¿Cumplir con el FMI o recaudar más dólares?: el lado B de la baja de retenciones al campo de Milei

En la administración de Javier Milei, cada medida que se adopta tiene un reverso de la moneda que hay que leer, según el tiempo y espacio donde se produce.

La modesta retracción de los derechos de exportación a los productos del agro anunciada por el ministro de economía, Luis Caputo, por el cual, la soja pasará de tributar un 26% a un 24%, mientras que los subproductos de soja —como harina y aceite— tendrán un descenso del 24,5% al 22,5% y en el caso del trigo y la cebada, los derechos de exportación pasarán del 9,5% al 7,5%, es una jugada de billar a tres bandas que por el momento puede ser exitosa.

Javier Milei baja levemente las retenciones al campo

La decisión, que también contempla que las retenciones al maíz y el sorgo bajen del 9,5% al 8,5% y las del girasol del 5,5% al 4,5%, es una continuidad de los anuncios de hace unas semanas de eliminar retenciones, pero para el sector minero y energético-petrolero en el país, dejando de lado al sector que más dólares aporta a la economía nacional a través de sus ventas al exterior, la agroindustria.

Este apartheid no fue bien recibido por los chacareros ni por los dirigentes agropecuarios que hoy acaban de cambiar su humor y comienzan a alabar la reciente medida adoptada por el Gobierno.

En los días pasados de noviembre, los dirigentes del agro se comunicaron con los funcionarios de Caputo para hacerles trascender la molestia por no haber sido beneficiados de una baja de retenciones mientras se hacían los anuncios para los petroleros y mineros y le recordaron, oportunamente, que estaban decididos a "sentarse sobre los silobolsas que albergan los granos hasta nuevo aviso o una mejora sustancial de los precios en el mercado internacional".

Una amenaza velada, una puja entre sectores ideológicamente afines, que ya había dado muestras de consumarse.

Noviembre fue el peor mes en casi una década para la liquidación de dólares del campo. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informó que las liquidaciones agropecuarias alcanzaron los u$s760 millones en noviembre de 2025, con una baja del 32% respecto del mes anterior, octubre, aunque evidenciando un incremento del 24% en el acumulado anual comparado con el mismo período de 2024.

Según las cámaras empresarias, el bajón de noviembre se debió a embarques previamente negociados, pero, también, por una medida de urgencia adoptada por el gobierno de Milei para conseguir dólares antes de las elecciones cuando los agentes financieros fueron contra el peso y la divisa norteamericana amenazó con romper el esquema cambiario de bandas de flotación. El anticipo de divisas de la industria del agro explica el derrumbe de noviembre y la liquidación récord de septiembre de u$s7.000 millones.

Por eso, en octubre la liquidación cayó a u$s1.117 millones y en noviembre a u$s759,7 millones. Fue el peor noviembre en 10 años, después de los u$s450 millones de 2015 en la gestión de Cristina Kirchner.

Esta dinámica, producto de la urgencia por conseguir dólares de parte de la administración central, podría volver a trastocar los ingresos hacia mediados de 2026.

El analista, Alejandro González Escudero, de la fundación economía y sociedad (Fundecos), sostuvo que "puede volver a suceder lo que acaba de pasar en noviembre, pero, antes, incluso en el segundo trimestre del próximo año. Hay que observar la liquidación de los meses de marzo y de abril para ver como llegan a julio y agosto. Si sucede lo mismo que en estos días y no hay otros ingresos de divisas, el campo va a especular con una nueva baja de retenciones producto de la urgencia".

El Gobierno, presionado por el FMI y el Congreso

La administración nacional modificó la estructura tributaria que regula las ventas externas de los principales productos agrícolas, pero esta decisión no tendrá un impacto menor en dos ámbitos completamente distintos de la política y la economía: el FMI y el Congreso Nacional.

Tanto en el Fondo Monetario Internacional como en la gestión Milei, hay plena coincidencia en el carácter distorsivo de los derechos de exportación o retenciones. El problema es dónde se paran los dos actores. Uno es acreedor y el otro, el Estado argentino, es deudor.

En ese contexto, el FMI pide reformas fiscales que incluyan la reducción o eliminación de retenciones (impuestos a las exportaciones) para fortalecer las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica, aunque esto genera un costo fiscal que debe conciliarse con las metas fiscales acordadas por el gobierno con el propio FMI.

Por un lado, el Gobierno argentino ha estado implementando bajas graduales de estas retenciones para incentivar las exportaciones y la liquidación de dólares, pero, por el otro, esta política genera un costo fiscal que debe conciliarse con las metas fiscales acordadas con el Fondo. La baja de retenciones busca mejorar la competitividad del campo, pero genera debate por el impacto en la recaudación, siendo un punto clave en las negociaciones con los técnicos del organismo de crédito multilateral.

Es una relación clave, tensa y de un equilibrio irrompible, puesto que si se quiebra, la base en la que se sustenta el plan construido por Milei se desmoronaría.

El Presidente se comprometió a una reforma tributaria más amplia, que incluirá la reducción de retenciones, pero su implementación debe ser fiscalmente neutra y consensuada con el FMI. Un equilibrio delicado, una receta mágica, entre incentivar al sector exportador, no solo el agropecuario, para obtener divisas y cumplir con las exigencias fiscales y estructurales del acuerdo con el Fondo Monetario.

En esa unión de opuestos complementarios, como el día y la noche, en esa tensión que crea armonía, como pensaba Heráclito acerca del Universo y daba de ejemplo al arco tenso y la flecha, para señalar la constante tensión que produce el devenir que constituye la realidad que no puede ni debe romperse, están inmersos el FMI y la administración Milei y nadie más. Para ellos dos, el Congreso Nacional no existe.

Sus diputados y senadores no tienen ni voz ni voto en esta administración de la tensión que produce un equilibrio en la economía. 

Y, no está bien. Porque, indudablemente y por mandato constitucional en Argentina, la creación, modificación y derogación de impuestos (tributos) es materia reservada a la sanción de leyes por el Poder Legislativo (Congreso Nacional, Legislaturas Provinciales o Concejos Deliberantes), basado en el principio de legalidad tributaria que establece que un tributo no puede exigirse sin una ley formal. Esto protege a los ciudadanos de la arbitrariedad, prohibiendo que el Ejecutivo cree impuestos por decreto. La Constitución Nacional prohíbe expresamente que el Ejecutivo cree tributos mediante DNU o suba impuestos.

Parece increíble que deba aclararse este último punto, pero es necesario porque la nueva conformación parlamentaria estará discutiendo el proyecto de Presupuesto 2026 en los próximos días pero no tratará acerca de la política de derechos de exportación o retenciones. 

En ese debate no habrá ningún plan para reducir en el tiempo los derechos de exportación (DEX). No existirá una reducción paulatina y previsible para desandar el camino hasta que desaparezca ese tributo, como está en los planes de Milei.

Los tiempos de reducción de las retenciones las manejan Javier Milei y algún burócrata del Fondo Monetario. Para apoyar este punto, solo hay que recordar que el oficialismo en el Congreso no permitió el intento de la Comisión de Agricultura en Diputados para establecer una rebaja de 5 puntos en las retenciones agrícolas a partir de 2026. Demostrando que el Congreso es un convidado de piedra en esta crucial discusión.

"Le va a volver a pasar", dicen en el campo, donde arriesgan que la liquidación de soja será mínima en marzo y abril y esperarán a que el gobierno esté ahorcado en julio y agosto para que le vuelvan a bajar las retenciones.