Jubilaciones: el gasto previsional ya concentra casi la mitad del gasto público
La fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones basada en la inflación con dos meses de rezago está produciendo cambios relevantes en la estructura del gasto público nacional. En particular, el sistema previsional concentra una porción creciente del gasto primario, mientras otros rubros pierden participación. Este comportamiento pone en evidencia que el ajuste aplicado sobre las cuentas públicas se apoya principalmente en recortes de erogaciones específicas y no en una modificación integral del funcionamiento del Estado.
De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), entre enero y noviembre el gasto en jubilaciones y pensiones aumentó 8,8 puntos porcentuales en relación con el gasto primario total. En ese período, la participación del sistema previsional pasó del 36,6% al 45,4%, consolidándose como el principal componente del gasto público nacional.
Este incremento se produjo en paralelo a una reducción significativa de otros conceptos presupuestarios. Según el mismo informe, los subsidios a la energía registraron una caída del 40% interanual, mientras que también se redujeron las transferencias a las provincias y los salarios del sector público. La recomposición relativa del gasto previsional no respondió a un aumento real sostenido de los haberes, sino a la contracción de otros rubros y al efecto de la fórmula de movilidad.
ASAP advierte además sobre la situación del financiamiento del sistema previsional. Actualmente, el financiamiento genuino, entendido como el que proviene de aportes y contribuciones, alcanza solo al 29% del total. En consecuencia, más del 70% de los recursos necesarios para afrontar el pago de jubilaciones y pensiones se cubren con rentas generales del Estado, es decir, con ingresos tributarios.
El peso del sistema previsional dentro del gasto primario
El informe señala que la sostenibilidad del sistema enfrenta dificultades estructurales asociadas al envejecimiento de la población y al aumento de la informalidad laboral. En un reporte previo citado por ASAP, se indica que hacia el tercer trimestre de 2025 los aportes y contribuciones representaban el 29,7% de la estructura de financiamiento previsional. Este dato refleja una dependencia creciente de los recursos fiscales y una presión persistente sobre las finanzas públicas.
En este contexto, el Ministerio de Economía analiza modificaciones en el marco de la reforma laboral que se prevé debatir en febrero de 2026. Entre las iniciativas incluidas figura la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a facilitar el despido en el sector privado. Según lo anunciado, estos fondos se financiarían con una porción de los recursos actualmente asignados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que implicaría una reducción adicional del financiamiento genuino de la ANSES.
El impacto del gasto previsional sobre el presupuesto también se observa al analizar sus distintos componentes. El régimen general de reparto explica actualmente el 23,37% del gasto primario, frente al 19,9% registrado un año atrás. Por su parte, los haberes otorgados a través de la Moratoria Previsional representan el 14,9% del gasto primario, cuando doce meses antes concentraban el 12,9%.
Otro componente relevante es el denominado "Complemento de Prestaciones Previsionales", que corresponde al bono destinado a las jubilaciones mínimas. Este concepto redujo su participación en el gasto primario, al pasar del 3,8% en noviembre de 2024 al 2,8% en el mismo mes de 2025. La disminución relativa del bono dentro del gasto total refleja que parte del ajuste fiscal se realizó a través de la licuación de ingresos de los beneficiarios con haberes más bajos.
Cómo se compone el gasto en jubilaciones y pensiones
Desde el sector privado, distintos analistas señalan que el ajuste fiscal aplicado durante los primeros años de gestión, estimado en alrededor de 38.000 millones de dólares a valores constantes, no implica cambios estructurales en el funcionamiento del Estado. En ese sentido, advierten que la actual composición del gasto puede modificarse en función de decisiones políticas futuras, dado que no se introdujeron reformas de fondo en el sistema previsional ni en la estructura administrativa.
Javier Okseniuk, director de la consultora LCG, explicó que las propuestas de reforma previsional que se analizan no tendrían un impacto inmediato sobre las cuentas fiscales. Según indicó, la mayoría de estas iniciativas no modifican la fórmula de movilidad, sino que se concentran en esquemas de cuentas nocionales orientados a reforzar el componente contributivo del sistema, combinados con un piso de protección social garantizado y revisiones sobre pensiones y regímenes especiales.
De acuerdo con su análisis, los efectos fiscales de este tipo de reformas se materializarían recién en un horizonte de entre 10 y 15 años, lo que limita su capacidad de incidir sobre el resultado fiscal en el corto plazo. En consecuencia, el peso del gasto previsional continúa condicionado por las reglas actuales del sistema y por la evolución de la inflación.
La evolución del poder adquisitivo de las jubilaciones es otro de los aspectos destacados por el informe de ASAP. En el penúltimo mes del año, la movilidad jubilatoria tomó como referencia la inflación de septiembre, que fue del 3,7%. Con ese ajuste, el haber mínimo se ubicó en $333.085. Al sumar el bono de $70.000, establecido mediante el Decreto N° 771/2025, el ingreso total alcanzó los $403.085.
Evolución del poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas
ASAP señala que, a lo largo del año, el haber mínimo registró un incremento interanual real del 0,3% ajustado por inflación. Sin embargo, el bono previsional mantuvo su valor nominal sin cambios desde marzo de 2024, lo que implicó una caída real del 23,8% interanual. Como resultado, al considerar el haber mínimo más el bono, la prestación previsional mínima correspondiente a noviembre mostró una contracción interanual del 4,9% en términos reales.
Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, el haber mínimo más el bono de noviembre de 2025 presenta una caída real del 7,3%. Este deterioro se profundiza en la medida en que el monto del bono permanece fijo mientras la inflación continúa acumulándose.
Según el informe, esta dinámica acerca progresivamente el ingreso previsional mínimo al valor de la canasta básica, que en el período analizado fue de $403.903 por adulto equivalente. La convergencia entre ambos valores refleja el impacto del rezago de la fórmula de movilidad y de la falta de actualización del bono.
El comportamiento del gasto previsional y su financiamiento se consolidan así como uno de los principales desafíos de la política fiscal. La creciente participación de las jubilaciones en el gasto primario, la dependencia de recursos tributarios y la pérdida de poder adquisitivo de los haberes mínimos configuran un escenario que condiciona las decisiones presupuestarias de corto y mediano plazo. En ausencia de una reforma integral, el sistema continúa operando bajo tensiones estructurales que se reflejan tanto en las cuentas públicas como en los ingresos de los beneficiarios.