Había sido una de las tantas promesas de la campaña presidencial de 2019. Luego de varios meses de elaboración fue enviado al Congreso dos años después tras la dura derrota de las PASO. Y ahora que el Gobierno impulsa su tratamiento en sesiones extraordinarias, el nuevo régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas se ha topado con nuevo escollo.

Tras haber sido blanco de fuertes cuestionamientos iniciales de referentes energéticos de la oposición, la liga de provincias petroleras (OFEPHI) y aliados del Frente de Todos; el proyecto que busca incentivar las producciones de gas y petróleo recibió una sorpresiva estocada de parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Dirigida por Marcos Makón -el ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Fernando De la Rúa-, la OPC elaboró un extenso y detallado informe donde puso de manifiesto que, pese a los supuestos beneficios fiscales que dejaría para el Estado, el nuevo marco hidrocarburífero no brinda suficiente certidumbre para la concreción de futuros proyectos de inversión.

Los analistas parlamentarios cuyos trabajos son tomados como hoja de ruta y material de consulta a la hora de definir sus votos tanto por los legisladores oficialistas, como por los representantes de los espacios opositores- advirtieron que las modificaciones en juego para los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) van a provocarán aumentos permanentes en los precios de los surtidores y dejarán al Poder Ejecutivo sin ninguna herramienta para frenar o limitar esas subas que impactan sobre los bolsillos de los usuarios y los costos de transporte.

Según el mensaje oficial que acompañó la iniciativa enviada al Congreso, el nuevo régimen de promoción de inversiones hidrocarburíferas –que consta de 115 artículos distribuidos en 12 capítulos –forma parte de "una política nacional enmarcada en la necesidad de garantizar la energía necesaria para el abastecimiento de la demanda interna, la sustitución de importaciones y la generación de mayores saldos exportables en un contexto de transición energética a escala global".

Los objetivos centrales del proyecto-- que tiene un horizonte de 20 años-- apuntan a "fomentar las inversiones en la producción de petróleo y gas natural e impulsar el incremento de la producción para el autoabastecimiento y las exportaciones de hidrocarburos". Para alcanzar esos logros impulsa dos regímenes generales y dos especiales de promoción, cuatro programas de apoyo específico a determinados sectores y empresas, una nueva normativa para el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y la modificación del gravamen a los combustibles. A esos cambios se agregan cuatro clases de beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y de acceso a mercados entre los cuales sobresale el referido a las "Autorizaciones de Exportación Garantizadas (AEG) que permite la comercialización externa del 20% de la producción adicional a la actual con libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas por esas ventas.

El proyecto que busca incentivar las producciones de gas y petróleo recibió un sorpresivo revés

El informe de la OPC destacó que "el proyecto pretende crear reglas claras para fomentar inversiones mientras que los principales beneficios contemplados se basan en incentivos cambiarios y acceso a mercados externos sustentados en diferenciales coyunturales (brecha cambiaria y brecha precios locales e internacionales) que no se sustentan en los principios de precios locales vinculados a los valores internacionales según la ley vigente 17319".

Según la mirada de los técnicos parlamentarios "establecer como un incentivo el acceso al mercado de exportación significa partir del supuesto que los precios locales del petróleo crudo resultarán inferiores a los precios de indiferencia de exportación. En este sentido, el proyecto no garantiza reglas de juego para la determinación de los precios de los petróleos crudos comercializados en el mercado local que representan el destino de más del 90% de la producción actual y no brinda certidumbre sobe la variable principal a considerar en cualquier proyecto de inversión".

El trabajo consignó que "el impacto fiscal definitivo dependerá de decisiones de empresas, de la evolución macroeconómica y de lo que suceda en el mercado a nivel nacional. Se estima que podría producir para el erario un saldo positivo de $21.384 millones al año, básicamente por la mayor recaudación que dejaría la modificación del ICL que dejará de ser una suma fija".

Advirtió también que "como contrapartida el nuevo régimen podría provocar una pérdida de recaudación de $12.664 millones por la eximición del Impuesto a las Ganancias por la cesión de áreas de petróleo y gas y de $3.100 millones por la compensación del pago de ICL por quebrantos registrados, un beneficio que alcanza solo a YPF".

La OPC resaltó que "por el tipo y volumen de crudo que procesan, tanto YPF, como Panamerican Energy --controlada por el grupo Bulgheroni—dispondrán de un beneficio adicional para acceder a los premios del régimen de exportaciones garantizadas".

En cuanto a la carga impositiva del ICL e IDC, el trabajo parlamentario alertó que "el cambio del impuesto fijo por litro ajustable por IPC a un régimen de alícuotas porcentuales sobre de los precios de venta de cada combustible no favorece el alineamiento de los valores locales con de mercado dado que amplifica el doble impacto de las variaciones internacionales y tipo de cambio sobre los precios de los surtidores".

Como muestra del mayor impacto de la modificación impositiva, el informe sostuvo que "un aumento en el precio del petróleo crudo local de u$s55 a u$s85 por barril provocaría un incremento en los precios en surtidor del 29% según el esquema actual de impuesto fijo y del 38% si se aplica el nuevo régimen de alícuotas ad valorem".

Para la OPC "el objeto del impuesto queda completamente distorsionado por el hecho de que el gasoil y las naftas más caras y menos contaminantes van a tributar un mayor IDC que aquellos combustibles de menor calidad que son más contaminantes y producen más daño ambiental".