se recortó a la ínfima cifra de u$s50.000 diarios los cupos permitidos para la importación e incluso dejar impagas algunas operaciones ya realizadas. Esto contradecía la justificación principal del cepo cambiario -que se había instaurado para canalizar los dólares hacia la compra de insumos industriales y evitar la fuga de capitales-.

Sin embargo, aun con el cepo, se registró ese año una fuga de u$s8.000 millones. Y las reservas del Central bajaron a un peligroso nivel de u$s 26.000 millones -aunque cuando se descontaba el swap chino prácticamente quedaban en cero-.

El momento más bajo de la políticar de "aguantar la devaluación" ocurrió cuando el Gobierno impidió a YPF la compra de dos empresas de petroquímica porque no permitió la salida de divisas por u$s122 millones, una cifra ridículamente pequeña para el tamaño de la economía argentina.

Lo más contradictorio es que mientras el Central mantenía una deuda de u$s9.500 millones con industriales y comerciantes, Cristina Kirchner se jactaba de la cantidad de gente que viajaba al exterior o compraba el "dólar ahorro".

En definitiva, aunque esa política cambiaria tenía el "lado B" de que paralizaba la economía, no dejaba de tener el atractivo -como saben todos los estrategas de campañas electorales- de ser intepretado como un cuidado en el ingreso de los asalariados.

Es en esa línea argumental que Cristina, en la audiencia por "dólar futuro", acusó a los jueces de querer favorecer electoralmente a Macri, dado que la investigación al Banco Central y el allanamiento a su mesa de dinero podría provocar una devaluación.  

Palos para Prat Gay y el riesgo del boomerang

Lo cierto es que, una vez hecho el recambio de gobierno, Cristina abandonó su apego a la cultura pesificadora y estuvo entre las primeras que vendieron sus ahorros en pesos y compraron dólares, los famosos billetes guardados en las cajas de seguridad del Banco Galicia. Algo que recordó Alfonso Prat Gay, en un tuit irónico: "Si buscan a quienes "fugaron los dólares" durante el gobierno anterior, empiecen por su jefa, la primera en confesar".

Prat Gay fue uno de los más criticados en la audiencia del dólar futuro. Irónicamente calificado por Cristina como "genio de las finanzas", la ex mandataria recordó que la tesis de Prat Gay era que una devaluación no tendría un impacto fuerte sobre los precios, porque éstos ya tenían incorporado el tipo de cambio blue. "Minga, el precio era 9,74 cuando yo dejé la presidencia y los precios estaban a ese valor", dijo Cristina.

Y, profundizando su argumentación, dijo que si hoy el Gobierno no puede aumentar las jubilaciones es "porque estamos endeudados hasta acá".

Es ahí donde, involuntariamente, Cristina puede estar dando pie para ayudar a Macri. Porque la realidad es que las jubilaciones ganaron poder adquisitivo con la reforma de la fórmula indexatoria de 2017. Y que el endeudamiento fue una consecuencia directa del déficit fiscal provocado durante la gestión kirchnerista.

Por caso, Guido Sandleris, último titular del BCRA macrista, afirmó: "El Gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande (3,8% del PBI en 2015). A partir de 2018 la fuerte corrección del déficit fiscal permitió reducir la velocidad de endeudamiento y entregar un gobierno con un presupuesto casi equilibrado". Según el ex funcionario, dos de cada tres dólares de deuda tomados por Macri tuvieron como destino pagar deudas heredadas.

Argumentó además que el préstamo tomado con el FMI fue utilizado no para fugar capital sino para pagar deuda que estaba por vencer.

Y otro ex funcionario, Hernán Lacunza, cuestionó otro de los argumentos técnicos del Gobierno: el de que ahora se esté en un proceso de desendeudamiento.

Escribió que el año pasado la deuda aumentó más que en el promedio de la era macrista, porque la suba fue de u$s21.000 millones contra u$s17.800 millones que tuvo cada año del cuatrienio de Macri como promedio. Pero lo más inquietante es que pronosticó que esa deuda irá creciendo.

Lo cual hace que el alegato de Cristina tenga el riesgo de volverse un boomerang: el mercado cree -y lo demuestra en los niveles de riesgo país- que está en crecimiento el riesgo de devaluación y de que tener dificultades para pagar la deuda. Lo cual pone a sus propios funcionarios en una postura incómoda, al ser pasibles de que se les aplique el mismo tipo de acusaciones que ella plantea para los ex funcionarios macristas.