Nuevo conflicto en PAMI: ATE anunció un paro y los prestadores reclaman por deudas y aranceles

La crisis en el PAMI parece no tener fondo, debido a los desafíos que debe enfrentar: a la deuda de más de $500.000 millones con los prestadores -quienes recurrentemente suspenden sus servicios- y los recurrentes cambios de la cúpula directiva ahora se suma un plan de lucha de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La organización gremial convocó a un cese de actividades por 24 horas para este martes, acompañado por una movilización a la sede central de la obra social, ubicada en avenida Corrientes 655 (CABA), en reclamo de una urgente recomposición salarial, ante ingresos "por debajo de la canasta básica", señalaron.

ATE advierte sobre el vaciamiento y el impacto en los jubilados

"Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable. Más de 5.000.000 de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud", afirmó el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, quien también es empleado de PAMI.

Reveló que "el vaciamiento de la obra social que se ha llevado adelante en este tiempo no tiene precedentes. Los jubilados ya no tienen ningún tipo de prestación" y aseguró que "en los últimos dos años murieron 45.000 adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones".

Aguiar sostuvo que "hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica" y agregó que "mientras que los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados".

Amenazan con profundizar el plan de lucha

El titular de ATE manifestó: "No puede ser que después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados se les vulnera su derecho humano de acceder de manera libre y gratuita al sistema de salud" y explicó: "Hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI. Si no existen respuestas, todas las medidas se van a profundizar".

Según el sindicato, la obra social está absolutamente colapsada y no puede dar respuestas a los más de 5 millones de jubilados y pensionados que están afiliados, estimando que una buena parte del desfinanciamiento se basa en la eliminación del Impuesto País que destinaba gran parte de lo recaudado a PAMI. En este punto indicó que en 2024, el gobierno aseguró que cubriría ese monto con fondos del Tesoro Nacional; sin embargo, de los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado a la obra social mediante el tributo, solo se compensaron 0,9 billones hasta julio de este año.

En lo que respecta a los cambios directivos, la semana pasada se anunció la salida de Juan Cruz Montero de la Coordinación Ejecutiva de la obra social, quién será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez, ligada a Santiago Caputo. En paralelo, también salió Florencia Zicavo, de la sindicatura del organismo, formalizada por el presidente Javier Milei a través del Decreto 860/26, con vigencia desde el 1 de septiembre y por ahora el puesto en el área de control interno y fiscalización continúa vacante al cierre de esta nota.

Crisis del PAMI con los prestadores

En cuanto al conflicto con los prestadores, más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza suspendieron la atención programada a afiliados del PAMI el 27 y 28 de agosto, en reclamo por el retraso arancelario y la mora que se registra en los pagos.

La Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress) y otras asociaciones sostienen que la situación financiera del sector es de "extrema fragilidad". En una carta dirigida al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, distintas entidades del sector aseguraron que "existe un retraso arancelario acumulado de 131,9% respecto de la inflación, además de mora en los pagos".

Detallaron además que entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación general medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 241%, mientras que la cápita abonada por PAMI -el monto que la obra social paga por cada afiliado asignado- aumentó 111%. De acuerdo con sus cálculos, esto representa una brecha de aproximadamente 132 puntos porcentuales frente a la evolución de los precios.

"Entendemos las demandas de los prestadores, pero cualquier aumento que se lleve adelante debe hacerse de forma responsable, contar con financiamiento y tener sustento económico que permita sostenerlo en el tiempo", señalaron desde el Instituto.