El nuevo esquema de subsidio a las garrafas modifica el tope de precios y los recursos asignados al beneficiario

El Gobierno nacional avanza en la reformulación del Programa Hogar que luego de un período de transición dejará de existir y que es un sistema de asistencia para el consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas que rige en la Argentina desde 2015.

Según las proyecciones para el ejercicio 2026, el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) demandará una inversión pública estimada en u$s476 millones para cubrir la demanda de los sectores más vulnerables que dependen del uso de garrafas por no contar con gas por redes.

De acuerdo a un informe de la consultora especializada Economía y Energía, esta cifra del programa se basa en un universo de 3,9 millones de beneficiarios según el padrón registrado a comienzos de 2025, aunque de acuerdo con los datos más recientes del INDEC (correspondientes al primer semestre de 2025 y publicados a finales del año pasado), se estima que el 34,3% de los hogares en la Argentina no tiene acceso a la red de gas natural.

Sin embargo, la administración central prevé que esta nómina disminuya progresivamente debido a la implementación del nuevo Registro, que exige una reinscripción voluntaria y elimina el traspaso automático que funcionaba anteriormente.

Un mercado sin topes de precios para la garrafa

La reforma ratifica el fin de una era en la política de precios internos. Mientras que el esquema original buscaba sostener un "precio de referencia" para la garrafa, la nueva política eliminó desde 2024 este tope, permitiendo que el producto alcance el precio de exportación, un viejo reclamo de la industria garrafera que aseguraba operar por debajo de los costos.

Para dimensionar el impacto en el mercado, se estima que para diciembre de 2025 la garrafa de 10 kilos de YPF alcanzaba un valor de $20.852, una cifra sensiblemente superior a los valores históricos que, hasta fines de 2023, contaban con una fuerte regulación estatal.

El esquema propuesto introduce modificaciones críticas en la asignación de los recursos, En principio habrá una cuantificación fija, por la cual se transferirá el valor equivalente a 8,5 garrafas anuales por hogar. A diferencia del sistema anterior, el monto ya no dependerá del tamaño del grupo familiar ni contará con el régimen diferenciado por zona fría para la Patagonia.

El nuevo diseño busca estandarizar el costo fiscal eliminando las variables que anteriormente encarecían el programa. Hasta el momento, el Programa Hogar otorgaba entre 16 y 20 garrafas anuales, con un esquema de refuerzo para la zona patagónica por razones climáticas.

La asistencia se mantiene como un subsidio directo a la demanda, aunque con un control patrimonial más estricto a través del RESEF, para lo cual los beneficiarios deberán inscribirse, no asi los usuarios del servicio de electricidad y gas por redes que ya lo hicieron oportunamente en el RASE vigente desde 2022 hasta el 31 de diciembre.

¿Hay un vacío legal por resolver?

A pesar de la precisión en el costo fiscal proyectado, especialistas advierten sobre un vacío legal en la implementación al no haberse definido un precio de referencia oficial para la garrafa, todavía no hay certezas absolutas sobre cómo se calculará el monto exacto del subsidio que se depositará a los beneficiarios.

Esta falta de un "ancla" en el precio de mercado podría generar una brecha entre la asistencia otorgada y el costo real que terminan pagando los sectores más vulnerables en los puntos de venta, se viene advirtiendo en distintos análisis.

Además, el impacto fiscal de US$ 476 millones para 2026 podría verse afectado por la volatilidad internacional del precio del GLP, dado que el Estado ahora deberá financiar una proporción de un producto cuyo valor interno fluctúa en sintonía con los mercados globales.

El subsidio vigente hasta diciembre, recuerda el informe de EyE, era de $1.786 por garrafa de 10 kilos, un valor que se encontraba congelado desde octubre de 2023, además de que se verificó la discontinuidad de los pagos a los beneficiarios, aún con un costo atrasado tras mas de dos años de inflación.