Un informe de la Fundación Mediterránea advirtió que en la última década, es decir, entre los años 2011 y 2021, creció en 800.000 la cantidad de personas que se encuentran desocupadas.

Además, que lo único que se expandió fue el empleo público, con unos 600 mil puestos adicionales, y el cuentapropismo con un crecimiento de 1,5 millones.

Argentina atraviesa un fuerte deterioro de la creación de "empleo de calidad", advirtió el informe del Instituto IERAL y destacó que entre marzo de 2012 y el mismo mes de 2021, la cantidad de empleados estatales creció de manera sostenida, con un acumulado del 24,4%.

Como contrapartida, el empleo asalariado privado alcanzó su máximo de contratación en abril de 2018 con 6,3 millones de trabajadores.

Luego comenzó un proceso de destrucción persistente del empleo privado, que se agudizó en 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus. En este sentido, la cantidad de puestos de trabajo privados perdidos sólo en los últimos tres años son unos 440.000.

Por otro lado, el informe alertó sobre un escenario de impacto negativo sobre el esquema laboral y previsional: "retornan las moratorias previsionales, tras una década con importante aumento en los beneficiarios de la seguridad social y un marcado deterioro en la creación de empleo de calidad".

Entre los años 2011 y 2021, creció en 800.000 la cantidad de personas que se encuentran desocupadas.

En la "última década estanflacionaria, la economía argentina exhibe cifras muy poco alentadoras en el mercado laboral", advirtió la fundación.

"En 2021 se registran 800 mil desocupados más que en 2011, pese a que desde entonces casi 2,5 millones de personas han pasado a la categoría de inactivas", indicó el instituto.

En los últimos 10 años "lo único que se expandió fue el empleo público (alrededor de 600 mil puestos adicionales) y el cuentapropismo (+1,5 millones), ya que se han destruido 136 mil empleos asalariados formales y 425 mil informales".

"Al mismo tiempo que se deterioraba la calidad del empleo, aumentaba en forma notable la cantidad de programas de ayuda social, caso de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo (AUH y AUE), que alcanzan actualmente a 4,4 millones de beneficiarios", especificó el informe.

"Un fenómeno análogo se dio en el plano previsional, haciendo que para 2016 los beneficiarios de moratorias superaran a quienes habían hecho los aportes exigidos por la ley", puntualizaron.

Sobre la nueva moratoria "Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado", destinada a mujeres que no cuentan con los aportes suficientes para hacerlo, el documento cuestionó: "se estima que 155 mil personas podrían acceder de manera inmediata, pero en lugar de canalizar el beneficio a través del PUAM, se ha decidido recurrir nuevamente al reconocimiento de beneficios contributivos, que dejan equiparadas a las personas que aportaron los 30 años que exige la ley con quienes no lo hicieron o lo hicieron sólo parcialmente".

En este sentido, según estimaciones propias del Instituto, el ahorro fiscal que habría significado aplicar un sistema como el PUAM, en lugar de las moratorias generalizadas instrumentadas desde 2005, es: "El fisco hubiese ahorrado un promedio anual de 122.887 millones entre 2006 y 2020, o 0,45% del PIB de 2020", indicó.

En tanto que el ahorro acumulado en 15 años ascendería al equivalente a 6,8% del PIB de 2020.

Por otro lado, desde octubre de 2020, la política económica "transita entre las intenciones del ministro Martín Guzmán de mejorar las cuentas fiscales, para evitar desbordes monetarios e inflacionarios a futuro, y aumentar la probabilidad de un acuerdo con el FMI, por un lado, y la presión del ala política del gobierno, por el otro".

"Los números de junio todavía juegan a favor de Guzmán, en el sentido que el aumento interanual de los recursos (90%) supera holgadamente a la inflación (50%), y ésta supera claramente a la suba del gasto (40%)", analizaron.

Sin embargo, advierten que junio "es el mes en el que comienzan a detectarse señales de cambio de tendencia, particularmente por el lado del gasto".

En la mayoría de los casos se observa que en junio las erogaciones aumentan más o caen menos que en meses previos, destacándose en este sentido las partidas de Personal, Jubilaciones, Otras Prestaciones Sociales, Subsidios económicos y Transferencias corrientes y de capital a provincias.

"Si se repitiese en el segundo semestre la estacionalidad fiscal típica de años anteriores, al final de 2021 debería verificarse un déficit primario de 1,6% del PIB, muy por debajo del 4,2% presupuestado para este año y del 6,5% observado en 2020", indicaron.

"Si así ocurriera, se trataría de una mejora considerable en la situación fiscal, que allanaría un acuerdo con el FMI", concluyeron.

Este escenario "se enfrenta con el hecho de que en septiembre y noviembre se desarrollarán elecciones de medio término, lo cual podría inducir mayores erogaciones, algunas ya anunciadas, y que comienzan a impactar desde julio, luego de las primeras señales registradas en junio".

En ese caso, alerta que el 2022 "requerirá ajustes y será difícil lograr que baje la tasa de inflación".