Laboratorios extranjeros podrán "blindar" medicamentos por 20 años y empresas nacionales pierden un enorme negocio
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En una decisión que agudiza las tensiones dentro del Gobierno y abre una disputa en el Congreso, el presidente Javier Milei avanzó en uno de los compromisos más sensibles en su acuerdo comercial con los Estados Unidos: destrabó el respeto pleno a la propiedad intelectual en el sector farmacéutico. La derogación de la resolución conjunta de 2012, que trababa el patentamiento de medicamentos, no solo abre una pelea en la Cámara de Diputados, sino que desnuda una interna feroz entre operadores del oficialismo.
"Ahora vamos por la adhesión del Congreso al Tratado de Cooperación de Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT), que ya tiene media sanción del Senado y sólo falta que lo apruebe la Cámara de Diputados", dijo a iProfesional una alta fuente de la Casa Rosada, que no ocultó el optimismo por cumplir con uno de los requisitos de los Estados Unidos.
Desde la línea interna de la Cancillería, que dirige Pablo Quirno, criticaron internamente el modo en que se activó la medida: "Nadie duda de que había que derogar la resolución de 2012 que trababa el patentamiento, pero lo hicimos a cambio de nada, podríamos haber negociado la exportación del aluminio o algún beneficio extra", señalaron avezados diplomáticos a iProfesional.
"Estas cosas se hacen así: aún cuando estás obligado a cumplir no firmás todo a cambio de nada, te sentás y sacás algo para tu país. Hoy por el contexto de la guerra y el bloqueo al Estrecho de Ormuz, podríamos haber negociado algo más, como el aluminio", explicó la fuente.
El movimiento pro Estados Unidos tuvo nombre y apellido: Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación se anotó un triunfo político y geopolítico de alto impacto al lograr que se firme la Resolución Conjunta 1/2026, que en los hechos deroga la de 2012 y elimina las barreras que durante más de una década habían limitado la protección de patentes farmacéuticas en la Argentina.
En otras palabras, la resolución 1/2026 de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) derogó la Resolución Conjunta compuesta por las Resoluciones 118/2012, 546/2012 y 107/2012, que había dictado el gobierno de Cristina Kirchner y que ponía trabas a los patentamientos de medicamentos y de agroquímicos, lo cual desató una presión permanente del gobierno de los Estados Unidos sobre la Argentina.
Esa resolución de 2012, en los hechos, inutilizaba la Ley de Patentes sancionada por el gobierno de Carlos Menem en 1995, también por presión de Washington.
La medida de Sturzenegger, también firmada por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo; el de Salud, Mario Lugones, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, fue, en rigor, el primer paso concreto para cumplir con el acuerdo de Comercio e Inversiones firmado con Estados Unidos el 5 de febrero pasado. Pero como toda decisión estratégica, tuvo ganadores y perdedores claros.
Sturzenegger gana terreno mientras Santiago Caputo retrocede en la interna
En el tablero doméstico, el avance de Sturzenegger es leído como una derrota directa del asesor presidencial Santiago Caputo y del ministro de Salud, Mario Lugones. Ambos habían resistido históricamente cualquier flexibilización del régimen de patentes, alineados con los intereses de los laboratorios nacionales agrupados en CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Argentina.
Caputo, con vínculos aceitados con ese sector —al igual que Karina Milei, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem—, había hecho de esa bandera una causa interna. Se jactaba de que el liberalismo de Milei, que defiende la vida, la libertad y la propiedad privada, subestimaba el valor de la propiedad intelectual, como si fuera de segundo orden.
Incluso Lugones, su protegido en Salud y hombre con terminales en el Sanatorio Güemes junto a Luis Barrionuevo y Enrique "Coti" Nosiglia, defendía ese esquema como mecanismo de protección de la industria local. En torno de este conflicto siempre se movieron fuertes intereses económicos de los laboratorios locales y extranjeros.
Esta nueva derrota de Caputo, de todos modos, no es tan sonora como haber perdido el control del Ministerio de Justicia, donde fue desplazado su delfín, Sebastián Amerio, que era el viceministro, y donde no fue escuchado para ungir a Guillermo Montenegro, porque el "karinismo" impuso a Juan Bautista Mahiques como ministro y a Santiago Viola como viceministro.
Tampoco fue tan medible como las declaraciones del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, que el fin de semana atribuyó la difusión de un video suyo con su familia en el aeropuerto de San Fernando a "edificios públicos" de "adentro del mismo gobierno". Todas las miradas se posaron en Santiago Caputo y estuvo a punto de perder el manejo de la SIDE, con Christian Auguadra.
La decisión de Sturzenegger de avanzar, pese a esa resistencia de Caputo, dejó expuesto un dato clave: no había manera de no hacerlo una vez firmado el Acuerdo Comercial, y menos aún cuando la presión viene de Washington: el equilibrio interno del mileísmo se redefine. El brazo del ala caputista se torció a mediados de 2025 cuando el gobierno de Donald Trump presionó con fuerza a la Argentina en este punto a cambio del salvataje financiero de octubre.
Sturzenegger, que había tomado nota de las exigencias norteamericanas a partir de los diálogos de la ex canciller Diana Mondino, entendió que el respeto a la propiedad intelectual era una condición innegociable para la Casa Blanca. Previo a esos consejos de Mondino, no estaba en el radar del principal ministro desregulador.
Y actuó en consecuencia. No sólo empujó la medida, con discreción y sin alaridos, sino que la capitalizó políticamente al anunciarla en la red X con una narrativa alineada al núcleo ideológico del Gobierno: propiedad privada, seguridad jurídica y "volver al mundo".
Los laboratorios extranjeros celebran mientras los nacionales temen el impacto
La resolución no puede leerse sin el contexto internacional. El capítulo de propiedad intelectual fue central en el entendimiento con Estados Unidos, donde el lobby de los grandes laboratorios y de la industria de agroquímicos tiene peso estructural. El mensaje de Washington fue claro: sin un régimen de patentes robusto, no hay acuerdo posible.
De hecho, el alineamiento con estándares internacionales -incluido el cumplimiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC- y la futura adhesión al Patent Cooperation Treaty (PCT) son condiciones necesarias no solo para consolidar el vínculo bilateral, sino también para avanzar en el objetivo estratégico de ingresar a la OCDE, el club de los países desarrollados.
El PCT, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, implica un cambio estructural: una patente registrada en un país miembro tendrá validez automática en más de 100 países firmantes –la Argentina sería uno de ellos- durante 20 años. En la práctica, blinda la innovación y bloquea la copia de fórmulas por parte de terceros.
En otras palabras: la protección de la propiedad intelectual que impusieron los Estados Unidos consistirá lisa y llanamente que un laboratorio argentino no pueda copiar por dos décadas una fórmula que patenta una empresa de cualquier parte del mundo con sus propias investigaciones. Solo cumplido ese lapso, el local lo puede comercializar.
Los laboratorios suelen invertir millones de dólares en investigaciones de fórmulas medicinales o agroquímicos. Apenas descubren una molécula la patentan por 20 años. Pero la investigación dura un promedio de 10 años hasta que se comercializa.
Las patentes sólo regirán en el país hacia adelante: no serán retroactivas por lo que los laboratorios nacionales seguirán comercializando medicamentos actuales.
Este antiguo conflicto, entre extranjeros y locales, representa miles de millones de dólares que mueve la industria farmacéutica. Siempre fue materia de conflicto político.
Los grandes beneficiados de este giro son los laboratorios extranjeros, especialmente norteamericanos, alemanes, suizos o británicos, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME). Con un marco de mayor seguridad jurídica, estiman que las inversiones en investigación clínica —hoy en torno a los u$s700 millones anuales— podrían duplicarse o incluso triplicarse en el mediano plazo.
El razonamiento es lineal: sin protección de patentes, no hay incentivo para invertir en desarrollos que demandan más de una década y millones de dólares. Con reglas claras, en cambio, la Argentina podría captar parte de ese flujo global.
Destacaron que "fortalece la previsibilidad" y "favorece la llegada de nuevas terapias", aunque advirtieron que el impacto dependerá de la implementación y del avance legislativo, según un comunicado difundido este miércoles.
En el otro extremo, los laboratorios nacionales enfrentan un cambio de paradigma. El esquema que les permitía replicar fórmulas extranjeras y comercializarlas con marca propia —amparados en las restricciones de la resolución de 2012— queda virtualmente desactivado hacia adelante.
CILFA, que durante años defendió ese modelo bajo el argumento de garantizar precios más bajos y proteger la industria local, aparece como uno de los grandes derrotados. Estiman que el esquema anterior generaba ahorros por unos u$s2.200 millones.
Ahora, sin esa herramienta, anticipan una ofensiva en el Congreso para intentar frenar la adhesión al PCT o, al menos, introducir modificaciones que amortigüen el impacto.
La transición prevé que los medicamentos actuales sigan sin restricciones
La Resolución 1/2026 incluye, sin embargo, un mecanismo de transición clave: los medicamentos que ya están en el mercado podrán seguir comercializándose sin restricciones ni pago de regalías, incluso si se otorgan patentes sobre ellos a partir de ahora.
Es un intento de evitar un shock inmediato en precios y abastecimiento, aunque no altera la tendencia de fondo: hacia adelante, el sistema se alinea con los estándares internacionales. El INPI, además, recupera plena discrecionalidad técnica para analizar caso por caso, sin las restricciones adicionales que imponía la normativa kirchnerista. Incluso, una exigencia norteamericana es dotar al organismo de mayor personal técnico especializado.
El Congreso será el escenario de la próxima batalla por las patentes
El verdadero test político será en Diputados. La adhesión al PCT —que tiene media sanción del Senado desde los años del menemismo— reabrirá la puja entre dos modelos: apertura e integración global versus protección de la industria local.
Allí volverán a cruzarse los intereses de los laboratorios extranjeros, el Gobierno alineado con Estados Unidos y el lobby de CILFA, que buscará aliados para bloquear o diluir la iniciativa. No será una discusión técnica, sino profundamente política.
La crítica diplomática: una concesión sin contraprestación comercial
En paralelo, algunos observadores diplomáticos deslizan una crítica silenciosa: la Argentina habría cedido en un punto clave sin obtener beneficios comerciales concretos a cambio.
En particular, mencionan la falta de avances en la reducción de aranceles para exportaciones de aluminio y acero a Estados Unidos, hoy castigadas con tarifas del 50%. Un terreno complejo, dominado por jugadores como Aluar (Javier Madanes Quintanilla) y Techint (Paolo Rocca), ambos en tensión con el discurso presidencial.
La pregunta queda flotando en despachos oficiales y embajadas: si la propiedad intelectual era una carta de negociación, ¿por qué se jugó sin exigir una compensación equivalente?
Milei combina convicción ideológica con pragmatismo geopolítico
La decisión sintetiza, en definitiva, la lógica del Gobierno: una combinación de convicción ideológica —la defensa irrestricta de la propiedad privada— y pragmatismo geopolítico para alinearse con Estados Unidos.
Pero también deja al descubierto las tensiones internas de un oficialismo donde conviven agendas, intereses y vínculos contradictorios.
Sturzenegger emerge fortalecido, Caputo retrocede y el Congreso se prepara para una nueva batalla. En el fondo, lo que está en juego no es solo el régimen de patentes, sino el modelo de inserción internacional de la Argentina. Y, como suele ocurrir, la política se define en ese delicado equilibrio entre convicciones, presiones y costos.