Fue la mayor devaluación del año: el reclamo de una mejora salarial de suma fija instrumentada por el Gobierno empezó con grandes aspiraciones y terminará conformándose con un mínimo bono de alcance acotado. El Gobierno finalmente, tras meses de elucubración, decidió el pago de un bono de $24.000, consistente en un pago por única vez que se hará efectivo junto al medio aguinaldo, y que solo alcanzará a los trabajadores con ingresos inferiores a $185.000. Y, además, los desocupados que perciben el plan Potenciar Trabajo percibirán una ayuda extra de $13.500.

Después de un año con inflación rozando los tres dígitos -y con indicadores de pobreza e indigencia que no solamente crecen sino que afectan incluso a trabajadores asalariados- la medida no impacta como algo relevante.

Después de todo, hace dos años, cuando el Gobierno le dio un bono de compensación a los trabajadores estatales tras un año de paritarias congeladas por la pandemia, la cifra había sido de $20.000. Claro, en el medio hubo una inflación de 200%.

En los últimos meses se había llegado a hablar de sumas en torno de $50.000 para todos los asalariados, pero luego el Gobierno dio una señal al anunciar que para los estatales la ayuda sería de $30.000 y, finalmente, se llegó a esta cifra que deja un fuerte "gusto a poco" en los sectores que más habían reclamado la medida.

Pero, sobre todo, lo que el bono salarial está dejando en evidencia es una diferencia política interna en la coalición gubernamental, que no ha podido ser saldada a lo largo del año. Mientras el sector cercano al presidente Alberto Fernández -con el Ministerio de Trabajo como portavoz- ha defendido el discurso de que las paritarias han cuidado razonablemente bien al salario ante la erosión inflacionaria, el kirchnerismo y sus aliados sindicales se han mostrado en abierto desacuerdo.

Esa diferencia nunca pudo ser saldada, lo que hizo que el renunciado ministro de Trabajo, Claudio Moroni, haya sido una de las figuras más criticadas por el kirchnerismo, que lo veía como el ejecutor de un modelo económico en la que se apelaría al salario como variable de ajuste.

El debate salarial dividió al Gobierno: el kirchnerismo no logró imponer su propuesta de un aumento general con suma fija por decreto

Bono de fin de año: la larga devaluación del reclamo

Los primeros reclamos intensos sobre un cambio en política salarial habían arrancado a inicios de año, con la aceleración inflacionaria y la admisión, por parte de los funcionarios, de que no estaban resultando efectivas las medidas de control de precios.

En ese momento, la dupla Martín Guzmán – Claudio Moroni intentaba que las negociaciones paritarias se ubicaran en torno a 45%, para no alejarse demasiado de la previsión oficial de inflación. Y los síntomas de discrepancia interna se hicieron obvios cuando Cristina Kirchner elogió públicamente a aquellos gremios que lograban perforar ese techo. Fue particularmente comentado el caso del sindicato bancario, que impactó con un acuerdo de 60% tras una negociación conflictiva.

En ese momento, por primera vez el kirchnerismo, con el apoyo de la rama sindical cercana al clan Moyano, se mostró favorable a que el Gobierno otorgara una suba salarial por decreto. Hasta ese momento, esa medida sólo se había tomado en diciembre de 2019, recién realizado el recambio presidencial, cuando Alberto Fernández decretó un aumento de $4.000, que en ese entonces implicaba un 10% del salario medio.

Pero, de ahí en adelante, las únicas ayudas extraordinarias se limitaron al IFE, un monto de $10.000 que en el peor momento de la cuarentena se pagó a desocupados y trabajadores informales.

El momento de máxima tensión ocurrió tras el impacto de la inflación de marzo, que llegó a 6,7% mientras la economía argentina agregaba a sus propias inconsistencias las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania. Pero, aun así, el Gobierno evitó el reclamo de una mejora salarial general que reclamaba el kirchnerismo.

En cambio, el anuncio fue de un refuerzo de $18.000, en cuotas, para jubilados, trabajadores del área informal, empleadas domésticas y monotributistas de las categorías de menor ingreso. Toda la ayuda correría por cuenta del Estado, a un costo fiscal de 0,3% del PBI, lo que llevó a la polémica sobre si se pondría en riesgo el programa recién aprobado con el Fondo Monetario Internacional.

Aumento por decreto: una pulseada ideológica

Lo que el extenso debate reveló es que, más allá de las limitaciones fiscales o de las dificultades de las empresas por poder dar aumentos, había una diferencia filosófica de fondo: la de si el salario debe seguir siendo una negociación libre -con los sindicatos como protagonistas de los convenios sectoriales- o si en circunstancias de crisis justificaba que el Gobierno interviniera, como garante del sostenimiento del poder adquisitivo.

Los sindicatos que perforaron el "techo" salarial oficial, como el bancario, recibieron la felicitación de Cristina Kirchner, en un gesto de desafío al Gobierno

El ex ministro Moroni fue quien argumentó más explícitamente contra los aumentos generales por decreto. Decía que ese tipo de medida sólo se justificaría si el salario hubiese perdido contra la inflación o si no funcionara correctamente el mecanismo de las paritarias. Y destacaba que el 90% de los asalariados registrados estaban protegidos por los convenios, un dato que se presta a la polémica en tiempos de prácticas de informalidad dentro de las propias empresas, en especial las pymes.

La cúpula de la llamada "CGT de los Gordos" fue la que se mostró más alineada en esa postura gubernamental. A mediados de año, emitió un comunicado en el que recordó que cada rama de actividad tenía realidades disímiles, y que las paritarias permitían que se dieran los aumentos sin que se generara un riesgo a la estabilidad laboral.

Por otra parte, advertían contra las medidas que pudieran "achatar la pirámide salarial", con categorías de ingresos que podrían solaparse. Pero, sobre todo, la reticencia sindical dejó en claro el temor a perder su rol de representación gremial, que es precisamente en las paritarias donde alcanza su máxima expresión.

En la vereda de enfrente, el kirchnerismo cuestionó ese discurso y se valió de los datos de pobreza -publicados en marzo y en septiembre- para marcar el nuevo fenómeno social de los "asalariados bajo la línea de pobreza".

Sobre ese punto, un informe de la Universidad Católica Argentina señaló: "El ciclo de estancamiento iniciado en 2014 provocó un incremento de la pobreza de ocupados, que llegó a 18,1% tras el estancamiento y el alza inflacionaria iniciada en 2016. A partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de Covid 19, la pobreza de trabajadores se ha instalado en un nuevo nivel, que en 2022 llegó a 29,8%".

En otras palabras, que tres de cada diez trabajadores asalariados no ganan un sueldo lo suficientemente algo como para comprar una canasta básica, que hoy se valúa en $139.737 para un hogar de dos adultos y dos menores.

La propia Cristina Kirchner se puso al frente de ese debate, al observar que la indigencia crecía como reflejo del encarecimiento de los alimentos, mientras los balances de las grandes empresas mostraban aumentos en sus márgenes de ganancia.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, ratificó la línea de su antecesor, Claudio Moroni, de oponerse a un aumento de suma fija y propició un bono de única vez con alcance limitado

En algunos de sus discursos, ya con Sergio Massa habiendo asumido las riendas de la economía, Cristina planteó que no existía una contradicción entre el sistema de paritarias y los aumentos por decreto, y reclamó al Gobierno que interviniera para revertir una distribución de renta cada vez más negativa para los asalariados.

Demora y decepción por el bono

Pero el Gobierno no cambió su postura, como se vio con claridad con la llegada de la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, quien dijo que se había logró una recuperación de dos puntos reales que se habían perdido durante la turbulencia financiera de julio. Y que la preocupación central del Gobierno era la caída de los ingresos en el sector informal, donde las medidas como los aumentos por decreto no surten efecto.

Olmos llegó a insinuar que podría haber un efecto inflacionario al forzar a que algunos sectores de la actividad dieran aumentos por encima de sus posibilidades. "Es un tema que resuelve cada gremio con su interlocutor empresario. Cuando acuerdan un número es porque el sector tiene esa capacidad, no todos tienen la misma productividad", decía  la ministra tras su asunción en el cargo.

Mientras tanto, su colega de Economía, Sergio Massa, ponía el foco sobre otro tema: muchos municipios tendrían dificultades para pagar una mejora salarial extraordinaria. En esas oficinas se desempeña un alto porcentaje de los asalariados de la franja más baja, por lo que un incremento de $30.000 supondría una suba elevada en términos porcentuales.

En el presupuesto de las intendencias los salarios representan, por lejos, el rubro de gasto más importante: supera, en promedio el 40% de los ingresos. Aunque en situaciones de crisis -por ejemplo, durante la cuarentena de 2020- ese porcentaje puede subir dramáticamente hasta un 90%.

Lo cierto es que tras meses de debate, recién se dan los detalles concretos sobre la ayuda, y están muy por debajo de las expectativas que se habían generado. La irritación por la demora ya se había dejado entrever en declaraciones como la del líder sindical Pablo Moyano: "Ya hace seis meses que lo vienen estudiando. Te da un poco de bronca, porque donde el campo amenaza no voy a exportar, sale corriendo y le da el dólar soja".

Al enojo por la demora se suma ahora la constatación de que la suma estará por debajo de lo esperado. En definitiva, el bono puede tener un efecto político inesperado: en vez de calmar la tensión interna, podría ser un factor de conflictividad.