El acto que reencontró a Alberto Fernández y Cristina Kirchner tuvo un doble efecto inmediato: sirvió como foto de campaña tras la crisis que explotó tras la "catástrofe" electoral de las PASO. Y también como un mensaje hacia la interna. Básicamente, que el Frente de Todos sigue unido. Al menos hasta que las urnas vuelvan a convocar, en noviembre.

De todas formas, los ánimos internos siguen muy caldeados, y acaso los rostros serios en el acto de ayer en el Museo del Bicentenario sean una muestra de ese ambiente en el oficialismo, tras la derrota.

Algo común que une a funcionarios, empresarios y sindicalistas, por estas horas: es muy difícil que alguien tenga dimensión de los próximos pasos del Gobierno en materia económica.

Todavía hay signos de interrogación sobre la respuesta que el Gobierno dará al revés electoral. La carta de CFK reclamando más gasto público todavía no se hizo realidad. Los anuncios -como las mejoras en Ganancias y en el salario mínimo- ya estaban agendados desde antes de las PASO.

El "modo campaña" en la que está sumergida la administración, poniendo en suspenso algunas decisiones claves para marcar el rumbo, juega en contra de la coyuntura. En momentos en que las cotizaciones de los dólares "libres" avanzan rumbo a los $200, la brecha cambiaria se ensancha, y las reservas del Banco Central caen peligrosamente.

En este contexto, el Gobierno acaba de pagarle u$s1.900 millones al FMI -como parte de un vencimiento- y lo más probable es que vuelva a hacerlo en diciembre. En el elenco oficial se empiezan a escuchar voces cada vez más críticas hacia la decisión de postergar un acuerdo que parece ineludible.

 

Martín Guzmán y Matías Kulfas son centro de críticas desde las filas del propio oficialismo. No por la demora en ese acuerdo -que no depende de ellos sino de Cristina y Alberto F.- sino por la inflación de los alimentos. Una dinámica que no se apaga a pesar de los acuerdos con empresarios y del freno de mano aplicado al "crawling peg", que mueve apenas un 1% al tipo de cambio oficial.

Andrés Larroque encendió la mecha, otra vez. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires viene expresando en público, y por adelantado, lo que piensa Cristina.

Sucedió cuando se quejó del ajuste de las cuentas públicas que lleva a cabo Guzmán. Y cuando se mostró a favor de una oxigenación del gabinete nacional. Ambas cuestiones fueron puestas sobre la superficie por la vicepresidenta en su carta pública al jefe de Estado.

Las últimas declaraciones de Larroque volvieron a conmover al equipo económico. También a los empresarios del sector de la alimentación.

"El Gobierno ha tenido una actitud declamativa durante mucho tiempo, y con eso no alcanzó y, cuando el diálogo no funciona, no nos podemos quedar de brazos cruzados y, si no hay consenso, nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente", dijo Larroque en declaraciones radiales.

¿A quién le habló el referente de La Cámpora? "Guzmán y Kulfas", avisan desde el ala política del Gobierno.

Sobre el despacho de los funcionarios llegaron reportes de consultoras avisando de que la inflación no da tregua cuando se habla de alimentos. Y que si en agosto había mostrado una leve desaceleración fue por la estabilidad en las carnicerías, forzada por una medida extrema -el cepo para exportar-, que ya fue levantada en las últimas horas.

En cambio, los productos de "almacén": harina, fideos, aceites, arroz, por citar algunos casos, continuaron su escalada.

"Alguien se va a tener que hacer cargo. El Estado tiene una responsabilidad ineludible, no creo que sea solo de una funcionaria, pero el Ejecutivo nacional tiene la potestad de intervenir en esta materia, hay que tener una postura definida", reclamó Larroque.

El funcionario bonaerense puso la lupa sobre los fabricantes de alimentos y también sobre las grandes cadenas de supermercados.

Con ambos sectores estuvo reunida la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en los últimos días. Les pidió una especie de tregua en los aumentos de los alimentos de la canasta básica, al menos hasta fin de año. Pero los empresarios salieron del despacho de la funcionaria sin dar mayores respuestas. Escucharon nada más. Afuera dijeron lo lógico: es muy difícil hacer magia en una economía que anda con una inflación interanual superior al 50%.

Español sabe que la inercia inflacionaria es muy complicada de combatir. Pero el poder político tiene urgencias que atender. Y Larroque salió a poner los puntos hacia la interna y también hacia los ejecutivos de empresas.

"La semana que viene vamos a tener más idea de si hay cambios en la relación", afirma uno de los directores de una alimenticia líder. En unos días vence "Precios Cuidados" y hay que negociarlo. Lo mismo que el último acuerdo de precios entre Español y los grandes fabricantes de comida.

Los empresarios están atentos a las próximas decisiones oficiales. Aseguran que desean mantener un buen vínculo y que no quieren "sacar los pies del plato".

Por lo pronto, desde los despachos oficiales confían a iProfesional que se intensificó el monitoreo y la fiscalización de los últimos acuerdos de precios. Y si se cumple con el abastecimiento prometido.

 

Lo mismo ocurre con la Ley de Góndolas, que varias cadenas estarían incumpliendo. "Las multas pueden ser de hasta 10 millones de unidades móviles, eso representaría hoy 550 millones de pesos", recuerdan desde el Gobierno.

El estrés cambiario le agrega dramatismo al escenario. El empeoramiento de las expectativas tras las PASO sorprendió a funcionarios del área económica.

Desde el gabinete económico se quitan responsabilidades: entienden que el mayor peso recae sobre el poder político, que se metió en una interna feroz apenas pasadas las elecciones primarias.

No habrá reproches públicos. Ni siquiera en privado, dicen. Al menos por ahora. Momento en que, se entiende, hay que llegar "como sea" a las elecciones de noviembre y esperar los resultados.