Por qué el Gobierno bajó retenciones al petróleo convencional, pero dejó afuera a Vaca Muerta

El Gobierno nacional firmó con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional, con el objetivo de preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo. La medida era un reclamo de las provincias productoras afectadas por la baja de los precios internacionales de crudo y los elevados costos de la producción convencional.

El anuncio se dio tras la reunión que mantuvieron el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par del Interior, Diego Santilli, con el gobernador Torres, el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González y el Presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

La medida que era esperada en la industria permitirá darle mayor competitividad a las exportaciones de provincias como Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego o Mendoza, que están gravadas con un 8% de retenciones, con lo cual ahora el gobierno planteó un "acuerdo de esfuerzos compartidos que se inicia con Chubut y se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras".

En este sentido, el Estado Nacional se comprometió a adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional, mientras que la provincia ratifica y profundiza sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones; y las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

La urgencia del sector se explica en la relevancia que la producción madura aún tiene para la Argentina. A pesar del avance no convencional, los yacimientos tradicionales aportan el 40% del crudo y el 30% del gas natural totales. Más aún, concentran el 48% de las reservas probadas de petróleo.

De esta manera, se espera que las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria

El Gobierno había avanzado ayer en la reducción de la carga impositiva sobre aceites y lubricantes para favorecer el sostenimiento de las inversiones y la producción industriales, en un marco de desregulación, de apertura comercial y de consecuente búsqueda de competitividad de distintos sectores.

La situación del petróleo convencional

Las provincias con una explotación de petróleo convencional viene afrontando un fuerte declive de producción por la madurez de las cuencas, lo que en los últimos años afectó fuertemente al empleo, a las pymes de servicios y a las grandes compañías de operaciones especiales que mayormente cerraron sus puertas para migrar a Vaca Muerta.

Ante ese escenario, las provincias venían elevando un reclamo al Gobierno nacional solicitando la quita de las retenciones a las exportaciones con el argumento central basado en la necesidad de restaurar la rentabilidad de una actividad que se percibe como estrangulada por la presión fiscal y las condiciones operativas.

A diferencia de los nuevos desarrollos no convencionales, el petróleo convencional proviene de yacimientos maduros, lo que implica mayores costos de extracción y una menor productividad por pozo. Las operadoras deben invertir constantemente en recuperación secundaria y terciaria para mantener el flujo de crudo.

Las retenciones actúan como un costo fijo que reduce directamente el precio que reciben en boca de pozo, volviendo marginales o incluso deficitarias a muchas explotaciones. Reducir esta carga impositiva en un 8% no solo alivia la ecuación económica de las empresas, sino que también tiene un impacto directo en las regalías provinciales, que se calculan sobre el valor fiscal del crudo.

Otro punto clave es la necesidad de equilibrar la cancha con el pujante sector del petróleo no convencional, que ha acaparado gran parte de las inversiones. Las provincias argumentan que, sin una modificación fiscal para el segmento convencional, las empresas podrían terminarían de migrar totalmente sus recursos y capital hacia Vaca Muerta, abandonando los yacimientos maduros.

El plan de reactivación de las petroleras

La quita de retenciones no es la única medida que semanas atrás plantearon las principales petroleras, las que elaboraron un plan que contempla la creación de un Régimen de Reactivación de la Producción Convencional de carácter permanente. El objetivo central es evitar el cierre de pozos y la consiguiente pérdida de miles de empleos y de ingresos fiscales en las provincias productoras.

La clave de la iniciativa es inyectar competitividad a una actividad que ya presenta márgenes operativos insostenibles. Los datos del sector son alarmantes: mientras que el costo de extracción (lifting cost) oscila entre u$s35 y u$s45 por barril, el precio de venta actual no supera los u$s62 por barril, situación que desalienta cualquier nueva inversión.

El corazón del planteo radica en una serie de concesiones tributarias que buscan aliviar la pesada carga impositiva. Entre las medidas de mayor impacto económico, se destacan la reducción de regalías, para lo cual se propone llevar la alícuota provincial a un piso del 6% o, alternativamente, establecer un sistema de regalías variable que se ajuste a la rentabilidad.

También se propone un régimen de incentivos a la inversión que incluya la posibilidad de acceder a deducciones aceleradas en el Impuesto a las Ganancias para todas las inversiones destinadas a optimizar la producción.

A las autoridades de las provincias productoras, las compañías operadoras solicitan un alivio impositivo, y piden una exención total de Ingresos Brutos por 5 años, con un tope del 3% a partir de ese período. Además, el plan incluye la implementación de un régimen cambiario especial para las exportaciones y la repatriación de inversiones.

También se promueve una Ventanilla Única para la digitalización de trámites, con un compromiso de respuesta de la administración en un plazo de diez días.