El saldo de la balanza comercial de julio dejó otra vez al desnudo uno de los principales talones de Aquiles de la economía argentina: la creciente dependencia de la compra de combustible.

Es una situación que preocupa en varios sentidos: el más urgente es porque insume divisas cada vez en mayor cantidad, que hace que se deba recortar de otros rubros; pero también porque presiona la situación fiscal y pone una nota de duda sobre la velocidad de la recuperación económica. En definitiva, se está transformando en uno de los peligros que impiden "tranquilizar la economía", como pretende el ministro Martín Guzmán.

El rubro de combustibles sube a un espectacular ritmo de 163% anual, por lejos el que lidera el crecimiento de las importaciones. En julio llegó a u$s718 millones, con lo cual ya representa un 12,6% del total de las importaciones.

En el acumulado de los primeros siete meses, estas importaciones -de gas, en su mayor parte- llegan a u$s2.999 millones.

Lo que empeora la situación es el hecho de que no solamente están aumentando las cantidades importadas sino también el precio de los combustibles, como consecuencia de la recuperación del petróleo en el mercado internacional.

Es así que en el rubro energético se combinó un incremento de 58,1% en las cantidades, pero a un precio un 67% más alto que el que se registraba el año pasado.

Para empeorar las cosas, el factor climático también jugó en contra, dado que la histórica bajante del Paraná implicó una disminución en la capacidad operativa de Yacyretá, lo cual forzó a un incremento en las comparas de gasoil y fuel oil, de manera de sostener el funcionamiento de las centrales térmicas, pero a un costo considerablemente mayor.

¿Tendencia a empeorar?

La gravedad de la situación queda algo disimulada por el efecto positivo de la exportación agrícola, que sigue siendo el "salvavidas" del plan económico, por su aporte a la estabilidad cambiaria y por la contribución a las arcas de Anses en forma de retenciones.

Eso fue lo que permitió celebrar en julio un superávit comercial de u$s1.537 millones. Pero el análisis del propio Indec aclara que, si hubiesen estado vigenes los precios del año pasado, entonces el sado sería algo así como la mitad, de u$s777 millones.

Es cierto que julio es, por motivos estacionales, un mes de alta demanda de gas, coincidiendo con el mayor uso doméstico en el invierno. Y se anuncia que en agosto se atenuará ese impacto.

Aun así, las estadísticas no dejan mucho espacio para el optimismo a corto plazo. Cuando se considera el "peso" de los combustibles en el total de importaciones, se observa que llegó a 12,6% y con tendencia a aumentar mes a mes.

Un año atrás esa relación era de 7,3%. Podría argumentarse que esa diferencia obedece a la parálisis económica que impuso la pandemia en 2020. Sin embargo, cuando se observan los números del 2019, el peso de la importación de combustibles también era menor que en la actualidad: se ubicaba en 11,3%.

Más allá de las variaciones coyunturales, lo que está detrás de estas cifras es un problema estructural: el país está nuevamente en situación de déficit energético, como consecuencia de la escasez de gas que está impulsando las compras desde el exterior.

Un informe de la Fundación Mediterránea destaca que, en la comparación con el año previo a la pandemia, la producción de gas cayó un 12,5%, mientras que la petrolera subió un 9,7%.

"En cuanto al gas natural, si bien existe un gran potencial a partir de la disponibilidad de recursos en Vaca Muerta, la oferta se encuentra limitada por la infraestructura del transporte hacia los puntos de consumo interno y por los cambios permanentes en las reglas de juego, en particular las asociadas al mecanismo de formación de precios y a las posibilidades de exportación", plantea el informe.

La caída en la producción local, agravadas por factores climáticos, obligó a incrementar las importaciones de gas

Anuncios para impulsar inversiones

¿Cómo seguirá este problema? En el sector privado no hay mucho optimismo. Las empresas del sector energético prevén importaciones de unos u$s3.550 millones, si se suman el gas natural que ingresa desde Bolivia, el fuel oil, el gasoil y el LNG. Implica un incremento de más del 50% respecto de las compras de combustibles realizadas el año pasado.

El Gobierno, mientras tanto, intenta compensar los costos de las empresas y llevar un mensaje optimista en cuanto a la producción futura. En esa política se inscriben los anuncios de la dirección de YPF sobre un incremento de la producción de más de un 20%, por las inversiones realizadas en el marco del "Plan Gas".

Quienes producen localmente están cobrando un precio similar al de importación, después de un acuerdo que reconoció a las empresas energéticas locales un 81% más de precio que hace un año. Por un lado, esto implica un incentivo, aunque por otro representa un mayor peso fiscal.

Por otra parte, se espera generar un impacto en las expectativas empresarias a través del nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, anunciado la semana pasada. El objetivo declarado es "resolver los desafíos del sector, generando incentivos que impulsen la inversión, sin dejar de atender el frente fiscal".

Se promoverán con incentivos fiscales proyectos que cumplan mínimos de inversión por hasta cinco años. Además, con permisos de exportaciones garantizadas que arranca a partir del 20% y puede incrementarse hasta 50% a medida que se aumente la producción.

Los funcionarios esperan que de esta forma se reduzca paulatinamente la compra de gas desde el exterior, y de esa forma evitar el sacrificio de divisas por unos u$s2.500 millones.

Pero, si bien son señales importantes, el Gobierno cuenta hoy con urgencias en el frente cambiario, y eso es lo que lleva a que desde el Banco Central se haga una férrea administración de las reservas. En otras palabras, que por el incremento en las compras energéticas se intensifica el control de las importaciones en otros rubros considerados menos estratégicos.

Los subsidios a la energía crecen a un ritmo de 53,9% anual y empiezan a complicar las cuentas fiscales

El retraso tarifario y la otra bomba fiscal

La política de congelamiento tarifario también hace lo suyo, porque incentiva a una mayor demanda justo en un momento de aumento de los precios. Esto ha hecho que, en lo que va del año, el rubro de mayor crecimiento en el gasto público sea el de subsidios energéticos. Según el reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el ritmo de crecimiento ya está en 53,9%.

En la misma línea, un informe del Instituto General Mosconi calcula en u$s6.000 lo que se lleva gastado por ese rubro. Un 65% de esa cifra obedece a transferencias a la mayorista eléctrica Cammesa, para cubrir la diferencia entre los costos de producción y lo que efectivamente de cobra. Otro 20% de ese gasto cubre la diferencia de precios en el rubro gas, en forma de transferencias al ente Ieasa -que tiene a su cargo el ingreso de gas desde Bolivia y la compra de gas natural licuado-.

El informe advierte que ese nivel de subsidio implica que el Estado está haciéndose cargo de de casi 40% del costo por lo que consumen los usuarios, un nivel alto, aunque todavía lejano al momento de mayor subsidio, hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner, cuando llegó a representar un 85% del costo total.

Cuando se aprobó la ley de beneficio extra para las zonas frías, ya hubo advertencias sobre los desincentivos a la oferta, en combinación con una mayor demanda.

Al respecto, un estudio de Salvador Gil y Roberto Prieto llegó a la conclusión de que en la Patagonia, a igual temperatura, los usuarios consumen el doble de gas que en otras regiones. Y agregan que eso incide en la forma en que se acondicionan los hogares: no se invierte lo suficiente en aislamiento ni otras formas de ahorro de energía.

Según el economista Nicolás Gadano, el esquema de subsidio patagónico implica un triple subsidio. El primero es el que reciben todos los consumidores del país, al pagar un precio menor al costo del gas, una diferencia que se cubre con el Plan Gas. El segundo es por un descuento de ese gas para la zona patagónica, dado que el Estado le vende a las distribuidoras a mitad de precio respecto del resto del país, una diferencia que termina pagando el Tesoro. Y el tercero es el descuento en el costo de transporte y distribución, de un 50%, que se paga con un fondo fiduciario creado en 2002.

El resultado de este esquema, que ahora se hará extensivo a cuatro millones de beneficiarios, es que el precio real que paga el patagónico es un 75% inferior al del resto del país. Con el detalle, naturalmente, de que el resto del país tampoco paga un precio real, sino que, de acuerdo a un ranking de la International Energy Agency, se abona un precio 77% inferior a la media.

Hablando en plata, los subsidios estatales a los servicios públicos totalizaron $143.000 millones en julio, con lo cual acumulan $639.000 millones en los primeros siete meses del año.

Esto implica que los subsidios ya representan un 19% del gasto público, con lo cual el peso se va aproximando a los niveles que se registraban en el final del gobierno de Cristina Kirchner, cuando uno de cada cuatro pesos gastado por el Estado eran para sostener las tarifas.