Polémica en el INDEC: Caputo teme que un nuevo IPC impacte en el dólar, jubilaciones y paritarias

Toto Caputo dejó claro cuál es el problema detrás de la polémica por el nuevo índice de inflación: todavía no se completó el cambio de precios relativos entre los bienes y los servicios. Como, por ejemplo, las tarifas de servicios públicos, que tienen un tramo aún por aumentar. Y si a eso se le suma el hecho de que esos servicios tendrán más peso en la canasta del Indec, el resultado será una suba explosiva en el IPC.

A eso se refirió el ministro de economía cuando dijo que todavía no era el momento adecuado para cambiar la metodología de medición, y que era mejor "esperar hasta que el proceso de desinflación esté consolidado". 

¿Qué significa, para el gobierno, una desinflación consolidada? Para empezar, que haya un incremento en la demanda de pesos por parte del público. Como el propio Caputo se encargó de remarcar, hacia mediados del año pasado empezó un proceso de huida del peso, que llevó a que se dolarizara la mitad del agregado "M2 transaccional privado" -dinero circulante, depósitos en cuenta corriente y cajas de ahorro-.

En los planes oficiales, ese indicador, que es el principal para determinar la necesidad de pesos para el funcionamiento cotidiano de la economía, crecerá este año a un 6,3% del PBI, después de haber caído a un mínimo histórico de 5,7% del PBI.

Hablando en plata, significa que el dinero para los medios de pago de la economía argentina -actualmente $57,1 billones, podría acercarse a los $68 billones. Para algunos economistas, esa proyección luce conservadora, porque si la economía cumple las previsiones de crecimiento al 4% debería haber más necesidad de pesos en el mercado. Y señalan como prueba de ello las tensiones en las tasas de interés.

Pero, además, una "inflación consolidada" implica que se haya completado la puesta al día en una serie de precios que venían con retraso desde el gobierno anterior. Las tarifas son el ejemplo más obvio, pero no son el único caso. Aplica, también, a otros servicios regulados, así como a bienes que tienden a seguir al tipo de cambio.

Datos divergentes con el discurso

Y, claro, también desde el punto de vista del gobierno una inflación consolidada implica una cifra muy inferior a la que se ha venido midiendo en los últimos meses. Después de todo, desde junio hasta ahora, cada mes ha registrado una cifra mayor al mes anterior.

Ahora, se romperá esa inercia peligrosa, cuando el IPC -con la metodología vigente- dé alrededor de 2,5%, después del preocupante 2,8% de diciembre.

Ya cuando se conoció el dato de diciembre, Caputo se quedó sin sus argumentos clásicos, como el que usó cuando pese a la suba del IPC caía "la inflación núcleo" -la que excluye precios estacionales- y tuvo que aceptar que el comportamiento inflacionario había sido peor a lo esperado. Pero no lo justificó del todo con argumentos económicos, sino que recordó la influencia del "riesgo kuka".

Por eso, el ministro destacó que de los últimos meses no había sido tan malo si se considera "un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".

Lo llamativo de su argumento es que, después de las elecciones legislativas, la inflación siguió su tendencia ascendente, a pesar de que ya se había despejado el "riesgo kuka", al que anteriormente se culpaba por las actitudes defensivas de comerciantes y ahorristas, que incrementaban su demanda de bienes y de dólares.

En noviembre, diciembre y enero se verificó una caída de las tasas de interés, luego de la gran turbulencia generada en los meses previos a la elección de octubre. Además, se redujo notablemente la compra de divisas por parte del público minorista, que pasó de un boom dolarizador de u$s5.000 millones en octubre a compras por u$s2.793 millones en diciembre.

En la teoría, todos estos datos deberían llevar a la presunción de que la presión inflacionaria fuera en caída. Sin embargo, las consultoras preveían para enero un IPC en torno a 2,5%, como consecuencia de mayores aumentos a lo esperado en el rubro alimentos.

Temor al efecto estadístico

¿Cuál es el problema concreto con el cambio de metodología del Indec? Que, al actualizar los consumos hogareños, incluyendo una serie de servicios que hoy son de consumo cotidiano y antes eran marginales -conectividad a internet, por ejemplo-, cambian drásticamente las ponderaciones de la canasta.

Hablando en números, mientras el rubro "vivienda, electricidad, gas y otros" se calculaba como un 9,4% del presupuesto familiar, ahora pasará a tener una ponderación de 14,5%.

Esto implica una mala noticia para el gobierno, que basó la caída inflacionaria del 2025 en el abaratamiento relativo de los bienes. Tras la apertura comercial, rubros que antes lideraban la inflación quedaron como los más estables. Los casos emblemáticos son la vestimenta y calzado, que apenas subieron un 15,3% en todo el año, y también los electrodomésticos y equipamiento del hogar, rubro en que los aumentos fueron del 19,3%.

En definitiva, aun si los aumentos de febrero fueran idénticos a los de enero, solamente por el cambio estadístico hay chances de una suba de algunas décimas en el IPC. Pero, para empeorar la situación, se está en pleno reajuste tarifario, luego de la "tregua" pre electoral en las boletas de los servicios.

Para Caputo, no podría haber peor noticia que un IPC aproximándose a 3% en febrero. Para empezar, porque pondría en duda el discurso oficial de la desinflación y el pronóstico de que este año habrá una inflación acumulada de 20% luego del 31,5% del año pasado.

Un gatillo para dólar, jubilaciones y paritarias

Pero, además, hay dos detalles sensibles: el primero es que las jubilaciones toman la inflación pasada como indicador para su ajuste mensual. El rubro de jubilaciones y pensiones es, por lejos, el de mayor peso en el presupuesto nacional, y viene en aumento: pasó de representar un 40,2% de los gastos corrientes en 2024 a un 45,3% en apenas un año.

El segundo detalle importante que trae aparejado un IPC al alza es que, como parte de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional -al que no le gusta el esquema de retraso cambiario-, Caputo aceptó que el techo de la banda de flotación del dólar tome como referencia al IPC. Es así que en febrero el tipo de cambio se moverá a una velocidad de 2,8% -que fue el IPC de diciembre-.

Un techo que se aleje demasiado del dólar oficial reinstala la polémica sobre si se está reprimiendo artificialmente el tipo de cambio, lo cual puede volver a generar volatilidad en el mercado. De hecho, pese a la relativa calma de las últimas semanas, la polémica está creciendo entre los economistas, como se evidenció con la advertencia de Domingo Cavallo sobre la necesidad de levantar las últimas restricciones del "cepo" para las empresas.

Hay, finalmente, otro efecto que no está vinculado directamente al gasto público, pero que también preocupa a Caputo: se está en la antesala de las renegociaciones salariales, y un IPC al alza reforzaría el argumento de los dirigentes sindicales que reclaman convenios de corta duración. Por caso, Hugo Moyano consideró que acuerdos semestrales ya no son factibles con este nivel inflacionario.

¿Para cuándo queda el cambio?

Después de la salida de Marco Lavagna del Indec y de la afirmación de Caputo sobre la necesidad de "consolidar la desinflación", el interrogante que se plantea en el mercado es cuál será la señal de que se llegó al momento adecuado.

Podría pensarse que recién se permita el cambio de metodología cuando haya pasado el período de subas estacionales de los servicios. Generalmente eso ocurre luego de marzo, cuando pasaron los ajustes en turismo y en el inicio del ciclo escolar.

El momento de menor riesgo relativo para estos cambios es el segundo trimestre, que coincide con el ingreso masivo de dólares de la exportación agrícola, y garantiza una mayor estabilidad macroeconómica.

Otra posibilidad es que se espere a que el índice de riesgo país esté en un nivel que el gobierno considere alineado con la situación macroeconómica. Ahora está en torno de 500 puntos, pero el gobierno afirma que, si no fuera por el "riesgo kuka", podría estar debajo de 400. 

No por casualidad, el presidente Javier Milei está insistiendo con la necesidad de que caiga ese indicador, y avisó que, como señal para recuperar la confianza de los inversores, pasará a un ritmo más lento en la emisión de bonos de deuda soberana.

Pero también cabe la posibilidad de que, simplemente, el criterio se centre en las cifras y se prefiera esperar a que el IPC vuelva a ubicarse debajo de 2%, algo que no ocurre desde agosto.