Pongamos dos cosas en claro de entrada.

Primero. El programa que firmó Argentina con el FMI en marzo de 2022 nunca fue un Facilidades Extendidas (metas difusas y ausencia de reformas) [1]. Se usó ese formato de excusa para otorgar un crédito puente a la Argentina con un tramo de financiamiento neto al principio. Esto es, nos dieron un crédito para financiar el repago del Acuerdo Stand By 2018 otorgado a la Administración de Mauricio Macri. La combinación de ambos programas genera flujo neto positivo con el FMI al principio (2022) y negativo creciente en los años sucesivos. Empezando con los pagos netos en 2023.

Segundo. El programa fracasó en sus objetivos más concretos al poco andar, ya que desde el segundo trimestre de 2022, el primero de ejecución efectiva del acuerdo, que tenemos al Ministerio de Economía apelando a prácticas temporalmente inconsistentes y recursos de contabilidad creativa que más que asegurar efectivamente el cumplimiento de las metas como métrica indicativa de las correcciones que se iban a aplicando para corregir los desequilibrios, tan sólo fueron acomodando los números fiscales y de reservas a dichas metas para asegurar que los desembolsos lleguen, profundizando en el mientras tanto el enfoque de política económica que debía revertirse y, con este, el desequilibrio de la balanza de pagos que había que corregir.

En tanto, y consecuentemente, los indicadores financieros, post alivio inicial, y el desempeño macroeconómico no hicieron más que empeorar. Lo último es especialmente cierto para la percepción sobre la capacidad de repago/sustentabilidad de la deuda pública, que no mejoró y que incluso ahora afecta a la deuda en moneda local.

También es indicativo observar lo que ocurrió con la brecha cambiara, que luego de una descompresión inicial rebotó e incluso superó niveles de 100%. Respecto del desempeño macroeconómico, ver como la actividad economía abortó la recuperación post covid durante el segundo semestre de 2022 y como proceso inflacionario aceleró en forma sostenida a la par.

El cepo, más restrictivo que antes

Un gran ejemplo de medidas temporalmente inconsistentes como las mencionadas fueron las dos ediciones del Dólar Soja, que no sólo requirieron wavers específicos del organismo, por ir en el sentido contrario que buscaba el programa (ir desarmando el CEPO y propiciando la unificación del mercado de cambios), además tuvieron como principal efecto adelantar la liquidación de divisas y recaudación para asegurar el cumplimiento de las metas del tercer y cuarto trimestre de 2022, pero a costo de hipotecar, por eso mismo y por alimentar una alineación perniciosa de expectativas, las de los primeros meses de 2023.

Las dos ediciones del dólar soja, un ejemplo de las inconsistencias macroeconómicas que el programa Stand By no pudo corregir

Exactamente lo mismo puede decirse del recurso de pisar gastos durante el cierre de 2022, que quedó tan evidencia con los datos fiscales de enero de 2023.

Y el FMI convalidó, como convalidó la contabilización de rentas financieras que son una entelequia contable (por reapertura de licitaciones de bonos CER) y la definición de una meta monetaria que no puso ningún límite a la intervención del BCRA en el mercado secundario de deuda en pesos o a la integración de encajes con títulos públicos, dando vía libre en dicho sentido.

Con lo cual, todo lo que estamos viendo ahora era previsible, dado ese cierre de 2022 y como fue la concepción de arranque y la historia del acuerdo hasta ahora.

Era esperable que Argentina no pudiera cumplir las metas de reservas y fiscal durante 2023 y también que el FMI estuviera dispuesto a otorgar perdones, formales o informales (ya lo hizo de las dos maneras) o, incluso, repactar las metas trimestrales o, incluso, las anuales. Lo que sea necesario para que Argentina no ingrese en situación de atrasos con el organismo, siempre que se pueda justificar formalmente en línea con las normas del FMI.

"Reconfirma que el programa no va a propiciar una corrección en el enfoque de política económica del Gobierno e incrementa la percepción de que el FMI no tiene poder de contención de las malas políticas. Ni con este, ni con próximos gobiernos"

Reordenando. Tal cual se sostiene desde el principio, lo que se firmó nunca fue un Programa de Facilidades Extendidas. Y ese es el principal problema. Pues, sin modificar el esquema de políticas económicas y aplicar reformas, anclando expectativas hacia adelante, lo que implica aplicar las correcciones de fondo que se vienen evitando, no hay forma de que Argentina logre cumplir metas y pagarle al FMI en términos netos sin que la actual administración profundice su enfoque de racionamiento de la balanza de pagos, propiciando una caída aún más abrupta de la actividad económica de la que ya hubo y, al mismo tiempo, una mayor tasa de inflación en pleno año electoral.

¿Por qué? Por qué la variable de ajuste de ese enfoque hasta acá han sido las importaciones, que en Argentina en más de un tres cuartas partes son de insumos, bienes de capital y sus partes, bienes intermedios y energía. Es decir, están directamente vinculadas con los procesos productivos. Trabar importaciones implica menos oferta de bienes, lo que afecta al producto y los precios. Un shock de oferta y, consiguientemente, una estanflación auto inflingida, con su terrible impacto en variables sociales.   

Restricción a las importaciones, la variable de ajuste del programa que no corrigió los problemas estructurales

Y modificación del esquema no va a haber, no lo hubo hasta ahora y el FMI renunció a exigirlo desde arranque. Como mucho apeló a intentar contener, apostando a que no se rompa más en el camino. Pero ni eso parece haber logrado.

Se agrava la herencia

Que 2023 sea un año afectado por una sequía, que lamentablemente no era un elemento impensado hace seis meses (la mayor parte de los modelos la preveían, en todo caso se discutía la magnitud) es un agravante. Pero lo más probable es que hubiéramos tenido el mismo problema, aunque de menor magnitud y un poco más adelante. Al Gobierno y al FMI, en tanto, le sirve de excusa formal.

Por lo tanto, llegados a este punto la renegociación de las metas 2023 para asegurarse de que Argentina pueda cumplir y los desembolsos lleguen para pagarle al propio FMI, no es, ni más ni menos, que la reconfirmación cabal de todo lo dicho. El único objetivo del programa es evitar que Argentina entre en situación de atrasos, para lo cual los desembolsos tienen que llegar.

De nuevo, como pasó cuando se firmó el acuerdo, eso probablemente descomprima algo en el corto plazo, pero con un piso a la incertidumbre relativamente alto. Pues, de cara a mediano-largo plazo, esa señal es negativa. Reconfirma que el programa no va a propiciar una corrección en el enfoque de política económica del Gobierno e incrementa la percepción de que el FMI no tiene poder de contención de las malas políticas. Ni con este, ni con próximos gobiernos.

Además, se incrementa la expectativa respecto del potencial tamaño de la herencia negativa que la actual administración puede generar con el objetivo de terminar su mandato sin tener que aplicar o encarar los ajustes del esquema de política económica en curso.

[1] Según el propio Fondo Monetario Internacional un Programa de Facilidades Extendidas tiene por objeto ayudar a los países que experimentan graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales o crecimiento lento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada, respaldando programas integrales que contemplen las políticas necesarias para corregir los desequilibrios con plazos de ejecución y repago más largos que los que se consideran en los créditos Stand By. Naturalmente, al hablar de problemas estructurales, a diferencia de los Stand By, estos acuerdos suelen tener como metas indicativas la concreción de reformas estructurales.