Presentaron al BCRA un plan de viviendas para la clase media

La Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda presentaron al Banco Central una propuesta de financiamiento de vivienda para la clase media que imitará esquemas implementados en Chile, México y España.

Las cámaras aseguran que la propuesta, que ya habían presentado públicamente en septiembre, permitirá construir 70.000 viviendas por año, hará crecer 2,4% anual el PBI e involucrará a actores privados (AFJP y compañías de seguro) y estatales (ANSES y BCRA). (Ver nota: Constructoras lanzan plan de viviendas para la clase media)

La base de la propuesta no es que el Estado asuma un rol subsidiario que afecte su solvencia fiscal, sino que intervenga como ente regulador y deje a los privados la ejecución de las obras.

Unidad de ajuste
Un punto central de la propuesta es la instrumentación de una unidad de ajuste para los créditos, que no serían ni monedas extranjeras ni tasas variables, sino el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Para la CEDU, este índice "es el menos inequitativo de los mecanismos de ajuste porque sigue los ingresos del deudor, que así tiene una mejor correlación entre su deuda y salario".

Esto ayudará también a los destinatarios finales de los instrumentos securitizados, las AFJP y la ANSES, que así podrán calzar sus inversiones con sus obligaciones futuras (el pago a sus afiliados).

Cambios legales y adhesión provincial
Otro punto de la propuesta es la creación de un seguro de desempleo, que se nutrirá de un 3 por mil adicional a los aportes patronales y garantizará el cobro de los desarrolladores si el tomador pierde el empleo.

Además, habrá un sistema de scoring para subsidiar el 10% del monto de la vivienda, un desembolso que podrá venir de los desarrolladores (a cambio de descuento de impuestos) o los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV).

La idea es también modificar el sistema de garantías crediticias: se reemplazará a las hipotecas por fideicomisos, previa desgravación del impuesto a la ganancia mínima presunta que lo grava.

La propuesta incluirá además a las provincias, que además de los subsidios que darían sus Institutos Provinciales de Vivienda, evitarían gravar las operaciones e instrumentos.