Mañana miércoles será clave para evaluar la nueva etapa de las restricciones al movimiento de gente. Se cumplirá el quinto de los nueve días de confinamiento, pero el primero por fuera del feriado "extra large".

¿Cuántos comercios abrirán sus puertas en las distintas ciudades que atraviesan una situación de alarma epidemiológica? ¿Qué harán los monotributistas, autónomos y trabajadores informales, que necesitan salir a la calle en busca del sustento diario? ¿Harán caso del pedido oficial para "quedarse en casa"?

El Gobierno nacional hizo una urgente convocatoria al confinamiento alarmado por la extensión de los contagios y de los fallecimientos, y del nivel de saturación del sistema sanitario, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, como así también en distintas localidades de los distritos del interior.

Sin embargo, lo hizo sin un anuncio simultáneo de asistencia social relevante, al estilo de lo que se hizo el año pasado, en el comienzo de la cuarentena.

En aquel momento de confusión y alarma, el Estado puso a disposición los ATP (programa de pago de salarios complementarios al sector privado), el IFE de $10.000 para casi nueve millones de personas y créditos subsidiados. Uno de los más requeridos fue el crédito a "tasa 0" mediante la tarjeta de crédito.

Esta vez no hay nada de eso. Alberto Fernández tomó la decisión de acompañar la estrategia de su ministro de Economía y -aun con el brote de la segunda ola de Covid-, los recursos volcados a la calle son mínimos respecto de lo sucedido un año atrás, cuando todo empezó, había mucha incertidumbre, pero de ninguna manera se había tocado las cifras récord de contagios y fallecimientos que se están viendo ahora.

Si Alberto F. decide en las próximas semanas volver a una "fase 1" con la que se está llevando a cabo, la cosa no será tan sencilla de administrar. Al menos en términos sociales y políticos.

El denominado "kirchnerismo duro" ya puso en juego sus deseos. En el inicio del día patrio, distintas figuras públicas referentes del kirchnerismo -encabezadas por la economista y diputada Fernanda Vallejos- hicieron un reclamo a Fernández a través de una "proclama del 25 de Mayo" para no pagar los próximos vencimientos con el FMI y el Club de París.

El ministro Guzmán recibe una fuerte presión desde el kircherismo duro

A lo largo de siete puntos en donde se postulan propuestas para negociar con los organismos internacionales, en la proclama se insta:

• Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria.

• Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.

• Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de u$s650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, aliviando las restricciones que limitan la atención de los graves problemas derivados de la pandemia Covid-19 y privilegiando la salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia, entre otros y no al pago de la deuda por capital , intereses o gastos.

La carta -de diez páginas- está firmada además por referentes del mundo sindical, del periodismo y actores. Algunos de los de mayor renombre: el secretario general de la CGT, Héctor Daer; Víctor Hugo Morales; el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; y el vicepresidente de la Unión Industrial (UIA), Guillermo Moretti.

Más presiones para Guzmán

Sin embargo, las mayores presiones que deberá atender Guzmán en las próximas semanas vienen desde el propio Gobierno nacional.

Aquellos funcionarios que vienen remarcando que Guzmán está llevando adelante una especie de ajuste fiscal "silencioso", que no sale en la portada de los medios, pero que tiene enorme importancia en el día a día, más tratándose de un año electoral.

Para los referentes K, el ministro está sobreactuando el ajuste al avalar una pérdida real sobre las jubilaciones y los salarios de los empleados públicos. Y también de la AUH. Son todo ingresos que están perdiendo contra la inflación. En el Instituto Patria creen que esta moderación puede orientar hacia un acuerdo con el FMI, pero conlleva el riesgo de un mal resultado electoral en las legislativas de este año. Ni más ni menos.

Todo en medio de una aceleración inflacionaria que empeora el poder adquisitivo de los salarios, justo el esquema contrario al buscado por la Casa Rosada desde principios de año, cuando el salto de los precios parecía más acotado y no existía la segunda ola de coronavirus.

De acuerdo a los datos oficiales, los ingresos fiscales vienen creciendo muy por encima del nivel del gasto público.

Mientras la recaudación de abril se duplicó respecto de la de abril 2020 (ese fue el peor mes de la cuarentena, con gran parte de la economía cerrada), el gasto del Estado apenas creció un 14%. La inflación interanual trepó al 46,3%. Ahí están los datos indesmentibles del ajuste de Guzmán. En ese contexto, el déficit fiscal del mes pasado fue de tan sólo 0,2%.

En un escenario de pandemia empeorada y con la posibilidad de más confinamientos por delante, el kirchnerismo reclama una actitud más proactiva del tándem Fernández-Guzmán.

El argumento radica en que el ministro tiene en su caja recursos que no incluyó en el Presupuesto 2021. Concretamente, los $223.000 millones que recaudó (hasta ahora) el impuesto a las "grandes fortunas". Y los $260.000 millones de la súper cosecha de soja, trigo y maíz, que muestran precios históricos, que le permiten a la AFIP una mayor recaudación vía las retenciones.

El ministro intentará atravesar las dificultades que impone la pandemia con el menor desvío posible de su plan

Sólo entre ambos ítem acumulan casi $500.000 millones, que el kirchnerismo pretende que Guzmán ponga en los "bolsillos" de los argentinos. Como dice la proclama del 25 de Mayo, existe el riesgo de que la ferocidad de la pandemia diluya la incipiente recuperación de la actividad económica.

De acuerdo a una estimación del economista Amílcar Collante, dado el mayor crecimiento y la mayor inflación, respecto de lo pautado en el Presupuesto 2021, ya le asegura a Economía alrededor de $150.000 millones.

Aun teniendo en cuenta que por estos nueve días de confinamiento, la recaudación impositiva de mayo se resienta en $100.000 millones -calcula Collante-, a Guzmán le están "sobrando" unos $550.000 millones. Que podría volcar a la economía, sin por eso desviarse de su pauta de rojo fiscal del 4,5% del PIB presentado en las negociaciones con el FMI.

Del otro lado, Collante estimó en unos $320.000 millones el gasto adicional por el Covid (que no estaba fijado en el Presupuesto 2021) ya sea por la compra de vacunas, la ampliación de la tarjeta "Alimentar", o el relanzamiento del Repro II.

¿Irá el ministro por esta opción liberadora de pesos, como le pide la porción mayoritaria de la coalición gobernante? ¿O esperará a que sea la realidad la que, en definitiva, le imponga una lógica flexibilidad ante la ola de contagios, a la espera de más cantidad de vacunas?

Hay un dato clave al que se aferra Guzmán: una mayor emisión monetaria podría ponerle presión al delicado equilibrio del mercado cambiario. Un escenario a no desatender a partir del inicio del segundo semestre, cuando se agoten las liquidaciones de la "super soja".

La experiencia del año pasado marcó al ministro: la sobreabundancia de pesos fue una de las causas de la disparada del blue, a finales de octubre, hasta los escalofriantes $195. Parece claro que el ministro intentará atravesar las dificultades que impone la pandemia con el menor desvío posible de su plan.

A poco más de 100 días de las PASO, sin embargo, el ritmo de las medidas lo pondrá la necesidad política de la coalición. El futuro, aun con la más voluminosa llegada de vacunas, está lleno de incertidumbres.