A una semana del anuncio sobre el principio de acuerdo con el FMI, el ENRE deslizó el primer esquema de segmentación de la tarifa de electricidad para este año. La información fue confirmada poco después por el secretario de Energía, Darío Martínez.

"ENRE, CONICET y ENARGAS acercaron propuestas que están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento que, junto al equipo del Ministerio de Economía, tiene a su cargo el diseño de la herramienta, la cual se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión", detalló el exdiputado por Neuquén.

Con ese mensaje de Twitter, el funcionario aportó la primera señal sobre un tema que divide al oficialismo desde hace dos años. Su desenlace impactará directamente en el debate que se dará en el Congreso cuando el presidente Alberto Fernández envíe el texto del acuerdo con el Fondo. Para las empresas distribuidoras de electricidad y gas implica el arranque del reajuste tarifario que reclaman por distintas vías, públicas y privadas.

Tal como contó I Profesional, la firma del entendimiento con el FMI implicó una inflexión para el lobby que llevan adelante las empresas de servicios públicos privatizadas con el objetivo de aplicar aumentos que superen el 50%. Así como Martínez confirmó este viernes el esquema de segmentación, el año pasado había dicho en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que estaban trabajando en concluir ese modelo, mientras las empresas distribuidoras avanzaban con el empadronamiento compulsivo de los usuarios.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tiene desde diciembre el nuevo esquema desarrollado junto a expertos del CONICET. La filtración inicial dejó en evidencia que el jefe del Palacio de Hacienda cuenta con esa herramienta desde diciembre y todavía no la utiliza, cuando sus defensores le echaban la culpa al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo y al titular del ENRE, Federico Bernal sobre la presunta demora del esquema.

Con la oficialización del plan para reducir los subsidios, comenzó a delinearse el primer impacto del acuerdo con el FMI

Las tensiones de Guzmán con los dos funcionarios vienen desde el año pasado, pero lo cierto es que el Gobierno ya cuenta con un esquema de segmentación que implicará uno de los exámenes políticos más sensibles para el Gobierno cuando comience la aplicación del pacto con el Fondo.

La iniciativa de ajuste georreferenciado que desarrollaron los entes reguladores junto al CONICET le puso números al primer programa de aumentos tarifarios sin subsidios estatales o con una reducción progresiva. Es el contorno de una de las preocupaciones más delicadas dentro del bloque oficialista en el Senado y en Diputados respecto a las consecuencias que provocará el pacto con el Fondo.

Según cuentan en ambas bancadas, los representantes de las empresas distribuidoras ya vienen reclamando que se defina ese proceso desde el año pasado. Ya habían sido advertidas de que deberían esperar, pero la información que se filtró el viernes no sorprendió a los gerentes de las firmas, porque saben que las señales del Fondo empujan al Gobierno a avanzar con los aumentos.

El esquema le confirmó a las empresas que comenzará la reducción de los subsidios al consumo. Sin embargo no han frenado el cabildeo, especialmente en el Congreso, para que eso se traduzca en un aumento de las tarifas progresivo y acelerado. La prueba piloto que llegará al 10% de los usuarios del AMBA implicará un primer paso. Será un aumento en la facturación para Edenor y Edesur, que afrontarán también el malestar de la cartera de usuarios que tiene el nivel de mora más bajo de todos.

Edenor es la que más silencio ha mantenido en los últimos meses. En junio del año pasado el ENRE autorizó la compra de la firma a manos de una sociedad integrada por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. El desembarco en la distribuidora que operaba Marcelo Mindlin implicó aceptar la política energética del Gobierno a partir de los guiños que hicieron sus funcionarios para posibilitar la operación.

En el caso de Edesur, la estrategia hasta ahora ha sido la aplicación del principio : "Wait and See". Eso han hecho los directivos de la distribuidora: "Esperar y ver". Es operada por la multinacional italiana Enel y su CEO, Francesco Starace, dijo que aguardarían ver la política energética del Gobierno y que no pensaban vender. 

Un mes después de su confirmación, la empresa presentó una nueva imagen de su marca y el presidente de la firma, Juan Carlos Blanco dijo que invirtieron "826 millones de dólares en los últimos 5 años" con una "reducción de cortes del 55%. Las declaraciones se diluyeron este verano con la nueva ola de cortes que se extendieron por todo el AMBA.

El malestar volvió a poner el foco en las ganancias obtenidas. De acuerdo a la auditoría que hizo el ENRE a la Revisión Tarifaria Integral entre 2015 y 2019, Edesur aumentó las tarifas un 731% y Edenor un 731% en términos reales. Sólo en 2019 las dos firmas ganaron 12.681 millones y 12.134 millones de pesos respectivamente.

El Gobierno ya cuenta con un esquema de segmentación que implicará uno de los exámenes políticos más sensibles 

El plan de segmentación parece la política energética que estaban esperando para cerrar los últimos dos años sin los beneficios que tuvieron en los años anteriores. Tiene varias etapas. La primera establece que casi medio millón de usuarios del Área Metropolitana paguen la tarifa plena. La idea es quitarle el subsidio a los residentes que vivan en propiedades que tengan un valor por metro cuadrado superior a los 3700 dólares. La precisión anticipa que si bien hay un aumento previsto del 20% para todas las categorías, la segmentación implicará que los usuarios del AMBA que queden sin subsidios afrontarán aumentos en la energía del 85 % al 160%.

Las consecuencias políticas de este primer aumento divide posiciones dentro del oficialismo y las empresas ya han dado algunas señales de interés. Hasta los diputados de Juntos por el Cambio le recuerdan a las mismas firmas que esperan el aumento que tuvieron ganancias extraordinarias durante la presidencia de Mauricio Macri y por eso no salen abierta defensa de un tarifazo. Ni radicales, ni macristas, ni lilitos olvidan que parte de la derrota electoral sufrida en 2019 fue, en parte, por no haber buscado moderación en los incrementos tarifarios.

"Nosotros perdimos, ellos ganaron, estos años siguieron ganando un poco menos y ahora van a recuperar niveles de rentabilidad", resumió un diputado del PRO que explicó la política del espacio opositor con el lobby de las privatizadas de gas y luz: no entorpecer el avance de la segmentación y reclamar que su aplicación no tenga más demoras. Hasta ahi llegan los guiños de opositores en la previa del debate legislativo por el acuerdo con el Fondo.

En el FdT es uno de los puntos que más posiciones divide. El debate no es nuevo y se remonta a 2020, aunque recrudeció públicamente con la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara baja. Por ahora no hay una hoja de ruta sobre la forma que utilizará la bancada del FdT para ordenar las discusiones internas sobre la reducción del déficit y las herramientas que utilizará el Gobierno para llegar a las metas pactadas con el Fondo.

La primera segmentación eléctrica no sólo apuntará a los sectores más pudientes del Área Metropolitana. También impactará en las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que afrontarán aumentos del 169% si se aplica el esquema diseñado. En el Gobierno insisten que se trata de un primer trazo grueso del modelo que las empresas aplicarán sin chistar.