El Gobierno evitó un paro de trabajadores aceiteros que amenazaba con frenar la liquidación de dólares

Frente al anuncio de un paro nacional de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, el Gobierno actuó rápidamente para evitar el conflicto y dictó la conciliación obligatoria. Por lo tanto, por 15 días hábiles, los gremios no podrán realizar medidas de fuerza y las empresas están impedidas de aplicar sanciones al personal.

Los sindicatos anunciaron un cese de actividades total a partir de este miércoles. Teniendo en cuenta el accionar gremial, se temía que la huelga se extendiera por tiempo indeterminado si no se retomaban las negociaciones salariales y había un cambio de postura de las cámaras patronales.

Qué actividad afectaba la medida de fuerza

Un conflicto en esta actividad apunta a una de las pocas actividades que funcionan a pleno, ya que concentra a las empresas exportadoras de cereales que generan dólares. Compañías como Cargill, Viterra, COFCO, ADM Agro, Bunge, LDC (Louis Dreyfus Company), Aceitera General Deheza (AGD), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y CHS, entre otras, fueron las que aportaron unos 7.000 millones de dólares hace pocos días, cuando el Ejecutivo había anunciado la quita de retenciones para el campo.

En paralelo, las conducciones de la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo venían discutiendo con los directivos de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba (CIAVEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) una actualización de los salarios.

Los representantes gremiales señalaron que después de varios encuentros con los empresarios y ante la falta de acuerdo, acordaron iniciar un plan de lucha con un cese de actividades hasta "asegurar un ingreso fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal".

Nueva reunión para llegar a un acuerdo: satisfacción empresarial

Con el paro al caer en un sector fundamental para la Casa Rosada, se activaron las alertas y la Secretaría de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria —de acuerdo a la Ley 14.786— a pedido de los empresarios y convocó a las partes a una nueva audiencia para el martes próximo, a las 12 en la sede de la cartera laboral, en avenida Leandro N. Alem 628, CABA.

En este sentido, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebró la decisión de la cartera laboral para abrir una mesa de diálogo con los dos sindicatos aceiteros y reafirmó su compromiso histórico con el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. El titular de CIARA, Gustavo Idígoras, resaltó la importancia de que las organizaciones gremiales "mantengan una vocación de acuerdo" y presenten propuestas alineadas con la dinámica inflacionaria, "tal como es la práctica habitual en esta industria".

En un documento, los empresarios indicaron: "Queremos transmitir la decisión de mantener los salarios aceiteros sin perder frente al índice de inflación mensual. Como venimos haciendo desde hace años y ya hicimos todos estos meses".

Sostuvo además que, pese a las tensiones recientes, la industria aceitera mantuvo durante los últimos años un esquema de actualización salarial vinculado a la evolución de los precios al consumidor y agregó que permitió mantener un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y las posibilidades de las empresas en un contexto económico desafiante.

Cuál es el reclamo de las organizaciones gremiales

El reclamo de ambas organizaciones gremiales está fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que "asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión".

En un comunicado, explicaron que "según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del INDEC, el valor del SMVM según su definición constitucional y legal es de $2.344.728 para septiembre, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril".

Los gremios apuntaron que "pasadas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta", y destacaron: "Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el Gobierno Nacional sobre las retenciones a las exportaciones".

Por último, expresaron que "frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 —alcanzando entre 1,7 a 2,4 por ciento de acuerdo a cada empresa— y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo".