Una provincia no quiere micropricing y busca que petroleras informen aumentos de combustibles
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Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires pretende que las empresas que producen y comercializan combustibes tengan la obligatoriedad en territorio bonaerense a informar con 72 horas de anticipación cualquier modificación en los precios de las naftas y gasoil, y combustibles gaseosos.
"Con el objetivo de frenar los aumentos de los precios de los combustibles y garantizar reglas claras para la ciudadanía, la Legislatura bonaerense busca consenso para aprobar un proyecto de ley y obligar a las petroleras a anunciar sus aumentos de precios", expresó la bancada oficialista bonaerense tras la propuesta de la diputada Ayelén Rasquetti.
El proyecto es una de las reacciones que comenzó a generar la política de micropricing de las empresas petroleras para el aumento de precios en los surtidores de manera diaria o con periodicidad semanal, sin anuncios formales como venía ocurriendo en los últimos años.
"Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes, expresó la presentación, en la que se aclaró que "esta ley viene a poner orden donde hoy hay especulación".
El alcance del proyecto
La iniciativa que ya tiene estado parlamentario en la legislatura bonaerense "alcanza a todas las empresas que operan como abastecedoras o expendedoras de combustibles, y busca que se garantice una comunicación previa y clara de cualquier suba de precios, para permitir un mejor control estatal y brindar previsibilidad a la ciudadanía", plantea el proyecto.
En todo el país hay más de 5.100 estaciones de servicio, de las cuales la provincia de Buenos Aires tiene unas 1.880 bocas de expendio, lo que la convierte en la provincia con la mayor cantidad de este tipo de establecimientos, seguida por Córdoba y Santa Fe.
"Las petroleras dolarizaron el precio y en un año triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro", agregó la diputada.
En ese sentido, argumentó que "el combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados".
En similar sentido, legisladores de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación buscan restablecer la obligación de informar cualquier modificación en el precios de los combustibles, una medida derogada por la actual gestión.
El microprincing sin marco legal
La volatilidad del precio de combustibles en la venta al público acompaña variables locales de la macroeconomía que afectan la paridad del tipo de cambio, a lo que se suma el costo de los biocobustibles y el incremento del componente impositivo, estos dos últimos fijados por el Estado, pero también la inestabilidad del precio internacional del barril de petróleo.
Para evitar el traslado a los surtidores de movimientos bruscos de precios, las empresas vienen implementando en los últimos dos meses un esquema de aumentos mínimos -incluso algunas bajas temporales-, pero con una frecuencia diaria, en el denominado esquema de micropricing.
A comienzos de junio, una medida del gobierno nacional facilitó esta operatoria de las compañias cuando la Resolución 717 del Ministerio de Economía, derogó una norma vigente desde 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar todo movimento de precios de los combustibles líquidos y del GNC, dentro de las ocho horas de realizado el cambio en el surtidor.
La medida entendía que "conforme los principios rectores de hoy en día, la obligación de informar precios en un sistema centralizado podría representar una forma de intervención estatal limitante de la autonomía comercial de las estaciones de servicio del sector".
Así, se planteaba que en un mercado competitivo, "los precios se regulan por la oferta y la demanda, y el rol del Estado no debe ser el de controlar ni recopilar precios, sino el de asegurar condiciones de competencia leal en todo el territorio nacional".