Gremio de estatales demandó al Gobierno por usar fondos jubilatorios para pagar indemnizaciones
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La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) insiste en su disputa con el gobierno de Javier Milei tanto con medidas de fuerza como en el plano judicial. En esta oportunidad eligió el segundo camino, presentando una demanda ante la Justicia Federal para declarar inconstitucionalidad la Ley de Modernización Laboral, que desvía fondos de la seguridad social para financiar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
El secretario General de la organización gremial, Rodolfo Aguiar, manifestó: "Tenemos que frenar la implementación del Fondo de cese antes que sea demasiado tarde", advirtiendo que "el FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado".
Fuentes gremiales insistieron que el sistema "puede funcionar en un sector como la construcción, que tiene inicio y final, pero no en es aplicable a todas las actividades; por eso entendemos que se trata de un negocio financiero que no beneficiará a los trabajadores, sino que los perjudicará, atomizando aún más el mercado laboral".
ATE: "Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES"
Aguiar sostuvo que "estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes".
La llamada reforma laboral, bajo la ley â 27.802 permite a los empleadores descontar de sus contribuciones al sistema previsional el mismo monto que aportan al FAL. En la práctica, las compañías dejan de pagar las indemnizaciones por despido directamente, y estas pasan a ser cobradas por los trabajadores a través de un fondo financiado con sus aportes jubilatorios.
El titular de ATE remarcó que "la Justicia debe intervenir y no dudar en defender los intereses de aquellos que han sido los más afectados por el programa económico de Milei, que son los jubilados y pensionados".
Para el gremio de estatales, "están violando el artículo 14 bis"
Se estima que el desfinanciamiento del sistema previsional es no menor a 3.000 millones de dólares anuales. Si el porcentaje aportado al FAL alcanza su tope del 3 por ciento, el sistema perderá el 16,5 por ciento de sus ingresos, en un contexto donde hoy no alcanza a cubrir las prestaciones vigentes.
La demanda judicial de ATE es contra el artículo 76 de la ley de Modernización Laboral y el artículo 24 del Decreto 408/2026 y se presentó como un reclamo colectivo en favor de todos los jubilados, pensionados y trabajadores que aportan al sistema estatal (SIPA).
La intención es que la decisión final del juez proteja a todas las personas del sistema, y no solo a los afiliados del gremio del personal de la administración pública. Además, reclamó una medida cautelar para frenar la aplicación de las normas mientras se define el juicio.
Aguiar explicó que la ley es inconstitucional "porque viola el artículo 14 bis" -que protege a los trabajadores y jubilados- y los "tratados internacionales de derechos humanos que el país se comprometió a respetar, especialmente los que defienden a las personas mayores".