Decía Perón que la mejor forma de no resolver nunca un problema era crear una comisión. En la reunión de los gobernadores provinciales con los ministros de Javier Milei, se resolvió crear dos, una para los temas de la coparticipación de impuestos, y la otra para la agenda política.

Sin embargo, nadie dejó traslucir pesimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo federal y superar el impasse político en el que se cayó tras el fracaso de la ley bases en el Congreso. Abundaron las expresiones conciliadoras, tanto por parte del ministro del interior, Guillermo Francos, como de los gobernadores que hasta hace dos semanas estaban en una virtual guerra fiscal con la Casa Rosada.

Sin embargo, en las entrelíneas de las frases diplomáticas fue imposible de ocultar que se está lejos de un acuerdo sobre la vuelta del impuesto a las Ganancias. Lo paradójico es que todos extrañan ese ingreso, que representa nada menos que un punto del PBI -de lo cual, un 60% va automáticamente a las cajas provinciales- pero que tienen una connotación política particular.

Para empezar, el regreso del impuesto, al menos en la versión propuesta por el gobierno -que implicaría establecer el mínimo no imponible en un salario bruto de $1,5 millón- implica el peligro de irritar al electorado de clase media que ya se había beneficiado con la medida.

Pero, además, desde el punto de vista de los gobernadores peronistas sigue habiendo un impedimento político grande con este tema: apoyar el regreso de Ganancias supondría enfrentarse con la CGT, que ya dejó en claro, en el acto del paro general el pasado 24 de enero, que todo peronista que votara ese impuesto sería considerado un traidor.

Es por eso que, como admitió Francos, se pusieron sobre la mesa propuestas para reestablecer Ganancias sin que se note. Y no alcanzará con cambiar el nombre del impuesto para denominarlo "a los ingresos altos".

Con el jefe de gabinete, Nicolás Posse, en la cabecera, los gobernadores plantearon sus propuestas para la nueva coparticipación federal

Concretamente, hubo planteos de los gobernadores en el sentido de que el "piso" a partir del cual se empiece a tributar sea más alto que el propuesto por el gobierno, y que se mantenga un criterio de progresividad, de manera que los individuos de ingresos más altos hagan un aporte mucho mayor que el que estaba planteado en el proyecto original de la Ley Bases.

De esta manera, ya no serían 800.000 los ex beneficiarios y ahora "damnificados" que tendrán que volver a tributar, sino que se acotaría a una cifra menor.

También hay gobernadores que quieren que lo que se deja de percibir por Ganancias sea compensado con un impuesto específico para quienes tienen activos financieros o inmobiliarios fuera del país. Es decir, medidas parecidas a las que en su momento se adoptaron durante la gestión de Alberto Fernández.

La difícil búsqueda de alternativas

Francos no se cerró a negociar estos temas. Pero lo cierto es que se hace difícil encontrar la forma de reemplazo para un impuesto que constituía una de las principales fuentes de ingreso.

Es algo que quedó en claro con los datos de la recaudación tributaria de febrero. Si se compara lo que ingresó a la caja de la AFIP respecto de lo que se había recaudado un año atrás, el desplome real supera el 30%. Para verlo más claro: mientras un año atrás Ganancias significaba un 22% del total de la recaudación, hoy apenas llega al 15%.

Y, para agravar la situación, el resto de los impuestos, sobre todo los que están más directamente ligados a la actividad, muestran una caída en términos reales por el enfriamiento de la economía.

El IVA que recauda la DGI es el indicador por excelencia vinculado a la actividad comercial, y sus variaciones son un reflejo de la intensificación o retracción de los consumidores. En febrero hubo una variación nominal positiva de 9%, que cuando se lo corrige por la inflación del mes se convierte en una caída real de 5%.

Peor aun es la situación de la recaudación por la seguridad social, que directamente tuvo una caída de 7% en términos nominales, lo que implica, en apenas un mes, un desplome de 20% en términos reales.

La recaudación de febrero reflejó el impacto de la reforma legal en Ganancias: su aporte pasó del 22% al 15%

La excepción, en ese marco recesivo, es el impuesto PAIS, que ya representa un 8% de la "torta" impositiva total, después de que el DNU subiera su alícuota del 7,5% al 17,5% para las importaciones. Esto explica por qué los gobernadores han intentado, sin éxito, su coparticipación.

Pero Milei sabe que el impuesto PAIS no es algo de lo que él pueda prescindir en un momento en el que su obsesión es el equilibrio fiscal. Y, sobre todo, sabe que se trata de una ayuda de corto plazo, porque es un tributo provisorio, cuya creación está ligada al cepo cambiario que se busca desmontar.

El ranking de los más necesitados

Es así que todos los caminos llevan a la restitución de Ganancias. En este momento, hay provincias para las cuales ese aporte puede significar la diferencia entre pagar o no pagar los salarios de los empleados públicos.

Para tener una idea del impacto sobre las cajas provinciales, es ilustrativo un cuadro difundido por el economista Fernando Marull, donde detalla que para ocho provincias este impuesto significa más un punto de su producto regional.

Encabeza el ranking Formosa, con un 2%, y le siguen Chaco, La Rioja, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy.

En el extremo opuesto, quienes menos dependen de este impuesto son la Ciudad de Buenos Aires -a la que sólo le representa un 0,05% de su ingreso-, Neuquén, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.

La paradoja queda a la vista: las más dependientes son las provincias del norte, que por otra parte serían las menos afectadas con su vuelta desde el punto de vista social, dado que tienen un promedio salarial más bajo que el resto del país. Sin embargo, para los mandatarios peronistas, hay un impedimento político.

https://twitter.com/FernandoMarull/status/1764808225021444596

Cuánto es un salario alto

En el extremo opuesto, Ganancias no representa un ingreso tan fuerte para las provincias patagónicas, que cuentan con recursos propios por las regalías de sus recursos hidrocarburíferos. Sin embargo, al contar con salarios más altos, sí hay parte de la población que se vería alcanzada con una eventual reinstauración del impuesto.

Lo expresó con claridad el chubutenste Ignacio Torres a la salida de la Casa Rosada, al recordar que había que relativizar cuánto es un salario alto, un concepto que varía según las regiones. Recordó Torres que en la Patagonia, los trabajadores petroleros pueden tener sueldos más altos que el promedio nacional pero que, dados las características de su trabajo y los costos de vida en esa región, eso no implicaba que se tratara de un sector rico de la población.

Una postura similar había sido expuesta antes por el mandatario santafecino, Maxi Pullaro, que se quejó sobre un nuevo castigo impositivo a la clase media.

Lo irónico de la situación es que ninguno de ellos es peronista, sino que fueron electos por Juntos por el Cambio, la única fuerza política que se había negado a derogar Ganancias.

En definitiva, la primera reunión entre los mandatarios provinciales y el gobierno nacional confirmó lo que todos sabían. Es decir, que tanto la caja nacional como las de las provincias extrañan el ingreso que suponía Ganancias, pero que no resulta tan fácil, desde el punto de vista política, dar marcha atrás con lo que se votó el año pasado en el Congreso, en plena campaña electoral.

La importancia de este tema se ha revelado como crucial, al punto que ninguno de los acuerdos que se puedan lograr en otros aspectos de la coparticipación será suficiente para compensar por los ingresos que supone el impuesto más impopular pero más necesario para el equilibrio fiscal.