Reapertura y "blanqueamiento" de La Salada: cuántos millones podría recaudar el Estado con su formalización

Hace unas semanas, la Justicia ordenó el cierre temporal de La Salada, la reconocida feria de Ingeniero Budge (en Lomas de Zamora), debido a una serie de denuncias de lavado de dinero y evasión fiscal. Esa investigación dio con la detención de Jorge Castillo, más conocido como el "Rey de La Salada", junto a otros administradores de los predios de Urkupiña, Ocean y Punta Mogote.

La presentación judicial llegó a la fiscal Cecilia Incardona, quien terminó dando con una red de 89 sociedades y más de 160 personas vinculadas a actividades ilícitas que incluían contrabando, bienes sin justificar, y venta de productos falsificados. Según informó esta misma, los predios de la feria generaron ingresos no declarados por más de $30.000 millones, entre el 2021 y 2025, lo que motivó la ejecución de allanamientos y la incautación de bienes, incluyendo autos y motos de alta gama.

Del otro lado de los administradores de negocios posiblemente turbios, este cierre también afectó a unos 48 mil feriantes, lo que desembocó en varias manifestaciones por parte de trabajadores que dependen de La Salada para vivir.

Luego de casi un mes sin funcionar, una orden judicial habilitó a la feria a reabrir sus puertas para que pueda garantizar "el desarrollo comercial y laboral lícito". "La feria retomará sus actividades comerciales. Recordamos a todos nuevamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, comerciales, y la prohibición de la venta de indumentaria en violación a la ley de marcas", se pudo leer en redes en el comunicado oficial que divulgaron las autoridades de Urkupiña.

Tal como lo plantearon en ese escrito en redes, la reapertura, supervisada por el juez federal Luis Armella, introdujo medidas de formalización como la bancarización obligatoria, el registro de bienes, y la constancia impresa de suscripción ante el ARCA en cada puesto, entre otros.

Con este blanqueamiento, ¿cuánto podría ingresar al país con su formalización? Para dar con esa respuesta es importante destacar las dos caras de la feria: la primera, su historia que data desde 1992, cuando poco a poco comenzó a convertirse en un centro neurálgico de la industria textil, donde se comercializa todo tipo de prendas, accesorios y hasta tecnología. Con ello, miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes bolivianos, peruanos y paraguayos, comenzaron a montar actividades de confección y venta de productos, hasta la logística y el mantenimiento de los predios.

Y la segunda es que, con tan imponente feria montada, también empresarios de otros países vecinos de la industria de la indumentaria comenzaron a arribar a zona sur, gastando miles de millones al año para abastecerse. Pero, gran parte de esa actividad operó históricamente en la informalidad, con pagos en efectivo y, claro, sin facturación, lo que terminó privando al Estado de percibir cuantiosas sumas de ingresos fiscales.

La Salada en números: trabajadores en negro y alquileres de puestos

Por eso, la gran pregunta es: en cuánto se traducirá todo este movimiento. La formalización de La Salada podrían generar ingresos fiscales sustanciales. Según datos judiciales, la feria generó más de $30.000 millones entre 2021 y este año, con $26.827 millones provenientes de Punta Mogotes, $10.435 millones de Urkupiña y $450 millones de Ocean. Si las ventas anuales, estimadas en $7.500 millones, se gravaran con el IVA del 21%, el Estado podría recaudar aproximadamente $1.575 millones anuales. Además, la inscripción de los feriantes en el régimen de Ingresos Brutos, con una tasa promedio del 4%, añadiría unos $300 millones al año.

Pero el impacto no se limita solo a las ventas directas. La feria emplea directa e indirectamente a unas 150.000 personas, las que -en su gran mayoría- trabajan en negro. Poner en blanco a, al menos, la mitad de esos trabajadores, con un salario mínimo estimado en $300.000, generaría aportes previsionales y sociales del 28% por cada uno de ellos, lo que se traduce en $84.000 por año. Es decir, un estimado de $6.300 millones anuales.

A esto se le suma los alquileres de los 48.000 puestos actuales, con un costo promedio de $75.000, podrían generar hasta $43.200 millones por año, que van directamente a los administradores. Pero, si estos ingresos se declaran formalmente, el impuesto a las Ganancias, con una tasa promedio del 30%, podrían aportar hasta $12.960 millones por año al Estado.

Claro que esta estimación considera que gran parte de esos trabajadores y empleadores cumplirá con las exigencias que ahora dictó la Justicia, pero todo dependerá de la efectividad de los controles y la adaptación de los feriantes.

Asimismo, también debe tenerse en cuenta que la imposibilidad de estos comerciantes de vender productos "truchos" podría reducir dramáticamente el volumen de sus ventas, afectando los ingresos de estos y, en consecuencia, la recaudación fiscal. Por eso, aunque el impacto económico exacto es incierto, las estimaciones develan que la formalización de La Salada podría generar ingresos de más de $21.000 millones por año.