La respuesta de la CAME al pedido que el FMI le hizo al Gobierno por la reforma tributaria

La discusión en torno a las transformaciones fiscales que necesita la economía argentina sumó una fuerte voz de resistencia desde el sector productivo nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó de manera categórica la propuesta de reforma tributaria sugerida por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Javier Milei. La entidad gremial-empresaria cuestionó los lineamientos del organismo multilateral y alertó sobre el impacto recesivo que tendrían estas medidas en el entramado de las pequeñas y medianas empresas y en el mercado interno.

El planteo del FMI incluye medidas de fuerte impacto recaudatorio como ampliar la base imponible del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, extender la aplicación del IVA a bienes que actualmente se encuentran exentos y elevar los topes de las categorías del Monotributo. A través de un comunicado oficial, la CAME denunció que este paquete estructural recae principalmente sobre los hombros de los asalariados y el consumo doméstico. Para la institución, se trata de reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, omitiendo modificar los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo en el país.

En su diagnóstico, la entidad empresaria señaló que el FMI ignora por completo el peso de la tributación subnacional, que es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica del interior del país: el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales. De acuerdo con los datos relevados por la entidad, las exigencias fiscales de provincias y municipios representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, un porcentaje que se cobra de manera independiente a si el comercio o la fábrica registra rentabilidad o no.

La trampa de los "saldos a favor" y el préstamo forzoso al Estado

Uno de los puntos más críticos denunciados por la CAME radica en la mecánica de funcionamiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que catalogaron como un tributo "en cascada" que se va acumulando de forma nociva en cada etapa de la cadena productiva. El verdadero perjuicio para las pymes proviene de la proliferación de regímenes de retención y percepción provinciales, que obligan a las empresas a pagar más de lo que efectivamente deben por cada operación. Esto genera de manera constante abultados "saldos a favor" en sus cuentas tributarias provinciales.

Si bien la normativa prevé que estos excedentes se puedan recuperar mediante compensaciones futuras o por devolución directa del fisco, la CAME advirtió que en la práctica el sistema está roto por los siguientes motivos:

Compensación insuficiente: Los nuevos saldos acumulados superan mes a mes la capacidad de absorción del contribuyente en sus liquidaciones mensuales habituales.

• Devoluciones demoradas: El Estado demora entre 12 y 36 meses en reintegrar el dinero en efectivo a las firmas solicitantes.
• Pérdida por inflación: Debido a las demoras oficiales y la falta de actualización, los fondos devueltos pierden entre el 60% y el 80% de su valor real.
• Efecto financiero: La operatoria funciona en la práctica como un préstamo forzoso y sin remuneración al fisco, permitiendo que el Estado capture un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo pyme, sin que esto figure en ninguna estadística oficial de presión tributaria.

La propuesta de un Nuevo Consenso Fiscal permanente

Frente a este escenario de asfixia financiera, la CAME instó de manera urgente al Gobierno nacional, a las provincias y a los intendentes de todo el país a convocar a un Nuevo Consenso Fiscal. Desde la entidad remarcaron que el objetivo prioritario no debe limitarse a una reducción nominal de alícuotas que luego pueda revertirse fácilmente por decreto. Por el contrario, exigieron el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional.

Los ejes centrales que componen el proyecto estructural de las medianas empresas contemplan las siguientes medidas:

1. Racionalización de Ingresos Brutos: Eliminar el cobro de IIBB en las etapas intermedias de la producción y aplicarlo de forma única en la venta final al consumidor, emulando el formato técnico que posee el IVA.
2. Límite a las retenciones: Fijar una alícuota máxima de retención y percepción basada en la tasa efectiva por actividad, la cual no debería superar el 1%.
3. Indexación y plazos: Establecer un plazo máximo de 90 días corridos para la devolución de los fondos con intereses resarcitorios automáticos, sumando una indexación automática por coeficiente CER desde el día 31 de haberse generado el saldo a favor.
4. Transparencia y control: Obligar a una publicación trimestral del stock total de saldos acumulados y dotar a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral de funciones como organismo fiscalizador para asegurar el cumplimiento de los plazos.
5. Freno a las tasas municipales: Poner fin de manera definitiva a la proliferación de tasas opacas exigidas por más de 2.300 municipios del país, las cuales se cobran sin un correlato verificable en servicios públicos efectivamente prestados a las empresas.