Para evitar eventuales abusos por parte de la administración pública y poder accionar frente a actitudes monopólicas de las grandes empresas, un diputado del Frente de Todos propone crear una Defensoría para la protección de los derechos de las micro y mini pymes.

El proyecto fue presentado por el diputado del Frente de Todos, Eduardo Fernández y busca la protección de los derechos de las Mipyme "frente a actos administrativos, hechos y omisiones de la Administración Pública y sus agentes o de personas jurídicas, públicas o privadas violatorios de tales derechos, que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones que puedan generar perjuicios sobre el interés económico general".

Para el diputado del FDT, uno de los objetivos es defender el interés de los consumidores, la desconcentración progresiva de la economía, la eficiencia del mercado en tanto promueva un bienestar social, la buena fe y transparencia, así como el incentivo de la innovación técnica y tecnológica y la sustentabilidad ambiental del consumo y la productividad para las futuras generaciones.

Según el proyecto, la tarea exclusiva del Defensor será la de "promover acciones frente a actos administrativos hechos u omisiones de la administración pública nacional o de personas jurídicas, públicas o privadas violatorios de los derechos de las Mipymes consagrados en la Constitución Nacional y leyes nacionales, incluyendo además aquellos que puedan generar perjuicios sobre el interés económico general a partir del ejercicio de conductas anticompetitivas, abusos y distorsiones por parte de proveedores y clientes más grandes que detentan posiciones monopólicas u oligopólicas.

"Es imperativo que este Congreso intervenga habilitando canales directos y generando políticas de fomento para las Mipymes para superar las dificultades que padecen", sostuvo el diputado del FDT.

De acuerdo al proyecto, las Mipymes son la base de sustentación material del pueblo argentino y representan el 99% del universo empresarial,a la vez que emplean el 61% de los asalariados del sector privado y generan el 42% del PBI. Según Fernández, el Defensor o Defensora Mipymes "cubrirá ese espacio tan anhelado, que brinde un trato justo y equitativo sin exclusiones para recuperar y fortalecer este verdadero y fundamental motor del empleo y de la economía argentina".

Categorías de PyMES

¿Qué dice el proyecto?

La Defensoría Mipyme tiene como misión "la protección y promoción de los derechos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, consagrados en la Constitución Nacional y normativa vigente, frente a actos administrativos, hechos y omisiones de la Administración Pública y sus agentes o de personas jurídicas, públicas o privadas que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, que puedan generar perjuicios sobre el interés económico general".

La Defensoría será ejercida por un Defensor o Defensora Titular que es elegido por el Congreso de la Nación, en el marco de una Comisión Bicameral Permanente, integrada por 7 senadores y 7 diputados o diputadas cuya composición respete la proporción de las representaciones políticas, que evaluará la designación, que se realizará mediante concurso público de antecedentes.

Entre los requisitos, el Defensor o Defensora debe ser de nacionalidad argentina nativo o nativa o por opción, mayor de edad, tener ciudadanía en ejercicio, tener residencia en el país durante cuatro años anteriores inmediato a la designación y acreditar especialización e idoneidad en derecho público o haber sido autoridad en asociaciones en defensa o representación de los intereses de las micro, pequeña y mediana empresa. 

La duración del mandato del Defensor o Defensora es de 5 años, pudiendo ser reelegido por una sola vez en forma consecutiva.

Funciones y compatibilidades

El cargo será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la docencia, así como la actividad política partidaria mientras se desempeñe en el cargo.

Entre sus funciones, el Defensor o Defensora puede iniciar de oficio o a petición del interesado cualquier investigación para esclarecer los hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes o de personas jurídicas, públicas o privadas.

Pymes y emprendedores: buscan crear una defensoría para protegerlas de eventuales abusos de grandes empresas

También, podrá elaborar políticas para la defensa de las micro, pequeñas y medianas empresas e impulsar acciones para la protección de sus intereses difusos o colectivos.

Asimismo, podrá iniciar investigaciones y estudios sobre la legislación, las políticas y las prácticas que afectan a las micro, pequeñas y medianas empresas y proponer la modificación de normas para garantizar la plena vigencia de sus derechos.

Las Mipymes en Argentina

En el año 2021, se registraron unas 536.400 empresas empleadoras, de las cuales el 83,3% tenía menos de 9 ocupados (asimilables a la categoría de microempresas). Asimismo, alrededor del 13,2% eran pequeñas (de 10 a 49 ocupados) y 2,9% medianas (De 50 a 199 ocupados) y menos del 1% (unas 3.700 empresas) se consideraban grandes, con más de 200 ocupados cada una. Según estas cifras, en Argentina el 99,3% de las empresas empleadoras son Mipymes (alrededor de 532.700 compañías), repartidas entre 446.800 microempresas, 70.600 pequeñas y 15.300 medianas empresas. Sólo un 3% tiene más de 50 empleados y un 1% tiene más de 200 empleados.

Las Mipymes presentaron en 2021 el 61% del empleo asalariado registrado, dividido entre las micro (19,1%), las pequeñas (21,2%) y las medianas empresas (22,2%) y concentraron el 49% de la masa salarial, siendo las grandes firmas las responsables del 51% restante, en tanto el 9.49% le corresponde a las Micro, el 18.07% a las Pequeñas y el 21.84% a las Medianas. Las Mipymes concentraron el 46% de la facturación y el 16% del total de monto exportado.

En cuanto a la distribución geográfica de este tipo de firmas está fuertemente concentrada, ya que cuatro jurisdicciones dieron cuenta en 2021 del 70% de la población total de empresas del país: la provincia de Buenos Aires concentró el 32%, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el 18,4%, Córdoba con el 9,9% y Santa Fe con el 9,5%. En materia exportadora, las Mipymes aportaron el 16% del monto total obtenido en Argentina en 2021 por las ventas externas de bienes (que alcanzó una suma total de USD 77.934 millones en 2021).

Según datos de AFIP, desde 2006 hasta 2022 el ritmo de crecimiento de las empresas grandes fue muy superior al resto y se ubicó en torno al 41%, mientras que las Mipymes lo hicieron al 14%. En este periodo las políticas productivas se vieron estructuralmente orientadas al desarrollo de grandes empresas.

El oficialismo busca crear una Defensoría en el ámbito del Congreso que defienda los intereses de las micro y mini pymes frente a eventuales abusos

Los efectos de la pandemia

Entre los años 2007 y 2012 hubo un fuerte crecimiento en la cantidad de Mipymes. Luego, entre 2013 y 2017 se produjo un estancamiento. En el bienio 2018-2019 se acumuló una reducción de 30.000 firmas (290 por semana, 41 por día) afectando principalmente al sector industrial. El impacto inicial de la pandemia de Covid-19 se reflejó en una reducción de 22.000 Mipymes el primer año de gobierno de Alberto Fernández aunque posteriormente se logró una recuperación parcial, con menos de la mitad de los emprendimientos.

Sin embargo, la pandemia no afectó de igual manera a a todas las empresas, ya que las de mayor envergadura sufrieron una disminución mucho menor, lograron recuperarse por completo y aumentaron en 700 durante los últimos tres años. De todos modos, la cantidad de monotributistas creció fuertemente y sumó 270.000 nuevos inscriptos desde 2020.

Entre 2011 y 2021, el empleo en las empresas grandes acumuló un crecimiento del 8,7% entre puntas y del 3,8% en el caso de las medianas. Pero, por el contrario, las firmas pequeñas presentaron una caída del 6,7% y en las micro hubo una contracción del 11,9%. Estas dinámicas generaron una disminución de la participación de las Mipymes en el empleo asalariado. 

Durante 2016-2019 el sector industrial perdió 147.000 trabajadores y 42 mil el sector de la construcción, mientras que entre los años 2021-2022, el empleo creció en 238 mil puestos de trabajo asalariado registrado pero de ellas, 125 mil, más de la mitad, fueron creados en sector de producción de bienes: 98 mil puestos industriales, y 47 mil en la construcción.